En un fallo inédito, el Tribunal de Impugnación de Río Negro anuló un juicio por un crimen en General Conesa y ordenó repetir el debate. Para los jueces, el jurado popular no comprendió las instrucciones finales y deliberó durante más de 16 horas sin claridad normativa.
El Tribunal de Impugnación de Río Negro resolvió anular el juicio por jurados que se realizó en diciembre del año pasado por el homicidio de Beimar Llanos Condori, ocurrido en la localidad de General Conesa. Los jueces, en una decisión por mayoría, ordenaron la realización de un nuevo juicio oral y público al entender que el jurado popular no comprendió las instrucciones legales que debían guiar su deliberación.
La causa se originó el 7 de agosto de 2023, cuando Llanos Condori fue asesinado en una chacra de General Conesa. Eduardo Morello fue acusado de homicidio agravado, mientras que su defensa sostuvo que actuó en exceso de legítima defensa. El juicio por jurados culminó sin veredicto: los jurados no lograron alcanzar los 10 votos necesarios para declarar culpabilidad o inocencia, por lo que el juez técnico absolvió al acusado.
Sin embargo, tanto la fiscalía como la querella impugnaron el proceso y denunciaron que el jurado no había comprendido el mecanismo deliberativo debido a instrucciones imprecisas, extensas y mal gestionadas. El Tribunal de Impugnación les dio la razón: “No se cuestiona aquí el contenido del veredicto (porque no hay veredicto), ni la validez del juicio por jurados como institución. Se advierte la falta de instrucciones complementarias y adecuadas en una fase crítica: la deliberación”, afirma el fallo.
Los jueces detallaron que el jurado deliberó durante más de 16 horas en una única jornada, tras escuchar instrucciones finales que se extendieron por una hora y media, con interrupciones, audiencias privadas y múltiples pedidos de aclaración. A pesar de estas señales de desconcierto, el juez técnico no brindó las explicaciones necesarias para encauzar el análisis.
La situación se agravó cuando el jurado manifestó estar “estancado” entre dos alternativas. Según el tribunal, esas dudas no deberían producirse si se sigue el orden de análisis descendente que establece la ley. Fue entonces cuando quedó expuesto un “defecto estructural” del proceso: la falta de información clara y suficiente sobre cómo debían decidir.
El fallo incluye fragmentos de las audiencias privadas en las que tanto la fiscalía como la querella reclamaron que se reforzaran las instrucciones, que se explicara el orden de valoración de los delitos y que se informara qué ocurriría si no se alcanzaban los diez votos necesarios. La defensa se opuso. Pero el TI fue categórico: “No vemos ninguna posibilidad de influencia indebida en que el jurado conozca lo que dice la ley; más bien, se trata de una garantía de libertad”.
Según el tribunal, la decisión no vulnera la garantía del doble juzgamiento. “No estamos ante un jurado que quedó sin seleccionar un veredicto como consecuencia de una deliberación a la que precedieron instrucciones claras”, sostuvieron los jueces. Por el contrario, “estamos ante un proceso en el que no se explicaron debidamente las reglas aplicables”.
Pese a la anulación, el fallo reconoció la labor del jurado popular. “El jurado asumió estoicamente sus funciones durante una jornada extenuante. El problema fue estructural y atribuible a quienes operamos el sistema, no a sus integrantes”, remarcaron.
La posición minoritaria en el tribunal votó por rechazar los recursos, entendiendo que la defensa respondió adecuadamente a los agravios y que no existieron vicios que justificaran una nulidad. Pero la mayoría impuso su criterio y dejó sin efecto tanto el juicio como la absolución dictada por el juez técnico.
El nuevo debate oral y público aún no tiene fecha, pero deberá realizarse bajo estrictas garantías para evitar que se repitan los errores detectados.
