La Corte Suprema de Justicia dispuso que la empresa estatal Tandanor recupere un valioso terreno ubicado en la zona porteña de Puerto Madero valuado en 53 millones de dólares.
Son 8,5 hectáreas que se habían devuelto al Estado nacional decomisados al término de un juicio oral en 2018, pero ahora la Corte Suprema de Justicia entendió que Tandanor, dependiente del Ministerio de Defensa, es la propietaria del predio porque es una persona jurídica distinta.
Y se dispuso que la causa vuelva a la Cámara Federal de Casación para que se dicte una nueva sentencia con estos lineamientos.
Por qué lo resolvió la Corte
Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda dejaron sin efecto la sentencia que se apeló en relación a la restitución del inmueble que se conoce como “Planta I” al Estado nacional porque, evaluaron, pertenece a Tandanor.
Tandanor “es un sujeto de derecho distinto al Estado Nacional. Esto supone que son titulares de derechos diferentes y pueden haber sido víctimas de daños y perjuicios diversos, aún cuando el Estado Nacional tuviera una participación en la sociedad”, argumentó el máximo tribunal del país.
Los jueces resolvieron que Casación analice nuevamente el planteo y dicte una nueva sentencia al respecto. En esa instancia se había declarado inadmisible.
Tandanor: un caso emblemático
La privatización de Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor SA) derivó en uno de los más recordados escándalos judiciales durante el gobierno de Carlos Menen
Se trató de la venta de los valiosos terrenos en una de las zonas más cotizadas de la ciudad de Buenos Aires por una suma que se consideró irrisoria.
En los tribunales federales de Comodoro Py la causa la impulsó el fiscal Carlos Stornelli.
Lo que sigue
Ahora la Cámara Federal de Casación recibirá de nuevo el expediente y tendrá que revisar la cuestión en línea con lo que evaluó la Corte sobre la propiedad de esos terrenos.
Contexto
La venta de los terrenos se remonta a la década del 90 y recién en 2018 hubo un juicio oral por «defraudación por administración fraudulenta»: resultaron condenados un ex funcionario del Ministerio de Defensa, Eduardo Tesoriere y dos empresarios, Alejandro Bofill y Juan Vlastó.
La acusación estuvo a cargo del fiscal ante el Tribunal Oral Diego Luciani, el mismo que muchos años después pediría la condena a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
El Tribunal le dio la razón y también ordenó el decomiso de la Planta I y la restitución inmediata al Estado Nacional, que recuperó el 90 por ciento de las acciones. Se trató del primer gran decomiso en una causa por corrupción en la historia judicial argentina.
En 2020, la Sala IV de Casación integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo confirmó la condena a tres años de prisión en suspenso para los acusados.