La justicia investiga un presunto direccionamiento de contratos hacia Nación Seguros S.A., que habría generado comisiones millonarias para Héctor Martínez Sosa, un broker cercano a Alberto Fernández.
El juez federal Julián Ercolini avanza en la investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante la gestión de Alberto Fernández. Este jueves, se presentaron a declarar Héctor Martínez Sosa, broker de seguros, y su pareja, María Cantero, quien se desempeñó como secretaria privada del expresidente. Ambos están imputados por su presunta participación en un esquema que habría beneficiado económicamente a intermediarios cercanos al entorno presidencial.
Un esquema millonario bajo la lupa
La causa investiga si hubo direccionamiento de contratos hacia Nación Seguros S.A., mediante operaciones que habrían permitido a Héctor Martínez Sosa recibir comisiones por un total de $366.635.744. Estas contrataciones, realizadas con 19 organismos públicos, incluyeron entidades como el Ministerio de Obras Públicas, Vialidad Nacional y la Casa de la Moneda.
Martínez Sosa, además de ser broker, mantenía una estrecha relación personal con Alberto Fernández. Según chats incorporados al expediente, María Cantero habría utilizado su posición en la Casa Rosada para favorecer los negocios de su pareja, incluso gestionando comunicaciones directas con el expresidente sobre cuestiones contractuales.
Declaraciones y pruebas
En su declaración, el ex presidente Fernández admitió su amistad con Martínez Sosa, pero negó haber intervenido en los contratos. Sin embargo, la fiscalía presentó pruebas como fotos de ambos en Olivos y registros de regalos costosos, que incluyen relojes y obras de arte. Estos elementos refuerzan las sospechas de una relación que podría haber tenido influencia en decisiones oficiales.
Por su parte, la causa cuenta con 39 imputados y apunta a determinar si existió un mecanismo organizado para desviar fondos públicos mediante contratos amañados. El juez Ercolini deberá decidir en los próximos días los pasos procesales, que podrían incluir procesamientos o sobreseimientos en función de las responsabilidades individuales.
Repercusiones políticas
El caso tiene un impacto que va más allá del ámbito judicial. Las prácticas de contratación durante la administración de Fernández vuelven a estar bajo la lupa, en un contexto donde la transparencia y la lucha contra la corrupción son demandas crecientes de la sociedad. Además, la resolución de esta causa podría influir en la percepción pública sobre la integridad de las instituciones y sus líderes.
