El juez federal Julián Ercolini habilitó el hábeas corpus preventivo a favor del presidente Javier Milei; su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y un listado de 17 jueces, fiscales y políticos bajo amenaza de detención internacional por parte del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Si bien el magistrado aceptó que hasta el momento Interpol Argentina no está notificada de orden de detención alguna, interpretó que es verdad que existe una «amenaza cierta» de privación de la libertad en base a los anuncios que se hicieron desde ese país, como plantearon el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y el procurador del Tesoro Rodolfo Barra cuando presentaron el pedido.
Lo resuelto por el régimen venezolano sobre los argentinos es una medida «arbitraria e ilegítima» y así lo notificó el juez Julián Ercolini a Interpol porque si bien no se ha concretado ninguna privación de la libertad «sí existe la amenaza cierta de que ello ocurra»
A partir de la firma de la resolución, entró en escena la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque Ercolini la notificó para que analice si el caso es o no de su competencia originaria.
Y al Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Internacionales, Comercio Internacional y Culto, le ordenó activar mecanismos para conseguir una copia de la causa judicial venezolana donde se supone se libraron las órdenes de detención internacional.
A nivel judicial, dispuso relevar en todas las Cámaras Federales del país si hay algún ingreso de pedido de captura internacional vía Interpol o Cancillería de alguno de los nombrados por el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, en una conferencia de prensa que el juzgado chequeó en la plataforma YouTube del Ministerio Público Fiscal de ese país.
Por qué Venezuela quiere capturas
Los pedidos se vincularían al rol que Milei, sus funcionarios, jueces, fiscales y políticos podrían haber tenido en la marcha de dos causas penales que son exclusivo resorte de la Justicia argentina: una vinculada al avión venezolano Emtrasur en el partido bonaerense de Lomas de Zamora y la otra a una denuncia por violaciones a los derechos humanos atribuídas al régimen de Maduro y que Argentina investiga en base al principio de justicia universal.
En esta última, la Cámara Federal porteña ordenó al juez Sebastián Ramos reclamar las capturas internacionales de Maduro, su segundo Diosdado Cabello y un listado de agentes venezolanos.
A quiénes acusa el régimen venezolano
Los argentinos apuntados por Maduro son:
– El presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei
– El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, los jueces de la Cámara Federal de La Plata Carlos Vallefin y Roberto Lemos Arias, la fiscal Cecilia Incardona y el fiscal Diego Iglesias, por la causa avión de Emtrasur decomisado.
– Los integrantes de la Cámara Federal porteña Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens; los fiscales federales Carlos Stornelli y José Luis Agüero Iturbe. En este caso por la investigación en Comodoro Py al régimen chavista por violaciones a los derechos humanos.
– También a funcionarios públicos del Poder Legislativo Nacional, Ricardo López Murphy y Gerardo Milman; funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Waldo Wolff y Yamil Santoro; y por último, María Eugenia Talerico, Franco Rinaldi y Leonardo Camicher.
