El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó a la jueza María Servini que remita a la Justicia de la ciudad de Buenos Aires la denuncia presentada por el Gobierno nacional contra la jueza Karina Andrade. La magistrada porteña había liberado a 114 personas detenidas por incidentes en la marcha de jubilados del 12 de marzo.
Lo que importa
El Gobierno nacional había denunciado a la jueza Andrade luego de que ordenara la liberación de los detenidos tras los disturbios en la manifestación. Sin embargo, Taiano sostuvo que la jueza «no desempeña funciones federales» y que, por lo tanto, la causa no corresponde a la Justicia federal.
Citando jurisprudencia de la Sala I de la Cámara Federal porteña, el fiscal argumentó que «se tratarían de acontecimientos acaecidos en la ciudad de Buenos Aires en ocasión del trámite de un proceso radicado ante la Justicia de esa ciudad».
Además, resaltó que la potestad para investigar delitos cometidos contra la administración pública por funcionarios locales ha sido transferida a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires.
«Corresponde señalar que la conducta reprochada no excita la competencia de este fuero de excepción, toda vez que la jueza Karina Andrade no desempeña funciones federales».
Contexto
La denuncia fue presentada por Fernando Soto, director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, y alude a «graves irregularidades» que habría cometido la jueza Andrade al ordenar liberar a 114 detenidos en la madrugada posterior a los incidentes de la marcha de jubilados del miércoles 12 de marzo, de la cual participaron hinchadas de clubes de fútbol.
En concreto se cuestionó que la orden se hubiera dado por el sistema de mensajería «WhatsApp» y se la tildó de «ideológica».
Andrade es jueza titular del Juzgado Contravencional 15 de la ciudad de Buenos Aires y ordenó la liberación «sin haber analizado las pruebas, sin considerar los antecedentes penales de los implicados y sin respetar los procedimientos legales vigentes», sostiene la denuncia.
También tilda de «arbitraria» su decisión de establecer que no pudo probarse la flagrancia, es decir que los detenidos hubieran estado cometiendo algún delito al momento de ser apresados.
«Tomó su decisión sin contar con los elementos de prueba necesarios», agrega la presentación.
La decisión de la magistrada no quedó documentada «en un registro oficial» y no dio intervención formal a la fiscalía.
La jueza estaba de turno en la zona del Congreso Nacional cuando ocurrieron los incidentes. Dispuso liberar a 114 detenidos al considerar que a partir de la información suministrada por la fiscalía y las calificaciones legales imputadas, ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos».
La situación impidió aplicar la figura de flagrancia, enfatizó.
La marcha de los jubilados se llevó a cabo en la tarde-noche del miércoles 12 de marzo en inmediaciones del Congreso Nacional, con el objetivo de reclamar mejoras en las condiciones de vida y en defensa de sus derechos. A la manifestación se sumaron hinchadas de clubes de fútbol y agrupaciones de izquierda. Se registraron incidentes y una intervención policial que resultó en la detención de 114 personas.
Cómo sigue
Ahora, la jueza María Servini deberá resolver si hace lugar al pedido de Taiano y remite la causa a la Justicia porteña. De ser así, la investigación quedará en manos de los tribunales locales, alejándola del ámbito federal.