El fiscal federal Carlos Rivolo pidió que seis trabajadores ferroviarios enfrenten un juicio oral por su presunta responsabilidad en el choque de trenes ocurrido el 10 de mayo de 2024 en el puente de Figueroa Alcorta y Dorrego, en el barrio porteño de Palermo. De qué se los acusa.
El choque dejó 61 pasajeros heridos y daños valuados en millones de pesos y dólares.
Lo que importa
El choque de trenes del 10 de mayo de 2024 en la Línea San Martín, que dejó 61 personas heridas -dos de ellas de gravedad- y provocó severos daños materiales, entra en una nueva fase judicial. La fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional Federal 6, a cargo interinamente de Carlos Rívolo, solicitó que seis empleados ferroviarios sean sometidos a juicio oral. Están acusados del delito de “estrago culposo agravado por resultar personas lesionadas”, previsto en el artículo 196 del Código Penal, que contempla penas de entre uno y cinco años de prisión.
La acusación no apunta a una sola negligencia individual, sino a una cadena de errores y omisiones que, según el fiscal, configuraron un escenario evitable.
“La colisión acaecida el 10 de mayo de 2024 no fue el resultado del comportamiento imprudente de un solo agente ferroviario. En cambio, fue producto de la culpa concurrente y los riesgos irregularmente generados por cada una de las personas señaladas mediante sus violaciones a los deberes objetivos de cuidado” Requerimiento de elevación a juicio fiscal.
El fiscal argumentó que “como agentes del sistema ferroviario, tenían la obligación de velar por mantener la circulación de los trenes dentro de los estándares de seguridad que regulan la actividad. Cada uno de ellos, con su comportamiento imprudente, incrementó los riesgos inherentes a ese medio de transporte, peligros que se materializaron en el resultado lesivo que justificó este proceso penal”.
“En este sentido, los informes audiovisuales elaborados a partir de los elementos de prueba colectados arrojaron una visión integral del modo en que cada una de las intervenciones de los encausados en los momentos previos a que se produjera la colisión contribuyeron de manera determinante con ese resultado”, agrega el requerimiento de elevación a juicio.
Los seis procesados están acusados por “estrago culposo agravado por resultar personas lesionadas” previsto en el artículo 196 del Código Penal y que prevé una pena de 1 a 5 años de prisión, dio cuenta el sitio fiscales.gob.ar de la Procuración General de la Nación
Contexto
El incidente ocurrió el 10 de mayo de 2024 a las 10:31 de la mañana, cuando la formación 3021 -integrada por una locomotora y un furgón- se encontraba casi detenida sobre la vía ascendente del Ferrocarril General San Martín, justo en el ingreso al puente de Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego. Fue embestida por la formación 3353, que circulaba por la misma vía, con pasajeros a bordo y en igual sentido.
Según la acusación, habria habido fallas múltiples en los distintos niveles del operativo ferroviario. Los conductores de la formación detenida no habrían contado “con la capacitación y la idoneidad necesaria para operar el sistema OBC (on board computer)” de la locomotora, una herramienta clave para la navegación segura.
El encargado de control de la Estación Palermo, tenía la obligación de verificar que la formación 3021 hubiese liberado el sector de bloqueo antes de autorizar el paso de otro tren. Sin embargo, “no vio pasar la formación N°3021 y simplemente, conjeturó, por el tiempo transcurrido que ya había traspasado su sector”, sostuvo el fiscal. Sobre esa suposición, dio vía libre a la formación 3353.
Para el fiscal se infringió “el más elemental deber de cuidado, cuando asumieron el riesgo implícito de la conducción sin adoptar las más elementales precauciones”.
Otros dos procesados, el encargado de Turno y Operador de la Oficina de Control Trenes, estaban “en posición de garantes frente a las conductas imprudentes de los agentes que debían controlar”. Su omisión de vigilancia, en una zona que operaba bajo sistema de bloqueo absoluto, fue determinante, apunta la acusación fiscal.
En todos los casos, el fiscal remarcó que existió una falla sistémica en la cadena de responsabilidades y en la gestión de riesgos. Bastaba con asignar personal capacitado en el sistema OBC para evitar el accidente, sostiene la fiscalía.
Impacto económico
Además del saldo humano, el impacto económico del choque fue significativo. Según un informe de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE), las tareas de restablecimiento del servicio, incluidas obras civiles, reparación de señales, vías, infraestructura y el puente, costaron 824.032.606 pesos más IVA. A esto se suma el valor estimado para la reparación y reposición del material rodante dañado, que alcanzó los 4.333.500 dólares más IVA.
Cómo sigue
El fiscal Rivolo formuló su requerimiento de elevación a juicio como parte del proceso para que el juzgado que lleva el caso, a cargo del juez federal Julián Ercolini, de por concluída la investigación y la envíe a sorteo de Tribunal Oral.
