Los activos decomisados de la criminalidad organizada que tiene hoy la justicia argentina se calculan valuados en al menos 700.000 millones de pesos.
Se trata de bienes que en su gran mayoría, se deterioran y pierden valor económico y simbólico.
La advertencia parte de organizaciones de la sociedad civil que en una presentación en el Salón Blanco del Congreso Nacional pusieron a disposición del Estado Nacional y provincias una plataforma que busca monitorear los bienes recuperados del crimen organizado y otros delitos
El acto formal tuvo lugar el pasado jueves 31 de octubre con la participación de las y los diputados Ramiro Gutiérrez, Margarita Stolbizer, Fernando Iglesias, Mónica Litza, Esteban Paulón y el senador Bartolomé Abdala.
También estuvieron presentes diplomáticos e integrantes del poder judicial y de la sociedad civil que acompañan el proyecto de ley para decomisar y administrar estos activos, impulsado por Bien Restituido.
Lo importante
Argentina no cuenta con un registro unificado de todos los bienes que han sido decomisados y cautelados con los datos sobre su origen y localización, su estado y costos de mantenimiento y destino.
Es por eso que ni el propio Estado ni la ciudadanía conocen lo que sucede con dichos bienes, provocando la pérdida de recursos y de oportunidades para la reparación de las víctimas del crimen organizado y de otros delitos.
Frente a este escenario, el Proyecto Bien Restituido y Democracia en Red desarrollaron esta plataforma, pensada como una herramienta para que las instituciones del Estado responsables de la política pública en materia de administración de bienes, puedan llevar adelante un adecuado control sobre su estado y garantizar así su transparencia.
Cómo sigue
La plataforma cuenta con una sección de administración, en donde cada institución u organismo podrá cargar información sobre los distintos bienes, incluyendo su localización, la causa judicial en la que fue cautelado o decomisado (juzgado y fiscalía responsable), características del bien (incluye la posibilidad de cargar fotos y datos específicos según el tipo de bien), y su destino (subasta o reutilización), entre otros datos.
La parte pública de la plataforma pondrá a disposición información para que la ciudadanía pueda acceder a los datos, participar en la política pública de administración y reutilización de los bienes y llevar adelante un adecuado control de la gestión de los bienes.
Contexto
Lucas Manjon, coordinador del Proyecto Bien Restituido, explicó que “en el proyecto de Ley Bien Restituido trabajaron más de 60 organizaciones y hoy cuenta con el apoyo de la mayoría de los bloques”.
“Hoy estamos presentando esta plataforma de código abierto que siempre fue un desafío y una cuestión necesaria para registrar y transparentar los bienes decomisados que tiene el Estado en su poder, que se estima equivalen al 0.4 % del PBI y que actualmente dependen del azar”.
Argentina es -después de Italia- el primer país que intenta tener una ley para administrar los bienes decomisados al crimen organizado y ha logrado llevarla al Parlamento.
“Les pedimos a quienes estamos hoy acá que sigamos haciendo el intento de impulsar esta ley. El estado está recuperando bienes pero si no se pueden usar, no tiene sentido. Es una ley que trabajó el poder judicial, la sociedad civil, y también diputados y diputadas. Es una ley necesaria”, agregó.
El proyecto de ley
De aprobarse el proyecto, Argentina se convertiría en el segundo caso del mundo y en el
primero de Latinoamérica.
¿Qué propone el proyecto de ley?
● Aprovechar los recursos materiales recuperados al crimen organizado.
● Transparentar la cantidad y la gestión de los activos recuperados al crimen
organizado.
● Desarrollar programas estatales o gestionados por organizaciones sociales con los
recursos recuperados.
● Garantizar el cuidado de los bienes para preservar su valor, tanto para el Estado
como para las personas involucradas en los procesos judiciales.
● Poner a cargo de una agencia autosustentada y especializada la gestión y
administración de estos activos.
Con estas propuestas, el proyecto abre la discusión sobre la necesidad de establecer un
nuevo sistema de administración y disposición racional, efectivo y transparente.
Permite pensar un proceso más eficiente de gestión de esos bienes, generando herramientas adecuadas para la lucha contra el crimen organizado y permitiendo que lo que se le quitó a la comunidad pueda volver a ella, explican los organizadores de la presentación.
