Respaldó la postergación como una medida sensata, pero advirtió que sin igualdad de condiciones para la defensa privada, el nuevo sistema corre el riesgo de replicar viejas desigualdades.
El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, expresó su respaldo a la prórroga dispuesta por el Ministerio de Justicia para la implementación del sistema acusatorio penal federal en los tribunales con sede en Comodoro Py. Si bien avaló la medida como “oportuna y razonable”, advirtió sobre los desafíos que enfrenta el ejercicio profesional independiente frente al nuevo modelo.
“El sistema acusatorio es una transformación clave para una justicia más ágil, oral, transparente y eficiente”, sostuvo el ex camarista que encabezó el histórico juicio a las Juntas Militares. Sin embargo, alertó sobre las “asimetrías estructurales” que enfrentan los abogados particulares, quienes, a diferencia de fiscales y defensores públicos, no cuentan con equipos técnicos ni estructuras de apoyo. Esa brecha, dijo, podría comprometer el principio de igualdad de armas y afectar tanto a la profesión como a las personas imputadas en los procesos.
La implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en la Justicia Penal Federal y Penal Económica de la ciudad de Buenos Aires estaba prevista para el 11 de agosto, pero el Gobierno anunció una postergación de tres meses en medio de tensiones internas, resistencias corporativas y limitaciones logísticas. La decisión generó críticas de algunos sectores, pero también adhesiones como la de Gil Lavedra, quien destacó que la prórroga permitirá “continuar fortaleciendo las condiciones necesarias para una transición exitosa”.
Desde el Colegio, además, se vienen desarrollando instancias de diálogo con la Corte Suprema, la Procuración General y el Ministerio de Justicia, así como encuentros con asociaciones de magistrados, fiscales, defensores y especialistas. También se puso en marcha un ambicioso programa de capacitación para abogadas y abogados, con acceso gratuito para jóvenes profesionales y una oferta que incluye cursos prácticos, charlas, encuentros interdisciplinarios y mejoras edilicias en las salas de trabajo de los tribunales de Comodoro Py y de los Inmigrantes.
“La reforma es indispensable, pero su éxito depende de la preparación, la coordinación institucional y el diálogo. No alcanza con buenas intenciones: hay que garantizar condiciones equitativas para todos los actores del proceso”, concluyó Gil Lavedra.
