Sólo tres grupos empresarios principales percibieron al menos el 87 por ciento de las comisiones que liquidó “Nación Seguros SA” durante el gobierno de Alberto Fernández y ahora aparecen cuestionados por la justicia.
Sobre éste y otros pilares se ha basado la acusación del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Carlos Rívolo no sólo al ex Presidente sino también a otros 38 ex funcionarios, brokers y empresarios que desfilarán en declaración indagatoria por los tribunales federales de Retiro del 20 de noviembre al 18 de diciembre próximos.
Lo importante
Héctor Martínez Sosa, Pablo Torres García y Oscar Castello son tres brokers convocados a declarar y defenderse en la causa por el supuesto direccionamiento en la intermediación de contratación de seguros para organismos públicos.
El ex presidente está citado para el miércoles 20 de noviembre, un día más tarde -el 21 a las 10- será el turno de Héctor Horacio Martínez Sosa y el mismo día a las 12, el de su esposa, María Cantero, la ex secretaria privada de Fernández.
Para principios de diciembre, el miércoles 4 de ese mes, comparecerán Pablo Torres García y Oscar Castello.
Forman parte del extenso listado de citados pero en sus casos, según la acusación, “Nación Seguros SA” habría concentrado más del 87 por ciento de las comisiones liquidadas por intermediaciones, bajo investigación de presunto direccionamiento indebido.
“Se repartieron entre sólo tres grupos empresarios principales” ese porcentaje, advierte la imputación judicial.
En uno de los casos, por ejemplo, hay una aseguradora “San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros SA” cuya sede ni siquiera pudo ser hallada por los investigadores. Se sospecha que podría haber sido usada como pantalla por el imputado Torres García para acceder a más contrataciones.
La entidad de la firma “no se correspondería” con el volumen de negocio y su presidente, Brian Kelly -también convocado a indagatoria- desconocía la ubicación de las oficinas y entregó documentación “en forma irregular”
Una situación similar se daría con “Bachellier SA”, que “podría haber sido utilizada como fachada por Martínez Sosa, dado que la entidad de la firma y su sede no se corresponderían con el volumen de sus negocio”, advierte la imputación.
Contexto
La acusación resume que “los principales apuntados, además de concentrar bajo su órbita la gran mayoría de los contratos de seguros, también habrían actuado bajo el nombre de otras compañías que no contaban con el respaldo, trayectoria o solidez en el mercado de seguros, para la cartera u organismo que le era asignado”
Al ex presidente y a Martínez Sosa los uniría “una íntima y añeja amistad”. Más allá de que la esposa de este último fue desde siempre la secretaria privada del primero.
Habría obsequios, préstamos -como dinero, joyas y uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes-.
En cuanto al broker Castello, se advirtieron aportes económicos para la campaña presidencial desde su firma “Castello Mercuri SA”.
Tanto Torres García, como Martínez Sosa y Castello “habrían ejercido su influencia sobre Alberto Carlos Pagliano (presidente de “Nación Seguros SA”) en los negocios de la aseguradora.
Pagliano está convocado a indagatoria el jueves 28 de noviembre.
Cuáles fueron los organismos públicos que contrataron
En total, hay 26 organismos públicos que figuran como contratistas a través de la intermediación cuestionada, entre ellos Gendarmería Nacional Argentina: Anses Ministerio de Seguridad de la Nación: Corredores Viales S.A.: ARSAT: Policía de Seguridad Aeroportuaria, Vialidad, Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, Casa de Moneda, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y Cancillería.
