El nuevo presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Mariano Llorens, recibió a Quórum en su despacho de Comodoro Py 2002, donde mantuvo una extensa y reveladora charla. Durante el encuentro, defendió sus fallos judiciales, subrayó la relevancia histórica de la reforma constitucional de 1994 y destacó la necesidad de fortalecer las instituciones del Poder Judicial. Además, respondió indirectamente al Papa Francisco, rechazando la existencia de un «partido judicial» que persiga a los políticos.
Segundo piso de Comodoro Py 2002, en plena feria judicial. Los pasillos se encontraban casi vacíos. La puerta del despacho del juez Mariano Llorens, miembro de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, permanecía abierta de par en par. De esta manera, recibió a Quórum dejando en claro que, como suele decirse, las primeras impresiones son fundamentales.
Tras los saludos protocolares, expresamos nuestro sincero agradecimiento por la oportunidad de conocer un poco más a la persona detrás del cargo, especialmente cuando esa persona sigue lidiando con las repercusiones del fallo emitido por la Sala que integra, mediante el cual se dispuso citar a declaración indagatoria al ex líder de Montoneros, Mario Firmenich, y a otros imputados, al resolver reabrir la investigación sobre el atentado al comedor de la Policía Federal ocurrido en julio de 1976, en el que perdieron la vida 23 personas y más de 100 resultaron heridas.
Quienes conocen a Llorens saben que este tema lo atraviesa profundamente. Su historia familiar está estrechamente vinculada al peronismo, y su padre, quien falleció cuando él tenía solo nueve años, bien podría haber sido una víctima más de la desaparición forzada. Sin embargo, al hacerse cargo del caso, quedó claro que esta historia personal no prevaleció a la hora de tomar una decisión imparcial.
Consultado al respecto, el juez Llorens afirmó: “Lo que me interesó del caso es que, en este periodo de transición democrática -que aún no ha concluido por completo-, es fundamental rescatar algunos principios y valores que surgieron entre 1983 y 1986. En esa época, figuras destacadas como Jaime Malamud, Carlos Nino y Martín Farrell, entre otros filósofos que asesoraron al ex presidente Raúl Alfonsín, desempeñaron un papel esencial en la reconstrucción política de Argentina. Este grupo sentó las bases para pensar en la democracia y la transición de manera moderna, abordando discusiones que aún hoy siguen pendientes en nuestro país”.
¿Considerás que aún no se ha saldado este debate?
Lamentablemente no. Algunos creen que hemos reinstalado la teoría de los dos demonios, pero esto no es así. Es indiscutible que la Dictadura fue atroz y tuvo una responsabilidad mucho mayor, al concentrar la suma del poder público y cometer crímenes aberrantes. Por otro lado, es cierto que algunos atentados cometidos por otros actores, como el caso de una bomba que mató a 23 personas en un comedor no militar, tampoco están exentos de gravedad. Estos hechos constituyen graves atentados a los derechos humanos y el Estado tiene la obligación de juzgarlos, sin importar la participación estatal o la naturaleza de los objetivos atacados. Un aspecto que me sorprende es cómo en el pasado, estos casos no recibieron la atención judicial adecuada. Durante la Dictadura no hubo expedientes, fiscales ni jueces que intervinieran en muchos de ellos, dejando en el olvido a las víctimas civiles. Estas personas -trabajadores, familias- merecen ser reconocidas como víctimas, con rostro y nombre. Es una deuda que aún tenemos como sociedad: mirar de frente lo que pasó y aprender de ello. En los años ‘80, los filósofos y académicos intentaron construir un camino basado en la verdad y la justicia, pero este esfuerzo fue desvirtuado por decisiones políticas como las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y posteriormente por los indultos. Aquí el Poder Judicial y la política fracasaron en consolidar una democracia sólida. El indulto presidencial, en particular, es una herramienta que considero una herencia monárquica, ya que socava la autoridad del Poder Judicial. Si bien perdona la pena, no borra el delito ni la calificación de los hechos, pero genera en la sociedad la percepción de impunidad, porque tendemos a equiparar sanción con justicia. Este tipo de mecanismos deberían revisarse profundamente para fortalecer nuestras instituciones y evitar arbitrariedades que afecten la credibilidad del sistema democrático. Por último, la reconstrucción de nuestra democracia debe basarse en decisiones judiciales firmes y sólidas que no se presten al juego político. Aunque estas decisiones puedan tener consecuencias políticas, no deben ser objeto de manipulación o borradas por conveniencia. Este compromiso con la justicia es esencial para construir un futuro democrático estable y transparente.
¿Y esto puede reabrir otros casos?
Sí, claro. Hay otros hechos atroces que presentan características similares y podrían ser mencionados pero no considero que sea útil reabrir todos los casos. Lo importante es seleccionar algunos casos representativos que puedan ilustrar que el Poder Judicial está comprometido con juzgar hechos concretos, sin involucrarse en políticas o en la construcción de la historia. Nosotros no juzgamos el pasado como una narrativa histórica ni hacemos política. Juzgamos hechos que, como sociedad, no deben repetirse nunca. El principio del “Nunca más” es para todo, no sólo para los crímenes de la Dictadura. Por eso cito el prólogo de Sábato en mi voto, el completo, no el tergiversado que se trató de imponer en 2003. La obligación que tenemos es fortalecer transiciones democráticas ordenadas, sin olvidar a nadie y sin exculpar ni santificar a nadie. La sociedad se construye con matices, y esto es algo que destaco en mi fallo. No existe una verdad absoluta; en ese sentido, se ha hecho de esta transición algo de “verdad absoluta”, lo que considero una visión reduccionista y simplista. Los mismos principios me guiaron para fallar en el caso de Venezuela, donde ordenamos la detención de Maduro, Diosdado Cabello y otros jerarcas del régimen que están violando, hoy, derechos humanos. Pensaba en la Argentina cuando analizaba el caso, lo que se nutrió el “Nunca Más”, de las denuncias internacionales y la actividad judicial en España, Italia, Francia, etc. La vigencia de los derechos humanos hay que defenderla siempre, no importa el signo ni la ideología de su violador. Dictaduras sangrientas, NUNCA MÁS.
¿Cuál es tu objetivo como juez?
Estoy convencido de que yo, como persona, no soy importante. Lo que importa es el lugar que ocupo y los casos que manejo. En este rol podría estar cualquiera; lo relevante no es quién está sentado aquí, sino cómo gestiona su relación con la sociedad. Creo que, como Poder Judicial, tenemos mucho poder real pero hemos perdido autoridad. Aunque existan razones para esto, lo importante es enfocarnos en cómo reconstruir esa autoridad. Ese es uno de los objetivos que me he propuesto en mi gestión como juez: contribuir a esta reconstrucción desde mi lugar, sin hablar en nombre del fuero, de la Cámara o de nadie más. Cada uno debe asumir su individualidad dentro de un conjunto. Personalismos hay demasiados y son contraproducentes. Democratizar el poder implica mejorar la relación con el otro, porque todos, desde nuestra función, estamos aportando hacia un objetivo común: fiscales, jueces nacionales, jueces federales, penales, contenciosos. No se trata de individuos, sino de un cuerpo colectivo.
Venimos de una época en la que los jueces solo hablaban a través de sus sentencias, evitando todo contacto con los medios de comunicación…
Para mí esa postura fue un error. Hoy, esa relación está cambiando, en parte porque la velocidad de la comunicación ha sacudido los paradigmas tradicionales. Hay quienes todavía creen que lo único válido es escribir tratados o textos densos, pero la gente ya no lee eso. Por eso es tan necesario adoptar un lenguaje claro, llano y sencillo, que permita a las personas entendernos. Este enfoque lo aprendí profundamente durante mi experiencia con la oralidad: no se trata de escribir para especialistas, sino de comunicarse para que todos puedan comprender. La justicia no puede estar encerrada en libros; debe estar al alcance de la sociedad.
¿Qué aprendiste de la etapa previa a ejercer la magistratura?
Fui Secretario de Tribunales Orales durante 23 años: primero en San Martín y luego aquí, en Capital Federal. En esa trayectoria, aprendí que la relación con la sociedad se refleja claramente en los debates. El lenguaje gestual de las personas dice mucho: quién tiene miedo, quién miente, quién exagera, quién está buscando justicia, quién necesita algo de nosotros o simplemente quién no. Recuerdo especialmente un juicio doloroso por el homicidio de una joven. Durante el debate, llegó el momento en que debían declarar los médicos que habían atendido a la víctima. Fue entonces que, al prever lo duro de esas declaraciones -fotos, videos y detalles muy gráficos-, me tomé el atrevimiento de sugerirle al padre de la chica que saliera un momento, que tomara un café y regresara al terminar esa parte. Su respuesta me marcó profundamente. Me miró con calma y me dijo: “Le agradezco la preocupación, Mariano, pero quiero saber cómo se defendió mi hija. Eso es lo que realmente me importa. Eso es lo que me va a sanar”. Esa experiencia me dejó claro que nosotros, en la Justicia, no somos los protagonistas. No estamos ahí para ocupar un lugar de importancia personal; nuestra función es permitir que las personas encuentren respuestas y, quizás, algo de sanación. Lo que decidamos, en última instancia, no tiene tanto peso para las víctimas como el conocimiento de los hechos y la posibilidad de procesar su dolor. En la Justicia Federal, el desafío es diferente porque las víctimas suelen ser abstractas: la salud pública, la seguridad, la Constitución, las instituciones. Pero cuando trabajas en la justicia ordinaria, como lo hice durante 12 años en Capital, tratas con víctimas con rostro, con historias y con emociones visibles. Eso me enseñó que lo importante en nuestro trabajo no somos nosotros, sino ellos. Al principio de mi carrera, allá por 1987, trabajé en la Junta Federal de San Isidro y después pasé a San Martín. Aunque el trabajo en delitos como narcotráfico o secuestros extorsivos tenía su interés, lo que realmente me marcó fue trabajar con casos de víctimas concretas. En la justicia ordinaria, veía a diario personas llorando en la entrada, buscando soluciones a problemas que a veces parecían mínimos -como recuperar un teléfono robado- pero que para ellos eran inmensos. Ahí aprendí el valor de nuestra función: articular soluciones reales y prácticas para las personas. A veces la gente no busca castigos ejemplares ni largos procesos judiciales; simplemente quieren que su problema termine, que les devuelvan lo que les pertenece, que haya un cierre. Eso me llevó a reflexionar profundamente sobre cuál es realmente nuestra función en el Poder Judicial. ¿Para qué estamos? No para ser protagonistas, sino para servir, para escuchar, para dar respuestas que permitan a las personas seguir adelante. Esa es, o debería ser, nuestra verdadera misión.
En tantos años como secretario, ¿fuiste construyendo el tipo de juez que querías ser?
Sí, claro. Lo busqué y lo sigo buscando todos los días. Pero lo encontré enfrentándome a hechos graves, turbulentos, con víctimas que tienen rostro. Ellos te dan lecciones, incluso sin proponérselo. Ese hombre que mencioné, el padre de la joven, no sabía la dimensión de lo que decía, pero sus palabras me enseñaron mucho. De hecho, toda mi carrera ha girado en torno a esa pregunta esencial: ¿para qué estamos los jueces? Mi tesis de maestría en la Universidad de Bolonia abordó justamente esta cuestión. Analicé el deber de los jueces desde tres perspectivas: la función jurisdiccional, es decir, la aplicación de las reglas que conforman nuestra labor; la función social, que se relaciona con lo que la sociedad espera y necesita de nosotros; y la función política, entendida no desde el punto de vista partidario, sino institucional. La reforma constitucional de 1994 introdujo cambios significativos en este último aspecto, como la creación del Consejo de la Magistratura, donde los jueces también cumplen una función política al participar en la administración del Poder Judicial. Sin embargo, esta función no se relaciona directamente con la jurisdiccional, sino con el aporte a la gestión pública. Personalmente, me interesa mucho la función pública. Siempre supe que quería estar aquí, aunque no en este lugar específico. Llegué después de un arduo camino. Concursé durante 10 años para ocupar este cargo, y fue una batalla en todos los frentes. Quien no ha pasado por un concurso judicial no tiene idea de lo que significa enfrentarse a esa “picadora de carne”. Los concursos judiciales tienen un componente discrecional que está reservado a la política, y esto está claramente establecido en la Constitución. La designación de magistrados corresponde al Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, mientras que el Consejo de la Magistratura debería limitar la influencia política en las designaciones. Pero, lamentablemente, no ha sido así. Al contrario, las internas políticas se han exacerbado en lugar de disminuir.
¿Qué significa la reforma constitucional en la historia argentina?
El año pasado celebramos 30 años de la reforma y Antonio María Hernández lo expresa claramente en el podcast “Generación 94”. La Convención Constituyente fue la asamblea democrática más significativa en la historia argentina. Duró seis meses y durante ese tiempo sancionó una Constitución Nacional por unanimidad, desde la derecha hasta la izquierda, con el peronismo y el radicalismo unidos, y los juristas más importantes involucrados. Esos juristas, que hoy son reivindicados políticamente, incluyen a figuras como Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, quienes estuvieron dentro de la convención, junto con un peronismo potente, un radicalismo fuerte y, por supuesto, el ex presidente Alfonsín. Los discursos de esa época siguen siendo maravillosos.
Ahora bien, ¿por qué lo que quedó de esa Convención para la ciudadanía sólo es la reelección?
La verdad es que no lo sé. Ojalá fuera sociólogo para entender cómo se transmiten los mensajes de esta forma. Pero lo cierto es que la reelección fue, en realidad, una anécdota. Hubo un sueño diferente, un sueño de reformas profundas. Es cierto que la deuda que quedó pendiente no permitió consolidar ese sueño. Muchas de las ideas de los constituyentes de 1994 no se han cumplido. La intención de atenuar el poder presidencial y fortalecer las instituciones, como el Congreso, ha quedado en gran medida relegada. Por ejemplo, se pensó en un Jefe de Gabinete con un rol más relevante, capaz de ser sujeto a mociones de censura y de articular mejor la relación entre los poderes. También se buscó dar más protagonismo a las minorías y equilibrar el poder. Algunos no se dan cuenta que la transición democrática argentina para construir una nación sólida aun no terminó.
¿Cuál es la deuda más urgente, según tu perspectiva?
Para mí el trabajo del Parlamento es fundamental. El Congreso debe recuperar su protagonismo, ya que no puede seguir siendo una simple caja de resonancia del Poder Ejecutivo. Eso no puede continuar así. El Congreso debe lograr independencia y convertirse en una institución realmente poderosa. Eso es lo que tiene que suceder.
¿Siempre quisiste ser abogado?
Siempre tuve claro que quería dedicarme a la magistratura. Nunca ejercí la profesión de manera independiente, y tampoco fue algo que me interesara. Mi vocación estaba centrada en los tribunales. Recuerdo una oportunidad en la Defensoría del Pueblo de la Nación, a mediados de los años 90. Trabajaba en un área relacionada con el acceso a la justicia, pero no era lo que realmente quería hacer. A pesar de tener un sueldo significativamente mayor y libertad para ejercer, decidí volver al ámbito judicial. Incluso trabajé bajo un jefe que no me apreciaba, pero entendí que mi vocación estaba en los tribunales. Esa decisión fue valorada, incluso por quienes inicialmente no creían en mí. Al final, mi compromiso con esta vocación fue reconocido y me permitió seguir avanzando dentro de la Justicia Federal, donde siempre he sentido que pertenezco.
¿Cómo se perdió la autoridad en la magistratura de los jueces?
Creo que es el resultado de un proceso de degeneración social que lleva más de 70 u 80 años. La sociedad ha ido en decadencia, y con ella, nuestras instituciones democráticas. Los golpes de Estado han causado estragos profundos, generando una inestabilidad democrática que considero uno de los peores males que hemos padecido. Esto también ha afectado nuestra capacidad de aceptar la diversidad de opiniones, lo que ha erosionado los consensos y las soluciones a problemas reales y concretos. La Justicia Federal de la época del menemismo dejó un impacto negativo significativo. Aunque es un capítulo reciente que aún estamos procesando, no podemos ignorar cómo contribuyó a esta percepción de deterioro. Sin embargo, no es justo atribuir esta pérdida de autoridad únicamente a los malos operadores. La mayoría de los jueces en todo el país son profesionales formados, comprometidos y responsables pero algunos casos aislados han causado un daño desproporcionado en comparación con el valor que aportan los buenos jueces en su labor cotidiana. El desafío principal para los jueces hoy es mejorar nuestra relación con la sociedad. Esto no se logra a través de análisis sociopolíticos, sino mediante decisiones claras, rápidas y comprensibles. Aunque estas decisiones puedan generar descontento, para eso existen las instancias recursivas. Nuestro sistema judicial debe ser vertical, no horizontal. Sin embargo, el diseño actual de los procesos, con múltiples instancias y recursos, contribuye a la percepción de ineficiencia y falta de resolución. El activismo judicial, por otro lado, también ha sido un factor problemático. Aunque algunas decisiones de la Corte Suprema han buscado ampliar derechos, muchas veces terminan invadiendo competencias que corresponden al Poder Legislativo o al Ejecutivo. Esto no fortalece la institucionalidad, sino que perpetúa la sensación de desorden y desconfianza. Desde 1983, hemos vivido un período de transición democrática que no ha concluido. Hay aspectos fundamentales de nuestra democracia constitucional que aún no se han consolidado debido a la falta de voluntad política y de acuerdos horizontales. Como jueces, no podemos sustituir a los actores políticos, pero sí podemos contribuir desde el Consejo de la Magistratura. Nuestra participación debería enfocarse en aportar soluciones y fomentar políticas públicas eficaces, no en cuestiones políticas ni en la designación de cargos. Aunque existen casos de corrupción y mal desempeño en el Poder Judicial, es importante resaltar que históricamente hemos sido muy rigurosos con nuestros propios miembros. Ejemplos recientes, como las sanciones contra jueces federales involucrados en hechos graves, demuestran que no somos complacientes ante la corrupción. Sin embargo, la percepción social no siempre refleja esta realidad, y es nuestro deber trabajar para recuperar la confianza perdida.
¿Se acabó el lobby?
No y probablemente nunca lo hará. Pero eso no es necesariamente negativo si se gestiona de forma ética. Como aprendí de uno de mis jefes: “Recibo a todo el mundo, escucho a todos y decido en soledad”. Este principio guía mi trabajo. Mantengo mi despacho abierto, doy espacio para el diálogo, pero siempre tomo decisiones de manera independiente. Es una cuestión de formación personal y de valores. Elegí esta profesión para honrarla, y no pienso traicionar mis principios. A veces, poner límites es difícil, pero es una parte esencial de este compromiso.
¿Por qué no se ha podido avanzar con la causa AMIA?
El hecho está esclarecido: el atentado fue ejecutado por un comando suicida, financiado por el Estado Islámico de Irán, con control desde la Embajada iraní en Buenos Aires. Las órdenes de captura están emitidas pero el problema radica en la política internacional. A pesar de los esfuerzos realizados, como los de Interpol, la dificultad es que algunos países como Bolivia, Nicaragua o Venezuela siguen recibiendo a los responsables, lo que complica avanzar en el proceso. El atentado está esclarecido, pero, dado que los principales acusados no se encuentran disponibles para ser juzgados, no podemos avanzar en el juicio de manera convencional. A nivel de pruebas, el caso está resuelto. Lo que falta es la materialización de las órdenes de captura. Estamos evaluando la posibilidad de un juicio en ausencia o de que los imputados se presenten voluntariamente. Sin embargo, en nuestra legislación actual, las etapas procesales exigen que las personas estén presentes, lo que genera obstáculos.
¿Es necesario que el Congreso legisle para permitir el juicio en ausencia?
Sería muy útil para resolver muchos casos pendientes, ya que permitiría avanzar más rápidamente, sobre todo en aquellos casos con acusados que se encuentran fuera del país. Si el Congreso legislara en esa dirección, habría un avance significativo. La posibilidad de llevar a juicio a los rebeldes, sin que la causa prescriba, es una de las ventajas de este tipo de juicio.
¿Por qué pediste unificar las causas por corrupción que involucran a Cristina Kirchner?
Por razones de decoro y seriedad profesional, no puedo hablar de casos en los que estoy interviniendo. Pero puedo decir que he estudiado durante años que el crimen organizado tiene una estructura que involucra diversos eslabones de una misma “empresa”. En este tipo de casos, es crucial entender que todo está relacionado, incluso si se investigan por separado. El desafío en el sistema judicial argentino radica en que a veces, debido a la falta de una estructura acusatoria más flexible y ágil, los casos se fragmentan, cuando en realidad deberían tratarse como un todo. El crimen organizado es una red compleja, con muchos actores involucrados. Por ejemplo, el narcotráfico. Desde los que producen hasta los que distribuyen, pasando por los que financian, cometen delitos encadenados. Las investigaciones se tienden a dividir en compartimentos, lo cual es un error porque lo que se está investigando es la misma “empresa criminal”, que está presente en toda la cadena. En este sentido, la corrupción es sólo un aspecto más del crimen organizado. Este tipo de organizaciones, que operan en varios niveles, necesitan un tratamiento judicial que contemple toda la red de manera integral. Es importante destacar que el origen de la criminalidad es siempre económico: nadie trafica drogas, armas o personas sin la intención de obtener ganancias. Por lo tanto, la lucha contra el crimen organizado no sólo debe centrarse en las personas involucradas en el acto delictivo, sino también en el dinero que mueve la operación. Se han hecho intentos para acelerar y simplificar los procesos en el modelo judicial argentino, pero la tendencia sigue siendo muy formalista, lo cual retrasa la resolución de muchos casos. Lo que necesitamos es un enfoque más práctico y directo, que permita avanzar sin perder de vista la necesidad de una justicia pronta y eficaz. En algunos casos, como el Juicio a la Junta, se mostró que es posible trabajar intensamente y obtener resultados. Si aplicamos una visión más moderna, incorporando tecnología y decisiones rápidas, podemos mejorar notablemente nuestra eficiencia en los tribunales.
Se habla mucho del lawfare en nuestro país, incluso lo mencionó el Papa Francisco. ¿Qué opinás?
No existe el lawfare en la Argentina. No existe el fenómeno del lawfare en Argentina. No hay jueces que persigan a personas ni utilicen sus decisiones judiciales para hacer política. Existen jueces valiosos que por supuesto pueden equivocarse, para eso existen las instancias de apelación y los recursos judiciales. Pero no existe la persecución política de ningún partido judicial.
