El movimiento surgió el 3 de junio de 2015 como un hartazgo a la violencia machista que tuvo su pico con el brutal femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años que estaba embarazada de tres meses y se había negado a abortar. A partir de entonces, la Corte Suprema de Justicia de la Nación creó el primer Registro Nacional de Femicidios de la Argentina, fue promulgada la Ley Micaela que establece la capacitación obligatoria en materia de género a los funcionarios públicos y se consolidó la Línea 144, que brinda atención, asesoramiento y contención a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia.
“En 2008 mataron una mujer cada 40 horas; en 2014, cada 30. En esos siete años, los medios publicaron noticias sobre 1.808 femicidios. ¿Cuántas mujeres murieron asesinadas sólo por ser mujeres en 2015? No lo sabemos. Pero sí sabemos que tenemos que decir basta”. El primer manifiesto del “Ni una Menos” fue publicado el 3 de junio de 2015, en coincidencia con la primera marcha del colectivo que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en el país. Ya pasaron diez años y cuatro presidentes desde aquella histórica “marea verde” feminista. Muchas cosas cambiaron, aunque los números siguen siendo más o menos los mismos.
El movimiento nació como un hartazgo a la violencia machista que tuvo su pico con el brutal femicidio de Chiara Páez. Su novio -dos años mayor- la mató a golpes porque no quería abortar y enterró en el fondo de su casa de la localidad de Rufino, Santa Fe.
“Fue todo muy espontáneo. La gente salió a la calle. Se hablaba en ese momento de más de 85 ciudades. Y tuvo una repercusión mundial. Tengo fotos de Chiara en medios de Turquía, Bélgica, España, México. Fueron como 20 países”, recuerda Fabio Páez, el papá de Chiara, en una entrevista con Quórum. Y afirma: “Fue el hartazgo lo que explotó. En los medios de todo el mundo salió el femicidio de Chiara y de ahí tomó una fuerza más grande”.
El primer grito
“Ni una menos es un grito colectivo, es meterse donde antes se miraba para otro lado, es revisar las propias prácticas, es empezar a mirarnos de otro modo unos a otros, es un compromiso social para construir un nuevo nunca más. Repetimos. No queremos más mujeres muertas por femicidio. Queremos a cada una de las mujeres vivas. A todas”, planteaba el primer documento.
El Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” (AQSNV) lleva las estadísticas de los femicidios en base a un análisis de medios gráficos y digitales de todo el país. En estos diez años se han registrado 2.827 casos desde el 3 de junio de 2015 hasta el 25 de mayo pasado.
Raquel Vivanco, fundadora y directora del Observatorio, asegura que la histórica movilización “significó un antes y un después” porque “por primera vez en la historia Argentina las reivindicaciones del movimiento feminista fueron tomadas por el conjunto de la sociedad”.
“A partir de ese momento la toma de conciencia fue enorme, muchas mujeres comprendieron que la violencia que sufrían puertas adentro de sus hogares respondía a un problema de orden político y social y no de la vida íntima. Luego del Ni Una Menos la Línea 144 de atención a víctimas de violencia de género tuvo un pico de llamadas como nunca antes había tenido, lo que hizo que tuvieran que contratar más operadoras para dar respuesta a dicha demanda”, destaca a Quórum.
Vivanco recuerda que desde ese día “hubo anuncios en todos los poderes del Estado”. “Se jerarquizaron las políticas de género a nivel nacional y la Corte Suprema de Justicia de la Nación creó el primer Registro Nacional de Femicidios de la Argentina, hasta ese momento sólo contábamos con los datos elaborados por la ONG La Casa del Encuentro. Junto con la exigencia de que dejen de matarlos incorporamos a la agenda política, mediática y social otras reivindicaciones históricas como el derecho a transitar el espacio público sin violencia y decidir sobre nuestros cuerpos y plan de vida”, reconoce.
“Las pibas fueron las grandes protagonistas”, resalta la directora de AQSNV. “Sin saberlo estábamos en la antesala de lo que luego sería la marea verde que conquistó el derecho al aborto legal, seguro y gratuito cinco años después”, agrega.
No obstante, Vivanco asegura que pese a las conquistas logradas en estos diez años hoy enfrentan “un escenario de retroceso en materia de políticas públicas y de amenaza a los derechos conquistados sin precedentes”.
“El gobierno de Javier Milei no sólo cerró el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación sino que desfinanció la gran mayoría de programas creados para el abordaje y la prevención de las violencias motivadas por el género, incumpliendo con leyes y tratados internacionales de derechos humanos de mujeres y LGBTIQ+ vigentes en nuestro país. En la misma línea, los discursos de odio arengados por el presidente y su gabinete contribuyen al recrudecimiento de la violencia machista. En lo que va del 2025 observamos un incremento significativo de casos de femicidios en Argentina, 108 casos entre el 1 de enero y el 25 de mayo en 2025 y 97 en 2024”, advierte a esta revista.
En el mismo año que nació Ni una Menos, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) lanzó un registro de homicidios dolosos de mujeres cis, mujeres trans y travestis en la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de producir datos con perspectiva de género sobre violencia extrema. Hasta 2023 se registraron un total de 115 víctimas de femicidios en CABA.
Curiosamente, el mayor registro de casos corresponde a 2015 con 21 femicidios, mientras que el más bajo se registró en 2022 con seis víctimas. “En ese período, la violencia de género constituyó el principal contexto en el que se produjeron las muertes dolosas de mujeres cis, mujeres trans y travestis: el 61% de los homicidios dolosos con víctimas femeninas fueron categorizados como femicidios. El registro más elevado de esta relación se produjo en el 2020, con el 79% de los homicidios clasificados como femicidio”, señala el último documento de la UFEM.
Desde Amnistía Internacional reconocen los avances en materia de políticas públicas con perspectiva de género, que responden a las demandas impulsadas en la histórica movilización del 3 de junio de 2015.
Entre las medidas más relevantes destacan la creación del registro oficial de femicidios, a cargo de la Corte Suprema de Justicia. También la conformación del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género, fundamental para garantizar el acompañamiento legal especializado.
La Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género para todo el personal del Estado en sus distintos niveles, marcó un antes y un después en la institucionalización de la perspectiva de género en la administración pública. En la misma línea, se consolidó la Línea 144, que brinda atención, asesoramiento y contención a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia, atendiendo en promedio más de 10 mil llamadas por mes.
El Estado también puso en marcha programas de asistencia integral, como el Programa Acompañar, orientado a fortalecer la autonomía económica de quienes atraviesan contextos de violencia, y se avanzó en la creación de fiscalías especializadas en violencia de género en la mayoría de las jurisdicciones del país.
Sin duda, uno de los hitos más relevantes de los últimos años fue la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que consagró el derecho a decidir y amplió el acceso a la salud reproductiva, saldando una deuda histórica con los derechos de las mujeres y personas gestantes.
“‘Ni Una Menos’ fue un grito colectivo que rompió el silencio e hizo visible aquello que durante muchos años fue invisibilizado. Diez años después, su potencia transformadora sigue viva», reconoce Mariela Belski, directora ejecutiva del organismo.
“Se han logrado avances históricos, pero también enfrentamos retrocesos alarmantes. En un contexto de discursos negacionistas y desmantelamiento de políticas públicas, es esa misma fuerza la que necesitamos para defender lo logrado y exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones y garantice a mujeres y niñas una vida libre de violencia”, advierte Belski.
Ministerio nacional
En diciembre de 2019 el gobierno de Alberto Fernández creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Entre diciembre de ese año y diciembre de 2022, la cartera atendió más de 357 mil consultas vinculadas a situaciones de violencia de género a través de la Línea 144. Durante ese período, también brindó acompañamiento a 665 familiares de víctimas de femicidios y capacitó a cerca de 15 mil funcionarios públicos en el marco de la Ley Micaela, destinada a la formación en derechos de las mujeres.
Según datos publicados en el sitio oficial de la cartera, se realizaron más de 2.400 instancias de capacitación orientadas a la prevención de la violencia de género en diversos ámbitos, como organismos estatales, empresas, espacios deportivos y medios de comunicación. Además, se otorgó asistencia económica directa a más de 258.000 mujeres y personas LGBTI a través del programa Acompañar.
Sin embargo, apenas asumió el presidente Javier Milei, el Ministerio pasó a la categoría de subsecretaría quedando bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación. En agosto de 2024 el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona anunció su cierre definitivo. “Las cifras de violencia no disminuyeron, por el contrario, se incrementaron, En la gestión que nos precedió es fundada la crítica sobre la mala gestión de los recursos. En 2023 hubo una paulatina desinversión en el Ministerio, la violencia siguió latente, había desidia”, argumentó el funcionario ante la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados que lo convocó para que dé explicaciones sobre las políticas de género del Gobierno.
Para Vivanco el principal acontecimiento de la década fue precisamente la creación de ese ministerio que el Gobierno Nacional decidió cerrar. “Fue el mayor logro en materia de institucionalidad de las políticas de género, si bien desde el año 1991 contábamos con áreas especiales para el abordaje integral de las violencias nunca habíamos logrado tener un Ministerio que desarrollara políticas específicas y transversales. Programas como el Acompañar, de apoyo económico a personas en situación de violencia de género, o el Programa de Apoyo Urgente y Asistencia Integral Inmediata a víctimas y familiares de víctimas de violencias extremas son muy importantes, la precarización de la vida de las mujeres hace que muchas veces no tengan los recursos económicos para poder salir de vínculos violentos. Para que nos demos una idea de lo que estamos hablando: el 28% de los femicidios cometidos en lo que va de este año ocurrieron en la vivienda compartida con el agresor, la falta de autonomía económica es un grave impedimento para muchas mujeres al momento de salir de relaciones violentas. La sanción de importantes leyes de ampliación de derechos como la Ley de Legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, La ley Micaela y la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans sin dudas fueron de las conquistas más importantes que logramos en estos diez años, y que hoy están en riesgo a partir de la asunción de la ultraderecha al gobierno nacional de la mano de Milei”, valora.
Hoy, en el país, existe un solo ministerio provincial de las Mujeres, Políticas de Género, y Diversidad Sexual: el de Buenos Aires, que está a cargo de Estela Díaz. Fue creado el 11 de diciembre de 2019. “Nosotras articulamos con todos los mecanismos de mujeres de todas las provincias del país y dialogamos para ayudarnos, para colaborar allá donde el Gobierno Nacional está ausente, y diría peor que ausente: está trabajando en contra de lo que hacemos”, reconoce la ministra en diálogo con Quorum.
Para la funcionaria del gobierno de Axel Kicillof “el #NiUnaMenos produjo una transformación social en términos del reconocimiento de las violencias de género y las desigualdades significativa, que transformó la vida de las personas, incluso las instituciones, de una manera notable”.
“El reconocimiento de la violencia de género y de la violencia machista en los planos de la vida como persistían, el #NiUnaMenos posibilitó verlo. Desde la discusión de la violencia más extrema del femicidio, a notar que en los campos de lo deportivo, el trabajo, los sindicatos, la política, la academia, en todos hay desigualdades. Reescribiendo la imagen bíblica, el que esté libre de machismo, que tire la primera piedra. Nos interpeló como sociedad en su conjunto, a todas las mujeres pero también el machismo cultural nos permea al conjunto”, asegura a esta revista, al cumplirse diez años de aquella histórica movilización.
“Eso conmocionó”, refiere. “Y en torno a la transformación, al cambio institucional, fue claro. A partir de allí se profundizaron las herramientas y los instrumentos para el abordaje de las violencias, pero también para garantizar que la perspectiva de la igualdad de género esté presente en otras políticas de gobierno”, reconoce.
Al igual que Vivanco, la ministra comparte que uno de los principales logros fue la creación del ministerio nacional. “También el de Buenos Aires y en cinco ó seis provincias más. Esto fue la creación del registro de femicidios, la discusión de los planes de igualdad, el planteo de cómo se generaban políticas de acceso al trabajo en la salida de las violencias, la agenda del cuidado, el trabajo no remunerado de las mujeres, la desigualdad económica”, destaca.
No obstante, asegura que hoy el Estado nacional “se retira, abandona, arrasa, violenta, niega que estos temas existan”. “Nosotros, en cambio, seguimos profundizando ese camino, pero también articulando con otras provincias del país, porque en el país se siguen haciendo cargo de lo que la nación no hace, en peores condiciones, pero haciéndolo igual. Nosotras articulamos con todos los mecanismos de mujeres de todas las provincias del país y dialogamos para ayudarnos, para colaborar allá donde el Gobierno nacional está ausente, y diría peor que ausente: está trabajando en contra de lo que hacemos”.
Un caso testigo
En diciembre de 2021, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación elaboró el documento «Principios Generales de Actuación», dirigido a los operadores del Poder Judicial de la Nación y al resto de los actores que intervienen en la gestión de denuncias de violencia de género. Fue a partir del reconocimiento internacional ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) por parte del Estado argentino, del tratamiento judicial de un caso emblemático de violencia de género: el de Olga del Rosario Díaz.
La mujer fue una víctima sistemática de la violencia machista durante dos décadas. En 2002, cuando intentó separarse de su pareja sufrió una brutal paliza, además de amenazas de muerte, un ataque a la más chica de las hijas que tienen en común y hasta el incendio del auto familiar.
Díaz denunció el caso pero la causa estuvo paralizada durante 15 años. En el medio volvió a ser atacada. En diciembre de 2016, a dos años de la primera marcha masiva feminista, se fue a vivir con una de sus hijas y poco después -en enero de 2017- volvió a acudir a la Justicia para denunciar la violencia y amenazas sufridas. Pidió expresamente medidas de protección, pero nadie la ayudó. El 24 de marzo de 2017 fue apuñalada por su ex pareja en su propia casa, delante de uno de sus hijos -a quien también lastimó-, a vecinos y personal policial que intervinieron.
La Defensoría General de la Nación, a cargo de Stella Maris Martínez, intervino en el caso con la asistencia de la Comisión sobre Temáticas de Género, en conjunto con el Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos.
Según explicaron a Quórum, el organismo denunció el caso ante el Comité para la CEDAW por el incumplimiento del Estado argentino en la debida diligencia reforzada para prevenir hechos de violencia de género, en especial la tentativa de femicidio que sufrió Olga el 24 de marzo de 2017. Si bien la víctima había realizado una denuncia poco antes por violencia de género, al momento del ataque no contaba con ninguna medida de protección.
Finalmente, el 6 de diciembre de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 21 de la Capital Federal condenó al agresor a veinte años de prisión por tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido contra su ex pareja y por mediar violencia de género en concurso con tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido contra su hijo, amenazas coactivas con armas en tres ocasiones y resistencia a la autoridad, lesiones y amenazas coactivas.
La historia de Olga es una entre miles. Su caso llegó a instancias internacionales, pero sólo después de años de desamparo institucional. A diez años del primer grito de Ni Una Menos, su nombre se suma a los de tantas otras mujeres que aún esperan una Justicia que actúe a tiempo.
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