Asumió la conducción de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial (AMFJN) en diciembre del año pasado y el cambio de gobierno no le dio respiro. Uno de sus principales objetivos es comunicar el trabajo que realiza el Poder Judicial y ser un interlocutor fuerte a la hora de dialogar con otros poderes sobre los temas judiciales. El juez Andrés Basso le explicó a Quórum por qué es importante fortalecer la AMFJN y cuáles son las prioridades para mejorar la justicia argentina.
¿Qué es la justicia para vos?
Esa pregunta se podría abordar desde varios planos, filosófico, ético o jurídico. La justicia es un valor, a la vez que un ideal democrático que orienta todas nuestras acciones, en todos los órdenes, hacia el bien común. Para darle un contenido concreto, puedo remitirme al derecho romano, donde quizás se ensayó una de las definiciones más conocidas de justicia que sostenía que es dar a cada uno lo suyo. Viniendo más acá en el tiempo, y enmarcándola en mi tarea como juez, entiendo que la justicia es el principio que debe guiar al poder judicial, ya que en nuestro sistema republicano de gobierno, el poder judicial es el encargado de impartirla. Es un servicio esencial que se debe garantizar a la ciudadanía, se trata de ser árbitros imparciales, de administrar y resolver conflictos, teniendo siempre como parámetro los preceptos contenidos en la Constitución Nacional.
Sos juez subrogante en La Plata, juez titular en Comodoro Py del Tribunal Oral Federal N° 3 y ahora presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial (AMFJN). ¿Cómo hacés con todo?
Efectivamente, además de mi cargo titular, estoy subrogando desde hace unos años en el Tribunal Federal N° 1 de La Plata, que tiene una carga de trabajo altísima porque está sin jueces titulares desde hace más de diez años, con todo lo que eso significa. Ahora se suma este inmenso honor institucional de presidir la AMFJN, lo que implica una gran responsabilidad y también una recarga en mi agenda laboral, sin olvidar mi continua actividad docente en la universidad pública y privada. Creo que la clave está en la organización y en tratar de optimizar lo mejor posible los tiempos. En ese aspecto tengo una ventaja, y es la experiencia que he recabado a lo largo de mi carrera judicial, en donde siempre me he desempeñado en lugares de trabajo con gran exigencia y carga laboral. Empecé mi carrera en la justicia federal de La Plata y luego me desempeñé muchísimos años como funcionario en un juzgado federal de Lomas de Zamora. Siempre digo que esa jurisdicción es una de las más complejas a nivel nacional por las complejidades puntuales que tiene, no sólo por su densidad poblacional y particularidades territoriales, sino también porque la jurisdicción abarca el aeropuerto Internacional de Ezeiza y las cárceles federales más grande del país. Y luego, al acceder a la magistratura, fui designado juez de cámara en un tribunal oral federal en Comodoro Py, por eso le decía que siempre me he desempeñado en ámbitos con mucha demanda de trabajo. A eso se suma que desde que asumí como presidente de la asociación se han suscitado cuestiones que marcaron la agenda de la entidad, y que exigieron un abordaje inmediato, como lo fue, entre otras, el proyecto del poder ejecutivo de traspaso de la justicia nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, presentado a fines del año pasado, y que obligó a un urgente diálogo institucional para explicar y exponer los impedimentos normativos y las inconveniencias prácticas de tal proyecto.
¿Cuáles son los impedimentos?
Existen valladares de índole constitucional y legal. En la reforma constitucional de 1994 los constituyentes otorgaron a la Ciudad de Buenos Aires un estatus especial, con un sistema de gobierno autónomo, pero claramente diferenciado del régimen establecido para las provincias. La misma norma constitucional estipuló que a través de una ley del Congreso Nacional se delimitaría las funciones de la Ciudad y la protección de los intereses del Gobierno nacional. En efecto, esa ley posterior determinó con precisión que la Justicia Nacional debe permanecer bajo la órbita del Poder Judicial de la Nación, mientras que la Ciudad tendrá facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y contenciosas locales. Por otra parte, y no resulta un dato menor, los intentos de traspaso impulsados por los poderes políticos en modo alguno obedecen a una demanda ciudadana, ya que su instrumentación sólo conllevaría perjuicios al servicio de administración de justicia, con una ostensible extensión de los procesos, ante la incorporación de nuevas instancias judiciales, todo ello en claro desmedro de los justiciables. Además los distintos fueros de la justicia nacional tienen una consideración y reconocimiento histórico, y funcionan bien, sin perjuicio de los insuficientes recursos materiales y tecnológicos con que cuentan.
¿Cómo fue hablar con cada uno de los bloques? ¿Sentiste esta grieta que está en el aire o pudiste llegar a consensos?
Realmente he tenido ocasión de conversar con referentes de diferentes espacios políticos y he tenido una correcta y muy respetuosa recepción con un intercambio constructivo. Mi objetivo es cumplir cabalmente con el mandato de representación que ejerzo. En otras palabras, es defender los intereses de todas y todos los asociados y en tal cometido siempre encontrarán en mí una persona abierta al diálogo y a la búsqueda de consensos, esto es algo que siempre he sostenido. Y en el diálogo con los otros poderes del Estado, desde la Asociación siempre bregaremos para acercar propuestas que contribuyan a mejorar el servicio de administración de justicia.
Vos hablabas de que la Justicia Nacional funciona bien. Sin embargo, la ciudadanía tiende a hablar de una mala imagen de la justicia en general. ¿Qué opinas de eso?
Sí, tengo que darle la razón. Nosotros tenemos lamentablemente una imagen negativa en la opinión pública, pero quiero ser contundente en esta temática, porque también es uno de los objetivos de mi gestión. Estoy convencido que el Poder Judicial y los ministerios Públicos son por lejos los poderes que mejor funcionan en nuestro Estado de Derecho. Al mismo tiempo es verdad que tienen una mala imagen en la ciudadanía y ahí es donde advierto que tenemos un gran déficit comunicacional. Por eso uno de mis objetivos es ponerme al hombro esa función de comunicar todo lo que hacemos de modo cotidiano y silencioso. La inmensa mayoría de los integrantes del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos somos gente honrada, muy dedicada y comprometida con nuestra función, con vocación judicial. Lo que pasa es que ese juez, ese fiscal, ese defensor, ese funcionario, no son noticia. Entiendo la lógica periodística, la noticia es el mal juez o algún caso de corrupción, que como toda institución con más de 20.000 integrantes por supuesto que los hay, y somos nosotros los primeros interesados en generar las investigaciones pertinentes, en este caso a través del Consejo de la Magistratura. Todo lo que llega a la ciudadanía es el ejemplo de lo que funciona mal en el Poder Judicial. Tenemos que tratar de buscar la manera para ir cambiando paulatinamente esa imagen, es algo que va a llevar mucho tiempo. La solución es tratar de visibilizar al buen juez, al buen fiscal, buen defensor y buen funcionario, que es la inmensa mayoría. Yo tengo ese objetivo.
¿Y cómo se puede mejorar la comunicación?
Una de las maneras es que la ciudadanía tenga más contacto con lo que hacemos nosotros. También usar un lenguaje más claro, accesible. La publicidad en los juicios orales y públicos que nosotros llevamos adelante es fundamental, porque muchas veces ahí la ciudadanía puede de primera mano, sin intermediarios, ver como funciona el sistema. Antes los jueces hablaban solo por sus sentencias, pero en la actualidad y con la revolución producida en los medios de comunicaciones, los jueces estamos más visibles, con lo que ese paradigma ya no puede mantenerse, o al menos debe readecuarse. Nosotros igualmente tenemos ahí una limitación, porque como jueces no estamos para polemizar con los otros poderes del Estado. Muchas veces recibimos críticas, a veces injustas y malintencionadas, y ante esa situación tenemos ciertas limitaciones, justamente por la función que desempeñamos. Otra manera de mejorar la comunicación es incrementando la celebración de audiencias públicas que, por caso, realiza la Corte Suprema de Justicia sobre temas judiciales relevantes o de trascendencia institucional. Sin perjuicio de lo que vengo sosteniendo, y del compromiso de la gran mayoría de los que integramos el poder judicial y los ministerios públicos, ello no significa desconocer que en lo relativo al funcionamiento en general del servicio de administración de justicia, hay mucho por mejorar y nosotros somos los más interesados en que ello suceda. Por ejemplo, una de las mayores demandas de la ciudadanía son las demoras o excesivas trabas burocráticas, y en ese sentido es esencial dotar de mayor celeridad y eficiencia a los distintos procedimientos, para de esa manera lograr que el acceso a la justicia sea real y no sólo declamado. Es importante destacar, no obstante, que la percepción sobre el funcionamiento del servicio de justicia cambia radicalmente cuando el ciudadano ha debido acudir efectivamente a los tribunales en busca de la protección de algún derecho que le ha sido afectado, como ocurre en los casos de amparos por salud, o por una cuestión previsional o laboral. Eso es un claro indicador de que la imagen que se difunde en los medios por lo general está bastante distorsionada y es formada casi con exclusividad por los casos negativos de la función judicial.
¿Cuáles son otros objetivos que tenés en la función de presidente de la asociación?
La Asociación de Magistrados es un actor central en el diálogo con los otros poderes en todos los proyectos que tienen por objeto el mejoramiento del servicio de administración de justicia y yo aspiro a potenciar esa intervención. La Asociación puede dar una opinión muy valiosa en todo lo atinente al régimen de concursos para acceder a la magistratura, al problema estructural de las vacantes que se evidencia en todo el país, la problemática de infraestructura que aqueja a numerosas sedes judiciales, la implementación del nuevo código procesal penal federal, entre otras cuestiones. Todos estos temas son una preocupación central y desde nuestro lugar asociativo, podemos acercar múltiples propuestas a los otros poderes para su abordaje. Somos la organización más importante de jueces, fiscales, defensores y funcionarios a nivel nacional, y ese peso institucional lo tenemos que hacer valer. Por otra parte, también quiero que todos los asociados y asociadas sientan a la entidad como su lugar de pertenencia. Me interesa transmitir la importancia y relevancia del trabajo asociativo, todo lo que se piensa y se ejecuta en conjunto y en procura de un objetivo común siempre es una respuesta superadora a cualquier situación. Pueden venir a trabajar, a plantear sus inquietudes, a defender sus derechos corporativos, como así también a capacitarse, a publicar sus investigaciones. Voy a continuar y profundizar la labor que se ha venido desarrollando desde las últimas gestiones en lo referente a la oferta de capacitación, estamos avanzando en convenios con distintas universidades muy reconocidas, del país y del exterior. Estamos ampliando nuestra oferta en diplomaturas. Esta es una meta central que tengo porque yo creo que es importantísima la capacitación permanente de todos los que integramos el Poder Judicial y los ministerios públicos. Y además es una herramienta fundamental para quienes deseen avanzar en la carrera judicial. También me encuentro abocado a resolver junto con el equipo que me acompaña en la gestión un problema que afecta a un universo cada vez mayor de nuestros asociados, y es la distorsión salarial generada por el mecanismo vigente para la aplicación del impuesto a las ganancias, estamos trabajando activamente con las autoridades competentes para una reglamentación que sea equitativa y respete los principios rectores de la carrera judicial.
Con el nuevo ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ¿tenés vínculo, están alineados en los objetivos?
En el marco de la representación institucional que cada uno ejerce se ha generado una etapa de diálogo con las actuales autoridades del Ministerio de Justicia que es muy promisoria y que nosotros celebramos. Creemos que es imposible lograr resultados y mejoras en el servicio de administración de justicia si no tenemos un diálogo institucional continuo y constructivo. El ministro al asumir la función ha visitado la Asociación. Formamos parte de la Comisión de Interpoderes para la aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal. Nos convocan permanentemente y estamos siempre predispuestos a colaborar y aportar toda nuestra expertiz para el mejoramiento del sistema. En este punto, nuestro compromiso como Institución es, cualquiera sea el sector político que ejerza el Poder Ejecutivo Nacional, velar para que se respete la independencia del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos en el sistema de división de poderes que nos rige.
¿Hay independencia judicial?
Sí, definitivamente creo que hay independencia judicial y tal como señalé en una de las preguntas anteriores, trabajo día a día para visibilizar la enorme labor honesta y comprometida que la mayoría de los integrantes del poder judicial y de los ministerios públicos, en los distintos roles y estamentos, llevamos adelante. Esto no me impide negar que hay situaciones que, como indiqué, son las que adquieren notoriedad y empañan la labor de la gran mayoría. Situaciones que deben ser investigadas por el bien de todos. Por otra parte, yo tengo un concepto de independencia muy amplio: para mí el juez tiene que ser independiente no solamente de los poderes políticos, eso va de suyo, también debe serlo de los otros grupos de poder que existen en toda sociedad. Me refiero a los grupos económicos, mediáticos, organizaciones de la sociedad civil, etc. Siempre digo que debe ser independiente hasta de sus propias ideas. Porque todos tenemos nuestros valores, ideas y pensamientos que forman parte de nuestra personalidad, pero al momento de resolver también debemos ser independientes de todo eso por supuesto. Siempre recuerdo una frase de la recordada Carmen Argibay que decía “no es un cargo para hacer amigos, es un cargo ingrato”. Para mí es un honor ejercer la magistratura, porque la República pone a nuestro cargo la responsabilidad de resolver sobre los bienes más importantes para la ciudadanía, que son la libertad, el patrimonio y el honor. Es una función muy delicada la que tenemos y por eso la Constitución nos dota de determinadas garantías para que la podamos llevar adelante de manera independiente y sin injerencias ni presiones externas. La importancia de esta cuestión es algo que siempre intento transmitir a mis alumnos en la facultad.
Y hablando de Carmen Argibay. ¿Qué opinas de los dos candidatos propuestos para la Corte Suprema?
Hemos tenido un pronunciamiento institucional al respecto, puntualmente sobre la cuestión de género. Tengo un compromiso personal como presidente, y es algo que remarco desde que asumí la presidencia. En toda la estructura judicial hay un problema crónico que son las vacantes de alrededor de un 30%, teniendo en cuenta ministerios públicos y los distintos fueros del Poder Judicial de la Nación. Esto genera que el sistema no pueda funcionar de la mejor manera y la situación se agrava aún más cuando vemos la disparidad que hay en cuanto al género para la cobertura de las vacantes. Está legislado en un decreto del Poder Ejecutivo y en la reforma de 1994 que se debe considerar la cuestión de género en la designación de candidatos. Aunque la facultad constitucional permite al Poder Ejecutivo proponerlos, sería oportuno que se incluyera, al menos, una mujer, especialmente considerando que una de las vacantes es la de Elena Highton de Nolasco. Conozco a ambos candidatos y tengo una buena relación con ellos, y además siempre es importante que haya jueces que provengan del propio poder judicial. Como Asociación, y tal como lo expusimos oportunamente, consideramos que es crucial que la representación de género esté presente en la cobertura de cargos, especialmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La desigualdad de género en la cobertura de vacantes se intensifica a medida que se asciende en la jerarquía judicial. No es un hecho casual, sino una tendencia preocupante. Recientemente pude ver un informe de la Cepal sobre el Poder judicial y el porcentaje de mujeres ministras en los máximos tribunales de justicia o cortes supremas para América latina, el Caribe y Península ibérica; y de allí surge que en América Latina, la proporción de mujeres ministras en el máximo tribunal de justicia o corte suprema es de un 30,4%, con datos a diciembre del año 2021. Y tristemente nuestro país, encabeza el primer lugar como país sin mujeres en su máximo tribunal, situación que hay que revertir.
¿Cómo ves la implementación del sistema acusatorio? ¿Crees que se puede avanzar rápidamente?
Sobre este tema, tan relevante, también nos expresamos como Asociación de Magistrados. El nuevo código procesal penal federal, que instaura el sistema acusatorio, se sancionó hace diez años y solamente se aplicaba en dos jurisdicciones federales del país. La nueva normativa procesal implica un cambio de paradigma muy importante, reformula las funciones de todos los actores en el proceso penal, a la vez que crea nuevos cargos e institutos novedosos como las oficinas judiciales, de modo que es imposible implementarlo sin responder adecuadamente a todas las necesidades que se requieren. Esta postura fue la que mantuvimos y transmitimos cuando se dispuso originalmente la entrada en vigencia del Código en la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario, por lo que consideramos que fue una buena decisión diferirlo hasta el 6 de mayo. Es una reforma que se impone desde el punto de vista procesal. Los códigos modernos consolidan cada vez más este modelo, que se presenta como el más apto para afrontar la problemática penal, dando centralidad al rol del Ministerio Publico Fiscal. Estamos comprometidos con el sistema acusatorio, haremos todas las contribuciones que estén a nuestro alcance, pero necesitamos ser prudentes y advertir que una puesta en funcionamiento sin los recaudos que indiqué puede comprometer el éxito de la implementación y lo peor que nos puede pasar como servidores públicos es que la reforma fracase. Creo que el Gobierno ha tomado debida nota.
¿Cómo ven desde la asociación la situación que se vive en Rosario?
Muy preocupados. Estamos en permanente contacto y hay un firme apoyo institucional con todos los colegas de la jurisdicción. Sabemos del esfuerzo que se lleva adelante para afrontar esta crítica situación y hemos puesto toda nuestra disposición para colaborar en lo que sea posible, sin dejar de requerir que se adopten todos los recaudos para garantizar a los jueces, fiscales, defensores y funcionarios que allí trabajan, las mejores condiciones de seguridad posible para el desarrollo de sus tareas. Conozco bien todo lo relativo al crimen organizado por mi competencia jurisdiccional. Puedo asegurar que es un problema que si no se atiende a tiempo va penetrando en las instituciones del sistema y socavando las bases mismas de la organización democrática. Hace unos años, cuando empecé a abocarme a esta temática, también desde lo académico, y analizando la situación en toda la región, sostenía que “todavía estábamos a tiempo”. Pero la realidad muestra que no se tomaron decisiones firmes de política criminal y ahora no sólo nos encontramos con la situación de Rosario, sino que también se replica en otros lugares, sobre todo en las zonas de frontera, donde la problemática es muy grave. Todavía no ocurre lo que pasa en otros países de la región pero la situación es preocupante. Necesitamos políticas públicas permanentes, a mediano y largo plazo y desterrar las soluciones efectistas. Para ello se necesita el compromiso de todos los poderes del estado.
Tuviste y tenés causas resonantes. ¿Cómo se hace para afrontar ese tipo de juicios?
Claramente me ha tocado intervenir en causas de suma relevancia institucional, tanto por las personas sometidas a proceso como por la entidad de los hechos que conformaban los objetos procesales, pero lo cierto es que mi desempeño como juez no ha resultado diferente al que tengo en cualquier otro expediente en que he tenido que participar como magistrado. Obviamente no se tratan de causas comunes, hay otro tipo de exposición y existen ciertas presiones, pero uno debe estar preparado. En el fuero en que me desempeño resulta habitual juzgar hechos de criminalidad compleja, tales como casos de corrupción pública y privada, narcotráfico, trata de personas, casos de lesa humanidad, y es ahí donde uno debe tener el aplomo y el compromiso para sobrellevar situaciones difíciles que lamentablemente se han sucedido y que son de público conocimiento, a tal punto que se encuentran actualmente en investigación, tales como los hechos acaecidos en el Consejo de la Magistratura de la Nación, donde se accedió ilegalmente a las oficinas donde se resguardaban nuestras declaraciones juradas, o los casos de intrusión ilegal de nuestros teléfonos celulares.
¿Cómo fue tu experiencia en la causa vialidad?
Fue un debate oral extenso y complejo, de una inusitada relevancia institucional. Luego de la producción probatoria realizada en el juicio, hemos arribado a las conclusiones que están claramente volcadas en los fundamentos de la sentencia. Tanto en el voto unánime del tribunal, como en el voto en minoría que efectué. Creo que lo más importante es que las instituciones funcionaron y el juicio pudo realizarse en tiempo y forma, respetando los plazos establecidos en la normativa procesal. La Constitución dota a los magistrados de especiales garantías para que podamos ejercer nuestro rol y podamos actuar sin injerencias ni interferencias, luego el juez debe estar a la altura de su cargo.
¿Por qué te excusaste en la casa Memorándum?
En realidad fui recusado por algunas de las partes. Yo llevé adelante el segundo juicio oral de la causa AMIA por el atentado sufrido en nuestro país, donde se investigaba la denominada conexión local y en el que estaba imputado Telleldin. Las partes consideraron que mi intervención primigenia en aquel juicio, en el cual se absolvió a Telleldin, de alguna manera ya comprometía mi imparcialidad para esta causa en particular por la que usted me pregunta. Aún la incidencia no está resuelta, por lo que no puedo decir mucho más al respecto.
Y en la causa Oil Combustibles ¿cómo fue tu postura y cómo fue tu experiencia?
Ese juicio oral fue atravesado por la pandemia, lo que nos obligó a adaptar la modalidad del debate en el medio del proceso. Las decisiones finales, volcadas en los votos que conforman la sentencia, reflejan las conclusiones arribadas por cada magistrado. Existió un voto unánime de condena para el funcionario público y luego por mayoría se absolvió a los particulares que estaban sometidos a proceso. En este caso, realicé un voto en disidencia de condena también para los empresarios, toda vez que concluí que había existido una actuación sincronizada y una clara convergencia de voluntades con relevancia penal entre el funcionario público y los privados para llevar adelante la defraudación. Resulta muy importante que estos debates orales y públicos, independientemente de las personas que estén imputadas, se lleven a cabo en un plazo razonable y así verificar que las instituciones han podido funcionar correctamente. Para ello es muy oportuno que las causas sean elevadas a la etapa del plenario en un plazo breve, para poder realizar los juicios, con todas las garantías que asegura el contradictorio.
¿Hubo un cambio al respecto?
Ha habido un cambio significativo de los plazos de las instrucciones tramitadas en primera instancia, y su elevación a los tribunales de juicio. Anteriormente, muchas causas se demoraban en la instrucción y no llegaban al plenario. Ahora, en general los procedimientos son más rápidos, desde la instrucción hasta el juicio. Esto permite que los tribunales de juicio realicen debates orales y públicos con un control absoluto de la prueba por parte de las partes involucradas. A su vez esta dinámica posibilita que la ciudadanía pueda observar el sistema en acción y ver su funcionamiento. Este es el camino que debemos seguir recorriendo.
