Los secretarios Pablo Molina y Federico Grau fueron condenados a cinco y cuatro años, respectivamente, por secundar al juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila en las maniobras para beneficiar a narcotraficantes a cambio de dinero. Casación les añadió el delito de asociación ilícita y ordenó recalcular las condenas; los funcionarios apelaron pero la Corte desestimó los pedidos «por no dirigirse contra una sentencia definitiva».
Carlos Soto Dávila, quien estuvo al frente del Juzgado Federal 1 de Corrientes durante 22 años, renunció en febrero de 2019 en medio de la investigación que lo señaló como líder de una asociación ilícita dedicada a dictar resoluciones, demorar decisiones, otorgar beneficios, informar de medidas procesales a narcotraficantes de la zona a cambio de dinero.
En junio de 2023, el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó al ex juez a seis años de prisión por “cohecho pasivo agravado por su condición de magistrado en tres oportunidades en concurso ideal con tres hechos de prevaricato”, en ese mismo juicio, los secretarios Molina y Grau recibieron penas de cinco y cuatro años de prisión, respectivamente, al ser considerados partícipes del prevaricato y receptores del dinero.
El fallo de Casación y la apelación de los secretarios
A fines de 2024, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revisó el caso y, ante un reclamo de la fiscalía, agravó la calificación legal de los secretarios al sumarle el delito de asociación ilícita. Tras esta resolución, ordenó reenviar el expediente al tribunal correntino que los había condenado para que recalculara y elevara los montos de las penas.
Los secretarios apelaron este agravamiento de sus condenas dispuesto por la Cámara mediante la presentación de un recurso de queja ante la Corte Suprema. Sin embargo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti lo rechazaron argumentando que la decisión, es decir el nuevo cómputo, no constituye una sentencia definitiva o equiparable a tal.
