El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Santiago Carrillo ha suspendido de manera preventiva la implementación del fuero del Trabajo de la ciudad de Buenos Aires, creado por la Ley 6789, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión al hacer lugar a una presentación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
Lo que importa
El magistrado de primera instancia resolvió:
- Hacer lugar a la medida cautelar peticionada y, en consecuencia, suspender preventivamente los efectos de la Ley 6789 en cuanto habilita la implementación del fuero del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- La suspensión dispuesta tendrá vigencia hasta tanto se dicte sentencia dirimiendo la cuestión de fondo referida a la constitucionalidad de las leyes impugnadas; o bien, el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concreten los acuerdos institucionales requeridos por la Ley 24.588 y la cláusula transitoria 13ª de la Constitución CABA habilitación de órganos judiciales locales con competencia en materia laboral.
Contexto
La Ley 6789, sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, establece la creación de un fuero laboral propio en la Ciudad, con el objetivo de descentralizar y agilizar los procesos judiciales en materia laboral.
Sin embargo, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) presentó una medida cautelar argumentando que dicha ley podría afectar la independencia y el funcionamiento adecuado del Poder Judicial.
En respuesta, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3 decidió intervenir, evaluando los posibles conflictos de competencia y las implicancias constitucionales de la transferencia de jurisdicción.
Cómo sigue
Con la suspensión preventiva de la implementación del fuero laboral porteño, se abre un período de análisis y negociación entre las autoridades nacionales y de la ciudad de Buenos Aires.
La decisión del magistrado es apelable ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
Durante este tiempo, se espera que ambas partes trabajen en conjunto para resolver las diferencias y establecer un marco legal que garantice una transición ordenada y respetuosa de la independencia judicial.
Mientras tanto, los casos laborales continuarán siendo tratados por la justicia nacional, asegurando la continuidad en la atención de los trabajadores y empleadores que buscan resolver conflictos laborales..