A las 15:12 de ayer, el Tribunal Oral Federal 2 terminó el proceso de firma de la resolución que dejó formalmente presa a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y se inició la ejecución de su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad. Qué sigue a nivel judicial.
Por orden del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 la policía notificó de manera personal a Cristina Kirchner ayer en el domicilio donde cumple arresto domiciliario, San José 1111 de la ciudad de Buenos Aires. Pero, por el momento, no se le colocará la tobillera electrónica que ordenaron los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
El último párrafo del artículo 33 de la Ley de Ejecución Penal prevé que al implementar la concesión de prisión domiciliaria se exigirá un dispositivo electrónico de control, el cual sólo podrá ser dispensado por decisión judicial, «previo informe favorable de los órganos de control y del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución».
El TOF2 en su resolución dispuso ayer que teniendo en cuenta lo dispuesto en esa norma se solicite al órgano de control y al equipo interdisciplinario «que elaboren un informe que establezca la pertinencia de la medida en cuestión en el caso concreto».
Es decir, el próximo paso para Cristina Kirchner será recibir a quienes tendrán a cargo cumplir con la orden judicial. Una vez concluído este trámite el Tribunal dará la orden concreta de colocación de la tobillera.
Desde ahora, el fiador de la prisión domiciliaria será su hijo, Máximo Kirchner.
Por otro lado, el Tribunal dejó en claro que determinar en un futuro la modalidad futura de la custodia personal de Cristina Kirchner por su rol como ex Presidenta «es una competencia exclusiva» del Ministerio de Seguridad de la Nación.
«La determinación acerca de la modalidad futura de la custodia personal de la peticionante es una competencia exclusiva del ministerio en cuya órbita actúa la División Custodia de Ex Mandatarios -dependiente de la Policía Federal Argentina-, por fuera de la potestad jurisdiccional del tribunal», afirmaron los jueces al respecto.
Además, la función y misión de la División Custodia de ex Mandatarios es la de garantizar la seguridad integral de la ex Presidenta (neutralizando cualquier tipo de riesgo sobre su persona) pero no la de fiscalizar el fiel cumplimiento de su prisión domiciliaria, algo que se hará con la tobillera electrónica.
En 48 horas tendrá que entregar al Tribunal un listado de familiares, abogados, custodios y médicos que podrán visitarla sin permiso previo. Para todo lo demás tendrá que pedir autorización.
Qué se sabe del lugar elegido por Cristina para su prisión domiciliaria
La ex Presidenta vive sola en el departamento desde 2022. En el informe socioambiental hecho de manera previa a concederle la domiciliaria, fue entrevistada y explicó que se mudó allí luego del atentado contra su vida en septiembre de ese año.
La vivienda, «de propiedad familiar», está en una «zona urbana de fácil accesibilidad, en buen estado de conservación, y cuenta con todos los servicios», consignó ese informe.
En relación con su situación personal del informe surge que no posee ingresos regulares previsionales (asignación especial y pensión), «motivo por el cual se encuentra en juicio con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)» y que solventa sus gastos mediante ahorros y que tiene cobertura médica vigente con la empresa OSDE en el plan 510.
Las próximas citas judiciales de Cristina
Cristina nunca estuvo detenida por ende recién desde ayer comenzó el cómputo de la pena que le permitiría en un futuro acceder a algún beneficio como la libertad condicional.
Además en noviembre próximo tiene cita otra vez como acusada en el caso Cuadernos, ante el Tribunal Oral Federal 7. Este debate oral al que llega procesada como supuesta jefa de asociación ilícita se realizará de manera virtual, a través de videoconferencia por decisión de los jueces. De esta forma no habrá necesidad de traslados a sede judicial.
En preparación están otros dos futuros debates orales donde está acusada: la firma del Memorandum con Irán por el atentado a la AMIA y el caso Los Sauces-Hotesur.
