Una de las primeras investigaciones abiertas por corrupción en el kirchnerismo y de mayor impacto mediático, la llamada “ruta del dinero”, depara todavía polémica en los tribunales federales de Retiro. Hay condenas confirmadas, entre ellas la del empresario constructor Lázaro Báez, pero la incertidumbre gira en torno a si la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo o no participación en las maniobras de lavado de activos en este caso puntual.
Con otros frentes judiciales abiertos y preocupantes para la ex Vicepresidente, ahora el fiscal federal Guillermo Marijuán volvió a sostener que debe ser desvinculada de la “ruta del dinero”.
El motivo: no habría pruebas que la asocien a las maniobras de lavado de activos por 55 millones de dólares por las que sí está condenado el empresario y dueño de “Austral Construcciones” Lázaro Báez.
Marijuán defendió así la validez de su dictamen al respecto, firmado en mayo de 2023 y cuya nulidad reclama ahora una asociación civil aceptada como querellante por la Cámara Federal recién el año pasado, cuando la ex Presidenta ya estaba sobreseída. Este sobreseimiento fue revocado por la misma Cámara, a instancias de esa nueva querella.
“Oportunamente ha sido analizada de manera detallada la situación procesal de Cristina Elizabet Fernández con las distintas pruebas existentes en el expediente que, inexorablemente, me han llevado a la conclusión y a la petición de sobreseimiento formulada que mantengo en todos sus términos”, advirtió el fiscal al contestar la vista sobre el tema que le dio el juez federal Sebastián Casanello.
Marijuán ratificó que Cristina debe ser sobreseída por falta de pruebas y cuestionó la aceptación de una asociación civil “Bases” como querellante resuelta por la Cámara Federal además de otras inconsistencias que a su juicio se cometieron. Ahora le toca resolver al juez sobre el planteo de nulidad de su dictamen.
Otras causas penales
“No debe perderse de vista, y lo recalco, a riesgo de ser redundante, que las causas Hotesur-Los Sauces, Vialidad y Cuadernos pueden tener como coautores a Lázaro Báez y a Cristina Elizabet Fernández, como a otras personas allegadas o no a este proceso, pero el delito de lavado de dinero es un delito independiente que pudo haber sido llevado a cabo por Lázaro Báez, por sí solo, ya sea con dinero de un tercero o con el propio que le correspondió en su ‘ganancia’ en otras operaciones en las que fue condenado, sin que ello permita avanzar con sus consortes de causa del o los delitos precedentes”, advirtió Marijuán.
El fiscal respondió así a críticas de la Cámara Federal porteña, en cuanto a que al postular el sobreseimiento no evaluó pruebas de otras causas penales en las que la ex Presidenta está procesada y enviada a juicio oral.
En el caso Vialidad, de hecho, ya está condenada a seis años de prisión y el 13 de noviembre la Cámara Federal de Casación informará si ratifica o modifica esa pena.
En cuanto a la relación Cristina-Báez, Marijuán reafirmó que “existen probanzas, reitero, que refuerzan ese vínculo pero que no la ubican a la imputada Fernández en ningún tramo del iter criminis del delito de lavado de dinero que se investiga en estas actuaciones para poder procesarla o someterla a juicio como parece pretender la querella”.
La nueva querella
El juez Sebastián Casanello tiene que resolver ahora sobre el planteo de nulidad del primer dictamen de Marijuán, cuando postuló el sobreseimiento de la ex Presidenta, que ante ello fue resuelto y luego revocado por la Cámara Federal.
El juez había rechazado “in limine” este planteo de la nueva querella del caso pero sus superiores le ordenaron evaluar de nuevo la cuestión, por lo cual dio vista a la fiscalía
El Tribunal de Apelaciones por dos votos a favor -Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi- y uno en contra, Eduardo Farah, revocó primero el sobreseimiento y luego el rechazo “in limine” de la nulidad del dictamen fiscal de mayo de 2023 que lo postuló. En 2019 se había confirmado una falta de mérito a Cristina, cuando era Senadora.
“Advierto que la Cámara Federal, ni en aquella oportunidad -confirmación de la falta de mérito- ni en estas últimas resoluciones -revocación del sobreseimiento y revocación del rechazo in limine de la nulidad , indica que haya mérito para disponer su procesamiento”, cuestionó ahora Marijuán. Y rechazó “de plano y de manera contundente” el planteo de nulidad.
Inseguridad jurídica
“Tanto el planteo de la nulidad, como la puesta en crisis de la resolución oportunamente dictada por V.S. dando acogida favorable al dictamen antes aludido, es instada por ‘Bases Asociación Civil’, sin que hasta el día de la fecha se pueda entender cuál es el fundamento para aceptarlos como parte en este proceso, y de esta manera generar una insólita e inédita inseguridad jurídica para las partes, ya que esa puerta que se abre podría multiplicarse sin límite por todas las personas que deseen participar de un proceso penal con la sola invocación de un ‘agravio general e indirecto’”, advirtió.
Y cuestionó aún más: “Aquí pareciera que la novel querella pretende que se aplique la mayor sanción procesal respecto del dictamen de esta parte mediante una presentación carente de basamento fáctico, probatorio y dogmático, en cuanto a la posible afectación de garantías constitucionales”.
Oportunismo
También tildó de “oportunista” a esta querella que “durante años no participó del proceso, no tuvo copias del expediente, ni se conoce de dónde se nutre de información, con un claro sesgo político viene a peticionar, a modo de oportunas apariciones, distintos planteos que solo pretende para un aprovechamiento político por la trascendencia pública del suceso”.
“Entran por una ventana procesalmente inexistente, ponen en crisis una resolución dictada por V.S. y, varios meses después y sin ninguna otra intervención eficaz para el avance de esta investigación, creen recordar que ahora puede haber una nulidad. Vuelvo a preguntarme, entonces, como parte de este proceso y representante de la vindicta pública, si no será que lo nulo y de nulidad absoluta es todo lo que se le permite hacer a este pseudo querellante”, concluyó.
Cómo sigue
El próximo paso será que Casanello resuelva si declara o no la nulidad del dictamen fiscal de mayo de 2023 que postuló el sobreseimiento de la ex Presidenta.
Si lo valida, casi con seguridad la nueva querella irá otra vez a la Cámara Federal para cuestionarlo y caso contrario, podría seguir ese camino la defensa.
En la causa por lavado de activos hubo un juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 4 que terminó con condenas el 25 de febrero de 2021. Ese veredicto ya fue revisado por la Cámara Federal de Casación que modificó algunos montos de penas, absolvió a dos hijas de Báez, pero confirmó lo esencial de la acusación de lavado.
La ex Presidenta fue citada a declaración indagatoria por orden de la Cámara Federal, se dictó su falta de mérito en 2019 -confirmada en esa instancia- y luego se la sobreseyó. Pero esta última decisión fue revocada y por el momento sigue imputada.
