Casación consideró inadmisible el planteo de la defensa del procesado dirigente del Polo Obrero, quien había cuestionado la imparcialidad del fiscal Gerardo Pollicita por supuesta filtración de información a la prensa en la causa por los programas «Potenciar Trabajo».
El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, pedía apartar al fiscal por supuesta «enemistad manifiesta» y porque él denunció al fiscal Gerardo Pollicita a raíz de la supuesta filtración del requerimiento de elevación a juicio de la causa a la prensa, pero esa denuncia ya fue archivada, remarca Casación.
Lo que importa
La Cámara Federal de Casación Penal cerró una instancia clave para la estrategia judicial de Eduardo Belliboni. La Sala IV —integrada en forma unipersonal por el juez Mariano Borinsky— declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la defensa del dirigente del Polo Obrero, que buscaba apartar al fiscal Gerardo Pollicita de la investigación por presuntas irregularidades en la administración de planes sociales.
Belliboni ya fue enviado a juicio oral en esta investigación y el futuro debate quedó a cargo del Tribunal Oral Federal 8 en los tribunales de Retiro, pero una parte del caso sigue bajo investigación en la etapa de instrucción.
El núcleo del conflicto judicial gira en torno a la recusación presentada por la defensa, en la que se argumentó una “pérdida de objetividad” por parte del fiscal Pollicita. La estrategia apuntó directamente contra el accionar del funcionario del Ministerio Público: según la defensa, Pollicita habría filtrado a la prensa parte del requerimiento de elevación a juicio antes de presentarlo formalmente en la causa, lo que demostraría una enemistad manifiesta y lo inhabilitaría para seguir interviniendo.
Por ese tema, Belliboni había presentado una denuncia penal contra Pollicita, que utilizó como argumento adicional para el pedido de recusación. Sin embargo, esa denuncia fue archivada por el Juzgado Federal 5 el pasado 26 de marzo, y la apelación del denunciante fue rechazada por la Sala I de la Cámara Federal.
En su fallo, Borinsky afirmó que la recusación no se encuadra dentro de las decisiones apelables que habilitan la intervención de Casación. “No se trata de la sentencia definitiva de la causa ni de alguna equiparable a ella”, recordó el magistrado, apoyándose en jurisprudencia reiterada tanto de su tribunal como de la Corte Suprema.
Además, desestimó que existiera un agravio actual y concreto de carácter irreparable que justificara la apertura de esa vía recursiva. En palabras del juez: “Los argumentos esbozados en el recurso lucen insuficientes para demostrar la procedencia de la vía impugnativa intentada”.
Contexto
El origen del planteo se remonta al rechazo in limine dispuesto por el juez federal Sebastián Casanello a cargo del caso, quien consideró improcedente la recusación. Esa decisión fue apelada, pero la Cámara Federal tampoco habilitó el recurso. Frente a esa negativa, la defensa de Belliboni interpuso un recurso de casación que ahora fue desestimado por inadmisible.
La resolución enfatiza que, según el artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación, las causales de recusación deben estar basadas en hechos anteriores al inicio del proceso. En este caso, la denuncia contra Pollicita fue presentada “en pleno curso de esta investigación”, lo que no cumple con los requisitos legales.
Sobre la supuesta enemistad, el fallo también fue categórico. Cita doctrina procesal para señalar que “no basta la indiferencia, la mala opinión o mal querencia (…) sino una mutua animosidad, real y notoria”, condición que no se demostró en el expediente. Para la Casación, el planteo no superó las exigencias mínimas del tipo de pedido que se pretendía hacer valer.
La causa en cuestión —una de las más sensibles del escenario judicial-político actual— involucra a dirigentes piqueteros en la administración de planes sociales, en un contexto donde el gobierno nacional ha endurecido los controles sobre las organizaciones que intermedian en esos programas. Belliboni es una figura central en esa disputa, tanto por su rol en el Polo Obrero como por su permanente exposición mediática y movilización en las calles.
La investigación se abrió por denuncia del gobierno de Javier Milei cuando se preparaba una movilización de sectores piqueteros en diciembre de 2023.
El Ministerio de Seguridad de la Nación habilitó la línea 134 para recibir denuncias anónimas por parte de beneficiarios de planes sociales que se sintieran presionados u obligados por los referentes sociales a acudir a esas protestas
Las denuncias fueron presentadas en Comodoro Py y el fiscal federal Gerardo Pollicita las centralizó en su investigación.
Hubo 45 denuncias provenientes de la ciudad de Buenos Aires, logrando identificar a siete denunciantes, de los cuales cinco brindaron testimonio bajo identidad reservada.
La acusación sostiene que el Polo Obrero utilizó fondos públicos destinados a planes sociales para fines políticos. Según el procesamiento dictado por el juez federal Sebastián Casanello, los beneficiarios eran obligados además a asistir a movilizaciones bajo amenazas de perder su ingreso y a entregar un porcentaje de su sueldo como “aporte obligatorio” al movimiento.
Cómo sigue
Ante el rechazo al planteo para apartar a Pollicita, la defensa de Belliboni podría intentar recurrir a la Corte Suprema como última instancia
El fiscal continuará al frente del caso en la etapa de instrucción que continúa investigándose para profundizar en torno a eventuales responsabilidades de quienes por entonces eran funcionarios en lo ocurrido.