Desde hace semanas el juzgado trabaja en una extensísima resolución para la causa Seguros con el eje puesto en delimitar delitos y situaciones procesales, entre ellas la de Alberto Fernández. Ante esa inminente decisión, el ex Presidente solicitó volver a declarar. Que le pidió al juez y como seguirá el caso.
El ex presidente Alberto Fernández llegó a los tribunales de Retiro a las 12, subió directo al cuarto piso y con los accesos totalmente cerrados al público, caminó tranquilo entre custodios y abogados hasta el despacho del juez federal Sebastián Casanello.
Allí lo esperaba el magistrado y se sumó el fiscal federal Carlos Rivolo.
Fernández pidió ampliar su declaración indagatoria ante Casanello para sumar información en pos de su defensa. El ex Presidente rechazó de manera contundente las acusaciones, defendió que la firma del decreto y la creación de una política pública eran transparentes y solicitó nuevas medidas de prueba para fortalecer su defensa.
Afirmó que nunca participó de contrataciones de forma particular y que la implementación del decreto sobre pólizas estatales respondía exclusivamente a una política pública.
Fernández explicó que la normativa firmada buscaba evitar intermediarios en los seguros estatales, remarcó que “nunca hizo negocios” personales y que la medida tenía por objetivo terminar con el negocio de los brokers en el Estado.
Además, negó haber intervenido en las contrataciones hechas por su entonces amigo y broker Héctor Martínez Sosa.
Más pruebas y testigos
El ex Presidente solicitó ampliar la producción de pruebas en su defensa, incluyendo la declaración como testigos de figuras clave de su gestión: Vilma Ibarra, Miguel Pesce, el ex ministro Martín Guzmán y el ex canciller Juan Pablo Cafiero.
La declaración se enmarca en un proceso judicial más amplio que involucra a 38 imputados vinculados a la contratación de seguros estatales entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023. Se acusa un presunto direccionamiento para favorecer a Nación Seguros SA y comisiones millonarias que habrían beneficiado a intermediarios. El perjuicio al Estado está valuado en más de 3.364 millones de pesos.
La Cámara Federal porteña anuló ayer la inhibición general de bienes impuesta a los imputados porque, argumentó, ya transcurrieron cinco meses desde el cierre de indagatorias (febrero de 2025) sin resolución, por lo que la medida cautelar no estaba justificada.
Los próximos pasos
Ahora será Casanello quien deberá decidir si procesa a Fernández y al resto de los imputados o bien dictar la falta de mérito o sobreseimiento. Además, deberá evaluar las nuevas medidas probatorias solicitadas y ordenar otras si lo considera pertinente. La situación procesal de los acusados deberá definirse “con premura”, según pidió la Cámara Federal.
Casanello quedó a cargo del caso en febrero último cuando cambió la subrogancia del juzgado federal 11, que en 2024 estuvo a cargo de su colega Ercolini
Fue este último magistrado quien indagó a Fernández en noviembre último por lo cual es la primera vez que Casanello escuchó al ex presidente en la causa, en la que tiene que resolver las situaciones procesales de todos los imputados indagados antes del cambio de juez.
De qué se acusa a Fernández
Al ser indagado el 27 de noviembre se acusó a Fernández por el montaje entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2023 -es decir durante toda su Presidencia- un “esquema de recaudación y distribución de fondos públicos” con el irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros que reparticiones públicas estaban obligadas a gestionar con “Nación Seguros SA”.
Todo habría sido en “connivencia” de otros acusados con el entonces Presidente de la Nación y con su “aprobación primigenia” para “la conformación de la estructura y la modalidad delictiva descriptas” para lo cual se habría aprovechado “de su investidura”, según la acusación.
La maniobra habría girado en torno a incorporar intermediarios -brokers- entre los entes estatales y la empresa aseguradora oficial en rol de “productores, organizadores y másters” previa “designación irregular”
El perjuicio al Estado Nacional se calcula en un total de 3.364.522.944 pesos (más del 87% de los 3.857.616.638,31 pesos liquidados por la aseguradora oficial a todos los intermediarios por todas las pólizas emitidas a entes estatales entre el 10/12/2019 y el 09/12/2023), detalla la acusación.
La defensa de Alberto Fernández, encabezada por la Dra. Mariana Barbitta emitió el siguiente comunicado:
