La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), bajo la dirección del Ministerio de Capital Humano, presentó una denuncia penal contra la ex presidenta Cristina Kirchner. La acusación se centra en la presunta percepción indebida de bonificaciones por “Zona Austral” en sus beneficios previsionales, a pesar de residir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los períodos en cuestión.
Detalles de la denuncia
Según el documento, la denuncia sostiene que Cristina Kirchner habría proporcionado información falsa en documentos oficiales para recibir adicionales por zona austral en dos asignaciones mensuales vitalicias: una derivada de la pensión por viudez del ex presidente Néstor Kirchner y otra por su rol como ex presidenta. La ANSES argumenta que, durante el tiempo en que percibió estos beneficios, la ex mandataria residía en la Ciudad de Buenos Aires y ejercía funciones públicas, primero como senadora por la provincia de Buenos Aires (2017-2019) y luego como vicepresidenta de la Nación (2019-2023).
Contexto y antecedentes
El 17 de noviembre de 2024, tras el anuncio del gobierno de revocar las asignaciones mensuales vitalicias de Fernández de Kirchner, el titular de la ANSES, Mariano de los Heros, explicó que la decisión se basaba en la existencia de una sentencia definitiva que condenaba a la ex Presidenta por delitos contra la administración pública y enriquecimiento ilícito. De los Heros enfatizó que estas asignaciones no eran jubilaciones o pensiones contributivas, sino beneficios graciables otorgados bajo la premisa de honestidad y credibilidad, condiciones que, según él, se perdieron con la condena.
Además, se reveló que Fernández de Kirchner percibía un suplemento por “zona austral” debido a su supuesto domicilio en Río Gallegos, Santa Cruz. Este beneficio, destinado a compensar las condiciones geográficas y económicas desfavorables de quienes residen en la región patagónica, habría incrementado sus ingresos en más de seis millones de pesos mensuales hasta su suspensión.
Implicancias legales y posibles consecuencias
La denuncia presentada por la ANSES acusa a la ex Presidenta de los delitos de estafa, defraudación a la administración pública y falsedad ideológica. El perjuicio patrimonial exacto para el Estado se determinará a través de las investigaciones y pericias correspondientes durante el proceso judicial. De ser hallada culpable, Cristina Kirchner podría enfrentar penas que incluyen prisión y la obligación de restituir los montos percibidos indebidamente.
Reacciones y perspectivas
Esta denuncia se suma a una serie de acciones legales y decisiones administrativas que han afectado a la ex Presidenta en los últimos meses. La revocación de sus asignaciones vitalicias y las acusaciones de corrupción han generado un intenso debate político y social en Argentina. Se espera que el proceso judicial aporte mayor claridad sobre las responsabilidades y consecuencias de estos hechos.