La pluriparentalidad, los derechos de los niños en un contexto de mayor transnacionalización y la crisis de los cuidados estuvieron en el centro del debate en el primer día del Congreso de la Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia (AIJUDEFA) que comenzó este martes en Nueva York. Cobertura exclusiva.
Jueces, académicos y abogados de distintos países participaron de jornadas académicas y paneles de discusión con expertos de Brasil, Rumania, España, Argentina, República Dominicana, Chile, México y EEUU sobre las complejidades jurídicas de la familia en un mundo global cambiante.
“El derecho de familia, como la familia misma, está en constante evolución y eso nos exige una actitud abierta, reflexiva y en permanente aprendizaje”, dijo en la apertura Patricia Kuyumdjian de Williams, presidenta de AIJUDEFA.
Universidad de Fordham
Por la mañana, los participantes asistieron a una serie de debates académicos en la Universidad de Fordham en el Upper West Side de Manhattan.
Ricardo Calderón, director del Instituto Brasileiro de Derecho de Familia (IBDFAM), disertó sobre el concepto de pluriparentalidad en su país.
“En Brasil tenemos una igualdad entre la filiación biológica y la filiación socioafectiva”, dijo Calderón. “A partir de eso alcanzamos la posibilidad jurídica de la pluriparentalidad. Esta concepción, que da tanto peso al afecto cotidiano como al vínculo de sangre, permite que haya niños con más de dos padres o madres. Así quedó establecido a partir de un fallo de la Suprema Corte de Brasil en 2016”, agregó Calderón.
Bogdan Moloman, licenciado en derecho por la Universidad Babeş-Bolyai de Rumania, abordó la noción de residencia habitual, que es central para resolver las disputas que involucran menores. Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dijo Moloman, la residencia habitual es “el lugar en el que el interesado ha establecido, con la intención de conferir un carácter estable, el centro permanente o habitual de sus intereses”.
Florencia Castro, coordinadora jurídica de la oficina regional para América Latina y el Caribe en la Conferencia de La Haya, repasó los puntos principales del Convenio de 1996 sobre protección de los niños.
Castro enfatizó que muchas veces la vida de los niños trascienden fronteras y necesitan protección cuando se encuentran en un país distinto al de su residencia habitual, pero dijo que a pesar de que el convenio tiene casi 30 años, aún no ha sido incorporado por todos los países de la región.
“Todavía no impactó en los niños a los que busca proteger”, dijo Castro. “Estamos en deuda con la infancia”, añadió.
Carlos Enrique Camps, secretario de civil, comercial y de familia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dijo que veía en su juzgado muchos casos de restituciones internacionales.
“Los conflictos internacionales basados esencialmente en la Convención del Haya del 80, y temo que se va a extender a la inversión de la Convención del Haya del 96, son de los más virulentos, de los más profundamente conflictivos y que generan batallas internacionales del más alto voltaje”, sostuvo Camps. “Eso le da una condición de altísima litigiosidad al planteamiento tanto de las pretensiones como de las oposiciones a las pretensiones”, resaltó.
Camps criticó que la legislación procesal es “inconvencional” en Argentina porque a menudo viola las pautas del Pacto de San José de Costa Rica y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señaló que Argentina ha sido condenada por la Corte Interamericana en casos de familia con menores por violación al derecho humano al proceso eficaz y al plazo razonable.
Rosalía Fernández Alaya, magistrada de la Audiencia Provincial de Las Palmas, España, presentó el modelo de consenso parental, una iniciativa para abordar conflictos familiares judicializados que busca “humanizar realmente la justicia”. Este modelo, originado en Alemania y en expansión en Europa, promueve una intervención rápida desde el inicio por parte del tribunal, con audiencias en un máximo de tres semanas.
Fernández Alaya dijo que el objetivo es recentrar a los progenitores en las necesidades de los menores y fomentar la corresponsabilidad parental, evitando la sobreexposición del niño al conflicto.
“Es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos”, dijo Fernández Alaya.
Naciones Unidas
El congreso se inauguró formalmente por la tarde en un auditorio de la sede de la Organización de las Naciones Unidas.
Paula Narváez, embajadora y representante permanente de Chile ante la ONU, destacó que su país había sido pionero en el reconocimiento legal del trabajo del cuidado y en establecer su verdadero valor. Citó como ejemplo la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos, que establece que las resoluciones judiciales deben computar el trabajo de cuidado.
“Esta medida reconoce por primera vez que la labor de cuidado debe ser cuantificada al momento de establecer responsabilidades económicas”, dijo Narváez.
Ángela Russo Mainieri de Cedeño, magistrada de la Corte Suprema de Panamá, también puso el foco en la crisis de los cuidados.
“El derecho de cuidado va dirigido básicamente a esas personas, en especial las mujeres, que por una construcción cultural e histórica ha asignado ese rol, producto de los estereotipos que el sistema patriarcal le ha establecido», manifestó Rosso Maineri.
Russo resaltó la Ley Modelo Interamericana de Cuidado y el Compromiso de Buenos Aires de 2022, que buscan resignificar el trabajo de cuidado no remunerado y promover una corresponsabilidad social y de género. Citó datos de CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo, que revelan que las mujeres en América Latina dedican entre el 69% y el 86% del tiempo de trabajo no remunerado en los hogares.
“No es una responsabilidad exclusiva de las mujeres, ni tampoco individual, sino que se trata de un deber que legalmente debe ser compartido entre varones y mujeres con el objeto de reorganizar socialmente el cuidado”, dijo Russo Mainieri.
En el panel participaron dos jueces estadounidenses de ascendencia latina. Una fue la magistrada Lourdes Ventura, de la Corte de Apelaciones de Nueva York y presidenta de la Asociación de Jueces Latinos del Estado de Nueva York. También estuvo Michael Noriega, juez de la Corte Suprema de Nueva Jersey, quien se presentó con orgullo como el primer peruano-estadounidense y el segundo latino en la historia de la corte estatal.
«El tribunal de familia no es sólo foro para resolver conflictos, es un espacio donde reconstruimos vínculos familiares, protegemos a los vulnerables y apoyamos que los niños prosperen”, recalcó Noriega.
El VI Congreso Internacional de la AIJUDEFA se celebra entre el martes 10 y el viernes 13 de junio en Nueva York, con Quórum como media partner. AIJUDEFA es una organización internacional sin ánimo de lucro de habla hispana que agrupa a abogados, jueces, fiscales y especialistas en derecho de familia y sucesiones para fomentar el desarrollo profesional y científico, así como la difusión de legislación, jurisprudencia y doctrina.
