La Cámara Federal de Casación Penal revocó las absoluciones dictadas en el juicio ABO V y condenó a prisión perpetua a tres represores por homicidios cometidos en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo. El fallo reconstruyó el mecanismo de los “traslados”, los vuelos de la muerte y los tormentos sufridos por decenas de víctimas.
La Cámara Federal de Casación Penal dictó un fallo histórico en materia de crímenes de lesa humanidad al condenar a prisión perpetua a tres ex gendarmes por su participación en los homicidios cometidos en el circuito represivo ABO -integrado por los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo- durante la última dictadura cívico-militar.
La decisión fue adoptada por la Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Gustavo Marcelo Hornos y Javier Carbajo, quienes revocaron parcialmente la sentencia dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral Federal 2.
En aquel pronunciamiento, el TOF 2 había impuesto penas de 25 años de prisión por privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos, aunque había absuelto a los imputados respecto de los homicidios. Tras las apelaciones del Ministerio Público Fiscal y las querellas, Casación modificó el criterio y condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua a los exgendarmes Hugo Luis Medina, Sergio Raúl Nazario y Miguel Pablo Lugo como partícipes necesarios de homicidios agravados por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de 18 víctimas.
La acción penal contra el ex policía Carlos Alberto Infantino fue declarada extinguida por fallecimiento, mientras que se confirmó la absolución del ex gendarme Miguel Víctor Pepe.
El Olimpo, los “tubos” y el “quirófano”
El fallo reconstruyó con crudeza el funcionamiento del circuito represivo ABO, que operó bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército y constituyó uno de los engranajes más violentos del terrorismo de Estado.
Los testimonios ventilados durante el juicio permitieron describir las condiciones de cautiverio dentro de los centros clandestinos. Las víctimas permanecían “tabicadas”, alojadas en diminutos calabozos conocidos como “tubos”, de apenas 80 centímetros de ancho. La alimentación era insuficiente y la falta de higiene provocó enfermedades como tuberculosis y meningitis.
La sala de torturas -denominada “quirófano”- era el núcleo del horror. En el CCD Olimpo, incluso, un cartel recibía a los detenidos con la frase: “Bienvenidos al Olimpo de los Dioses”. Allí se aplicaban picana eléctrica, golpizas y tormentos sistemáticos mientras una radio a alto volumen buscaba ocultar los gritos.
La sentencia también destacó el ensañamiento contra personas judías, homosexuales y mujeres detenidas, muchas de ellas sometidas a abusos sexuales y violaciones.
Los “traslados” y los vuelos de la muerte
Uno de los aspectos centrales del fallo fue la acreditación judicial del mecanismo de exterminio conocido como “traslados”, el eufemismo utilizado por la dictadura para encubrir los asesinatos cometidos mediante los vuelos de la muerte. Una metodología brutal que quedó retratada con rigor en el documental Traslados, dirigido por Nicolás Gil Lavedra y producido por Zoe Hochbaum y Milagros Hadad, que reconstruye una de las prácticas más atroces implementadas durante la última dictadura militar argentina.
Casación dio por probado que el 6 de diciembre de 1978 un grupo de más de 25 detenidos fue retirado del Olimpo para ser asesinado. Según reconstruyó el tribunal, los cautivos eran llamados por códigos alfanuméricos, obligados a entregar sus pertenencias y sometidos a inyecciones de Pentotal para dejarlos inconscientes. Los represores les decían que se trataba de vacunas o vitaminas para un supuesto traslado a granjas de recuperación o cárceles del sur del país.
El ex gendarme Omar Eduardo Torres aportó uno de los testimonios más relevantes del proceso al describir cómo las víctimas eran cargadas en un camión Mercedes Benz 608 y trasladadas hacia Aeroparque o El Palomar para luego ser arrojadas al mar desde aeronaves militares.
Días después de aquel operativo, entre el 16 y el 17 de diciembre de 1978, varios cadáveres aparecieron en playas del Partido de la Costa. Las pericias forenses determinaron que las víctimas murieron por asfixia y por el impacto contra el agua.
Historias que atravesaron el juicio
El juicio ABO V también permitió reconstruir historias emblemáticas de la represión ilegal.
Entre ellas, la persecución a estudiantes del Colegio Santa Lucía de Florencio Varela, cuyos alumnos fueron secuestrados y desaparecidos; el caso de Victoria Vallejos, una joven empleada doméstica de 16 años secuestrada junto a su novio por orden de su propio empleador, el represor Infantino; y el cautiverio de Iris García Soler, embarazada al momento de su secuestro y obligada luego a parir en la ESMA.
El fallo también recordó el caso del hijo de Iris, José, quien años más tarde recuperó su identidad y se convirtió en el nieto recuperado número 122 por Abuelas de Plaza de Mayo.
El rol de cada represor
Las defensas intentaron desligar a los imputados de los homicidios bajo el argumento de que cumplían funciones de guardia o inteligencia y que no participaron materialmente de los vuelos. Sin embargo, Casación aplicó la teoría del dominio funcional del hecho dentro del plan sistemático de exterminio.
Según el tribunal, Hugo Luis Medina fue clave para dotar de personal represivo al Olimpo; Sergio Raúl Nazario -conocido como “El Comandante Estévez”- interrogaba detenidos y actuaba en tareas de inteligencia; mientras que Miguel Pablo Lugo integraba la guardia interna y trasladaba víctimas hacia las salas de tortura.
Los jueces concluyeron que ninguno podía desconocer el destino final de las víctimas cuando eran mantenidas en condiciones infrahumanas, privadas de alimentos, dopadas y cargadas en camiones durante la madrugada. Su aporte, sostuvieron, fue “esencial” para consumar el exterminio.
Con esta sentencia de más de 1400 páginas, la Justicia volvió a ratificar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y la responsabilidad penal de todos los integrantes del aparato represivo, desde los jefes hasta quienes custodiaban los centros clandestinos y participaban de los traslados hacia la muerte.
