Por el Dr. Daniel Roggero
En un país que produce casi dos millones de delitos al año, la norma que fija la edad mínima de responsabilidad penal es de 1980. Dictadura militar. Otro país. Otra sociedad. Pero la política, paralizada entre dimes y diretes, sigue discutiendo como si nada hubiera cambiado. El problema, claro, no es sólo la fecha de la ley. Es la renuncia a razonar. El Teorema de Aumann lo explicó con claridad: frente a la misma información, dos actores racionales no pueden estar en desacuerdo. En Argentina, sí. Porque ni siquiera se parte de datos. Se parte del prejuicio ideológico.
El debate mezcla términos técnicos con la soltura de quien nunca leyó un código. Imputabilidad no es lo mismo que punibilidad o procedibilidad. La figura correcta es “edad mínima de responsabilidad penal”. Hay dos enfoques: el sustantivo (si el menor comprende el hecho) y el procesal (si puede afrontar un juicio justo). Los progresistas privilegian el cuidado y la rehabilitación. Los conservadores, la autoridad y el castigo justo. En ambos casos, el centro debería ser la responsabilidad. Aquí, el centro es la confusión.
El debate real sobre la imputabilidad, entonces, no se juega sólo en el Congreso. Se juega en la intimidad de cada uno. Allí donde se generan las creencias. Donde se forma la identidad personal, grupal, partidaria. Defiendo más que una idea, mi propia identidad. Y por eso, muchas veces, no gana el argumento más sólido. Gana el instinto que más grita. Disfrazado de ideología. ¿Qué otra cosa es acaso el abolicionismo penal? Todo argumento racional se funda en premisas no racionales aceptadas desde la emoción. La emoción decide y la razón justifica lo decidido.
La psicología profunda, la neurociencia y la genética operan en silencio sobre las emociones, pero con peso de plomo. Los trabajos de Ryota Kanai, de David Eagleman o de Jonathan Haidt lo dejaron claro: las posturas ideológicas no nacen del razonamiento abstracto, sino de instintos morales profundamente arraigados. El gen DRD4, por ejemplo, está vinculado a la impulsividad y la aversión al riesgo. ¿Se sabe todo esto? Tenemos una ideología porque somos una biología. La discusión sobre la edad penal no es sólo jurídica. Una novedad. Algunos pueden sorprenderse o descreer.
La edad penal mínima no surge de la evidencia empírica. Surge del ritual. Un número mágico: 16. El artículo 40, inciso 3, apartado «a» de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los Estados deben fijar una edad mínima por debajo de la cual se presume que los niños no pueden infringir la ley penal. La Observación General N° 10 del Comité de los Derechos del Niño sugiere no fijar una edad menor a 12 años.
¿Y en el mundo como andamos? El promedio global en los 203 países y jurisdicciones territoriales relevados para escribir esta columna de opinión, es de 12 años. El 92% de ese total la fijan en 15 años o menos. En América el promedio es 12. En Europa, 14. En Asia, 11. En Oceanía, menos de 10.
Algunos países aplican modelos escalonados: inimputabilidad hasta los 10, evaluación entre 11 y 13, responsabilidad plena desde los 14. China en 2021 bajó la edad a los 12 para los homicidios. España discute volver a hacerlo.
La ciencia ya dio un veredicto: funciones como empatía, juicio moral o autocontrol aparecen entre los 10 y los 12 años. Wagland y Bussey, en un estudio de 2015, desarmaron uno de los dogmas favoritos del abolicionismo penal. Mostraron que desde los ocho años, los chicos ya diferencian entre una travesura y un delito. Saben que robar está mal. Entienden que dañar a otro no es un juego. La conclusión es inquietante para quienes insisten en la inimputabilidad hasta los 16: el argumento de la incomprensión no resiste ni la evidencia empírica ni el sentido común. Porque si un niño sabe que lo que hace está prohibido, lo sabe la ley. O debería saberlo.
La opinión pública también resolvió lo que la política se niega a discutir. Las encuestas no dictan leyes, pero anticipan su resultado. Según la UBA, el 53% de los argentinos cree que los delitos graves no reciben penas proporcionales. El 38% piensa que las penas, directamente, no se cumplen. La percepción no es jurídica, es existencial. El 60% apoya reducir la edad de imputabilidad. Por identidad partidaria: 87% (La Libertad Avanza), 42% (Peronismo), 83% (Juntos por el Cambio). Y entre ellos, el 79% quiere llevarla a 12 o 13 años. En marzo de 2025, el respaldo trepó al 73,9%. Sólo el 22,4% defiende el statu quo. No son números. Son diagnósticos. El sistema penal dejó de ofrecer justicia y empezó a ofrecer excusas. Cuando la distancia entre la ley y el sentido común se vuelve insalvable, la reforma no es una opción: es una obligación democrática.
En 2023, los jóvenes de 15 a 19 años cometieron 204 homicidios dolosos. Es la cuarta franja más letal del país. Descontando a los mayores de 18, los menores matan más que todos los mayores de 35. En robos de autos y motos, los menores de 18 concentran el 8,75% y 11,39% respectivamente. No es un pico. Es una curva sostenida. En 2015, el 23% de los homicidas tenía 19 años o menos. Y lo hacen en apenas un puñado de años. Si se ajusta por tiempo, su tasa es más alta que la de los adultos.
Sólo el 1,4% de los delitos termina en prisión efectiva. Contando la “cifra negra”, ese número cae aún más. Pero el 41% de los presos son reincidentes. El sistema no corrige. Recicla. Mientras tanto, el 80% de la población teme ser víctima de un delito. El 70% cree que la inseguridad es gravísima. 4 de cada 10 homicidios quedan impunes. La justicia no repara. La política no define. Y el Estado simula. El costo de la inseguridad en nuestro país: se pierden miles de millones de dólares por año equivalente a un rango entre 2,85% y 2,97% del PIB según el BID.
En Europa lo entendieron: invertir en víctimas devuelve entre cuatro y nueve euros por cada euro. En salud, en legitimidad, en prevención. Este sistema penal todavía vigente gira en torno al victimario. Edad, contexto, historia. ¿Y la víctima? ¿Qué recibe cuando el autor tiene 15 años o menos? Nada. Aquí, la víctima es apenas un personaje de nota policial. Y cuando la repercusión se apaga, desaparece también del radar.
Sin ubicar a las víctimas en el centro del sistema, toda discusión penal se transforma en una especulación de escritorio. Un significante vacío. Se habla de derechos, pero no se dice de quiénes. Se habla de justicia, pero no se explica para quién. Cuando alguien entierra a un hijo, no pregunta si el asesino tenía 15 o 16 años.
Pregunta por su justicia. Y cuando la justicia se vuelve sorda -cuando ya no escucha ese clamor-, deja de ser justicia. La tragedia personal se convierte en farsa estatal.
No se trata sólo de discutir la edad de imputabilidad. Ese es apenas un capítulo -incómodo, sensible, inevitable- de una reforma más profunda: legislar en base a evidencias y no a ocurrencias de la ideología que esté de moda. El problema no es solo jurídico ni meramente político: es cultural y profundamente humano. Hoy, ser víctima en la Argentina no confiere derechos, apenas habilita al agravio institucional: “hablan desde el dolor”, “solo buscan venganza”, “hacen demagogia punitivista”.
El sistema penal ha sido diseñado con el victimario en el centro. Es hora de un giro copernicano. No de un ajuste técnico sino de un cambio de paradigma: poner a la víctima en el lugar que la realidad impone. Porque hay algo que en el derecho no puede ser más evidente: mientras el delincuente deja de serlo al cumplir su pena, la víctima es víctima para siempre.
Cuadro comparativo global
Edad Mínima de Responsabilidad Penal en 203 países y
jurisdicciones
