La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), dependiente de la Corte Suprema, afronta una creciente demanda de servicios en el marco del sistema acusatorio. En los primeros cuatro meses de 2025, ya realizó 6.857 asistencias a investigaciones penales en todo el país.
Se trata del único organismo habilitado para ejecutar intervenciones telefónicas ordenadas por la Justicia.
Este rol técnico se vuelve cada vez más estratégico en el marco de la implementación progresiva del sistema acusatorio en el fuero federal, que otorga mayor protagonismo al Ministerio Público Fiscal, explica en un informe estadístico.
Entre 2016 y 2025, el 79,4 por ciento de las asistencias brindadas por la DAJuDeCO fueron solicitadas por los ministerios públicos fiscales y de la acusación —tanto federales como locales—, mientras que los juzgados federales y ordinarios representaron el 20,6% restante. Esta tendencia refleja el impacto de la nueva lógica procesal, donde los fiscales conducen la investigación y requieren mayor apoyo técnico en tiempo real.
Qué hace la DaJuDeCo
Uno de los puntos más significativos del trabajo de la Dirección es la intervención en comunicaciones, especialmente en materia de escucha directa. Entre 2016 y 2025 se realizaron 5.327 asistencias de este tipo, que corresponden a 4.097 causas judiciales. El 71% fue solicitado por juzgados y el 28% por fiscalías
En materia de obtención de registros de comunicaciones y datos de localización, la DAJuDeCO prestó 1.875 asistencias, de las cuales casi un 65% fue requerido por fiscalías. Este tipo de asistencia incluye información de redes sociales, correos electrónicos, y ubicación geográfica a través de compañías de telefonía o datos de antenas.
Los números son más contundentes cuando se trata de asistencia por requerimientos de datos asociados, como titularidades, domicilios de facturación, listados de llamadas o impactos de antenas. Desde 2016 se realizaron 206.818 asistencias de este tipo, de las cuales un 80,79% fue requerido por fiscales y solo el 19,21% por jueces.
El Informe Estadístico de la Dirección también da cuenta de las asistencias en materia económica, contable y financiera, utilizadas especialmente en investigaciones sobre corrupción y delitos complejos. Se realizaron 149 en total: 115 solicitadas por juzgados y 34 por fiscalías.
Además, la Dirección tiene un Departamento de Traducciones, que colaboró en 50 oportunidades, principalmente traduciendo documentos técnicos del inglés, y cuenta con una plataforma informática de distribución digital (DiDi) que permite la descarga diaria de datos resultantes de intervenciones, con altos niveles de implementación tanto a nivel federal como local.
La plataforma informática permite realizar las descargas diarias del contenido resultante de las solicitudes de intervención autorizadas judicialmente a través de una conexión segura. Está implementada al 92% en los organismos federales (el 8% restante está en proceso de implementación), mientras que en las procuraciones locales del interior del país el nivel de implementación es del 82% (y el restante 18 se encuentra en proceso). Para el adecuado uso de DiDi, en los últimos tres años la DAJuDeCo capacitó a más de 1840 personas.
En su informe de gestión, detalló que entre 2016 y 2024 prestó 5.189 asistencias en tiempo real sobre un total de 16.314 abonados, procesó 160.232 solicitudes de datos y respondió con 426.349 informes. En cuanto al análisis de comunicaciones —como entrecruzamientos de llamadas o identificación de interlocutores frecuentes—, se registró un crecimiento del 2206%, pasando de 14 asistencias en 2016 a 399 en 2024.
La Dirección, que presta servicios las 24 horas, los 365 días del año, asiste a las distintas autoridades judiciales y fiscales de todo el país a través de la confección de informes técnicos-jurídicos que son requeridos en el marco de las etapas instructoras de las causas judiciales. Además, cuenta con el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública.
Respecto del Cuerpo de Peritos Anticorrupción y Delitos contra la Administración Pública, conformado por seis contadores públicos, dos ingenieros civiles, uno en sistemas y dos abogados, durante el lapso comprendido en el informe realizó 129 peritajes y ampliaciones, mientras que hay 23 peritajes en curso.
En las provincias
A nivel territorial, las provincias que más demandaron la intervención del organismo fueron Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Luego se ubicaron las jurisdicciones de Santa Fe y Entre Ríos, y en tercer lugar Buenos Aires y La Pampa, lo que refleja el proceso de federalización operativa que la Dirección ha impulsado en los últimos años.
Este proceso incluyó la mejora de las 26 delegaciones que tiene la Dirección en todo el país, el fortalecimiento de la cadena de custodia de la evidencia digital, el desarrollo de protocolos de actuación, la capacitación de operadores judiciales y la certificación de Normas ISO 9001:2015, lo que implicó una estandarización y optimización de todos sus procedimientos internos.
Lavado de activos: GAFI y OCDE
La Dirección no solo actúa en coordinación con el Poder Judicial y los Ministerios Públicos, sino que también mantiene vínculos de cooperación con organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la OCDE, y participa junto al Ministerio Público Fiscal en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENAR), que monitorea el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Con una actividad ininterrumpida los 365 días del año, la DAJuDeCO se consolida como un engranaje esencial del nuevo sistema penal acusatorio, brindando respuestas técnicas con estándares internacionales de calidad y garantizando la protección de los derechos fundamentales durante las investigaciones complejas. En un contexto donde las causas penales requieren un abordaje ágil y tecnificado, su rol se vuelve cada vez más imprescindible.
