El Congreso de la Nación sancionó la Ley de Juicio en Ausencia, una iniciativa que modifica el sistema procesal penal argentino y abre un nuevo escenario en la lucha contra la impunidad. Esta norma, que permite la realización de juicios sin la presencia del imputado en casos de extrema gravedad, ha generado una fuerte controversia. ¿Será la llave para esclarecer algunas de las causas más emblemáticas de nuestra historia o una amenaza al debido proceso?
Desde hace más de dos décadas, la justicia argentina ha enfrentado serias dificultades para llevar a juicio a imputados en casos de terrorismo y crímenes de lesa humanidad. En particular, el atentado a la AMIA sigue siendo una de las grandes deudas del sistema judicial, con acusados que residen en Irán y han eludido repetidamente los pedidos de extradición. En este contexto, el Gobierno nacional promovió la sanción de una ley de juicio en ausencia con el propósito de destrabar estos procesos.
Esta figura no es novedosa a nivel internacional. Países como Francia, Italia y España han incorporado mecanismos similares para evitar que el proceso judicial se paralice ante la fuga de los acusados.
Puntos claves
El proyecto del Ejecutivo fue presentado el 11 de julio de 2024, pocos días antes del 30° aniversario del atentado contra la sede de la AMIA. Consiste en una reforma del Código Procesal Penal de la Nación. No fue la primera vez que se impulsó una iniciativa de este tipo, pues ya se había propuesto en 2014.
La norma fue aprobada en la Cámara de Diputados por 147 votos a favor, 68 en contra y nueve abstenciones, mientras que en el Senado obtuvo 46 votos positivos y 21 negativos.
La Ley de Juicio en Ausencia, impulsada por La Libertad Avanza (LLA), establece que un acusado podrá ser juzgado sin estar presente si se cumplen ciertas condiciones específicas:
- Se aplica exclusivamente en casos de terrorismo, crímenes de lesa humanidad, genocidio y desaparición forzada de personas.
- Procederá únicamente si el imputado fue debidamente notificado y ha evadido el proceso durante al menos cuatro meses.
- En caso de condena, el acusado podrá solicitar la revisión de la sentencia si demuestra que desconocía el proceso o justifica su ausencia.
- Se garantiza el derecho a la defensa mediante la designación de un abogado de oficio si el imputado no nombra uno.
El objetivo central de la norma es evitar que los acusados prófugos continúen eludiendo la justicia en delitos de extrema gravedad.
Posturas a favor y en contra
El oficialismo, encabezado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, celebró la sanción de la ley como un avance fundamental en la administración de justicia: “Va a permitir perseguir a los delincuentes más peligrosos aún cuando se den a la fuga. Entre otras cosas, vamos a poder condenar a los terroristas que idearon y ejecutaron el peor atentado de nuestra historia, asesinando a 85 argentinos”.
En la misma línea se expresó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien afirmó: “No podemos seguir permitiendo que el terrorismo internacional y los crímenes más atroces queden impunes porque los responsables se esconden en países que los protegen”.
En el Congreso, diversos legisladores manifestaron su respaldo. El senador de LLA, Juan Carlos Pagotto, subrayó que el juicio en ausencia ya se aplica en países como Francia e Italia, destacando que no se trata de una medida excepcional. Desde el PRO, Luis Juez sostuvo que la norma refuerza la postura de Argentina contra el terrorismo internacional, mientras que Maximiliano Abad (UCR) consideró que envía un mensaje claro de que el país no negocia con el terrorismo.
En la vereda opuesta, el senador de Unión por la Patria, José Mayans, criticó la medida al señalar la falta de credibilidad del sistema judicial y alertó sobre su posible manipulación con fines políticos.
En el ámbito judicial, algunos magistrados también han respaldado la ley. Marcelo Aguinsky, juez en lo Penal Económico, sostuvo que la norma es constitucional siempre que se respeten garantías procesales como la notificación del imputado y la posibilidad de revisión de la sentencia.
Por su parte, Carlos Mahíques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, recordó que en un fallo de 2024 vinculado a la Causa AMIA, exhortó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a impulsar una reforma que permitiera la aplicación del juicio en ausencia en casos de terrorismo.
Desde la sociedad civil, las opiniones han sido diversas. Luis Czyzewski, padre de Paola, víctima del atentado a la AMIA, ha sido un firme defensor de la ley, argumentando que “no es justo que la legislación proteja al imputado prófugo, dejando a la víctima sin ningún derecho ni protección”.
Por otro lado, Amnistía Internacional Argentina, a través de su directora Mariela Belski, expresó su rechazo, señalando que la norma podría vulnerar el debido proceso y afectar la imparcialidad de los jueces.
Contexto internacional
La ley de juicio en ausencia en Argentina se inscribe en un contexto global en el que este tipo de procesos han sido adoptados en diversas jurisdicciones para delitos de extrema gravedad. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado por Argentina, contempla juicios en ausencia en determinadas circunstancias. Además, países como Francia, Italia, Alemania, España, Reino Unido y Austria han implementado legislaciones similares. No obstante, organismos de derechos humanos han manifestado preocupación por su impacto en las garantías procesales.
La norma ha abierto un profundo debate en Argentina. Mientras que sus defensores la consideran un mecanismo clave para combatir la impunidad en delitos graves, sus detractores advierten sobre los riesgos que podría implicar para el derecho a la defensa y el debido proceso.
Impacto en la Causa AMIA
Esta norma ha generado expectativas sobre su impacto en la Causa AMIA. El presidente Javier Milei, quien ha expresado que «el terrorismo iraní es un asunto de interés nacional», impulsó esta ley para permitir el juzgamiento de los responsables del atentado. Expertos legales y familiares de las víctimas consideran que podría facilitar el proceso contra los sospechosos iraníes que permanecen prófugos.
Más allá del resultado, permitiría la exposición pública de las pruebas acumuladas en la causa, incluyendo aquellas que vinculan al gobierno de Irán con el ataque. Se espera que la norma allane el camino hacia una eventual condena de Mohsen Rabbani, Barat Alí Balesh Abadi, Alí Fallahijan, Alí Akbar Parvaresh y Hadi Soleimanpour, señalados como responsables del atentado.
Mauro Berenstein, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), afirmó que la ley es una herramienta indispensable en la búsqueda de la verdad y en la lucha contra la impunidad. También subrayó su importancia para frenar la sensación de que Argentina es un país donde los atentados pueden quedar impunes.
Para los impulsores de la norma, el juicio en ausencia evita que el reclamo de justicia se vuelva un mero trámite sin avances. Al permitir el desarrollo del proceso judicial sin la presencia de los imputados, brinda a las víctimas y sus familiares la posibilidad de obtener respuestas y un reconocimiento de su lucha por justicia.
Sin embargo, también existen voces críticas que advierten sobre los desafíos en su implementación. Algunos sectores de la comunidad judía han manifestado su preocupación respecto a si el mecanismo garantizará plenamente el debido proceso.
Cabe mencionar que en la práctica no es posible adelantar cuáles serán los pasos a seguir por parte de la Justicia, dado lo reciente de la sanción de la ley. Fuentes judiciales consultadas por Quórum afirmaron que es necesario avanzar en algunas cuestiones formales, luego ver qué plantea la Fiscalía y qué resuelve el juez de la Causa AMIA.
Desafíos y obstáculos
La aplicación de la ley de juicio en ausencia en la Causa AMIA presenta desafíos y obstáculos. Uno de los principales desafíos es garantizar que el juicio cumpla con las garantías del debido proceso y que se respeten los derechos del imputado. Esto implica asegurar que el acusado sea notificado de la causa en su contra, que tenga la posibilidad de designar un abogado defensor, y que pueda solicitar un nuevo juicio en su presencia si decide comparecer ante la justicia .
Un obstáculo es la falta de cooperación del gobierno de Irán, que se niega a extraditar a los sospechosos. La justicia argentina ha emitido órdenes de captura internacional contra los sospechosos iraníes, pero estas no han sido efectivas debido a la falta de apoyo de Irán. La negativa de este país a colaborar dificulta la posibilidad de que los acusados sean juzgados, incluso en ausencia.
Además, la aplicación retroactiva de la figura en esta causa podría generar controversias legales. Algunos expertos consideran que la ley, al ser procesal, no afecta la irretroactividad de los tipos penales y que su aplicación al caso AMIA es legítima. Sin embargo, otros argumentan que la aplicación retroactiva de la ley podría vulnerar el principio de legalidad y el derecho de defensa de los acusados.
Un mensaje contra la impunidad
La ley de juicio en ausencia puede tener un impacto significativo en la lucha contra la impunidad en casos de terrorismo. Al permitir juzgar a los acusados que se encuentran prófugos, envía un mensaje de que no se tolerará la impunidad y que se buscará justicia sin importar el tiempo que transcurra. Es una herramienta para fortalecer el Estado de derecho y la lucha contra el terrorismo a nivel internacional.
En el caso de la Causa AMIA, podría contribuir a romper el ciclo de impunidad que ha rodeado al atentado durante décadas. Si bien la condena en ausencia no garantiza la detención de los sospechosos, sí representa un avance en la búsqueda de justicia y un reconocimiento del dolor de las víctimas y sus familiares. Además, la norma podría servir como un elemento de presión para que Irán coopere con la justicia argentina y permita la extradición de los acusados.
La implementación de esta ley supondrá un reto para la justicia argentina. Será clave la interpretación de la Corte Suprema y de organismos internacionales para asegurar que su aplicación no vulnere derechos fundamentales. En un país que aún busca respuestas en causas históricas, el juicio en ausencia promete seguir siendo un tema central en la agenda judicial y política en los próximos años.