La ex Presidenta presentó un recurso para frenar el uso del dispositivo de monitoreo electrónico y el régimen restrictivo de visitas que le impusieron en su detención domiciliaria. Pero al mismo tiempo, recusó a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti por “temor fundado de parcialidad”.
Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para evitar el uso de una tobillera electrónica en el marco de su prisión domiciliaria. Pero, al mismo tiempo, pidió apartar a los tres jueces que deben resolver su planteo: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La estrategia judicial revela una tensión creciente entre la ex Presidenta y el máximo tribunal, al que acusa de parcialidad y arbitrariedad.
La decisión de recusar a los ministros se basa en lo que su defensa considera “temor fundado de parcialidad” derivado, entre otros hechos, del modo en que se tramitó el recurso anterior de la causa “Vialidad”, cuya resolución dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. A juicio de sus abogados, la celeridad inusual del fallo, la falta de estudio previo del expediente, y la coincidencia temporal con el anuncio de la candidatura de Cristina Kirchner a diputada provincial -finalmente frustrada- configuran una serie de irregularidades que minan la confianza en los magistrados.
El planteo también recuerda que una recusación previa contra Lorenzetti fue rechazada por el mismo juez cuestionado, junto con Rosatti y Rosenkrantz, sin sorteo ni integración neutral del tribunal. A ello se suman acusaciones sobre supuestas reuniones privadas de Lorenzetti con el presidente Javier Milei, que, según la presentación, comprometerían su independencia.
El rechazo a la tobillera
En paralelo, el equipo de defensa -integrado por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy- interpuso un recurso extraordinario federal contra la resolución de la Cámara de Casación que confirmó la colocación del dispositivo de vigilancia electrónica y un régimen estricto de visitas para la ex mandataria.
Los abogados sostienen que esas medidas son inconstitucionales, violan el principio de legalidad penal, resultan estigmatizantes y carecen de justificación razonable. Recuerdan que Cristina Kirchner cuenta con custodia policial las 24 horas y que jamás incumplió una orden judicial. “No existe el más mínimo riesgo elusivo”, afirman.
También cuestionan que la tobillera se impone como si fuera obligatoria, cuando la normativa la prevé como una opción excepcional y no automática. Según los letrados, el fallo vulnera derechos fundamentales como la intimidad, la privacidad y la igualdad ante la ley.
Una pulseada de alto voltaje institucional
En el escrito de recusación, la defensa advierte que la Corte no sólo desoyó los planteos defensivos en el caso “Vialidad”, sino que tampoco resolvió otros recursos pendientes desde hace más de dos años. Y señala que el recurso clave -el que terminó con la condena firme- fue despachado en tiempo récord: apenas 40 días hábiles, en contraste con los más de 700 días que demora en promedio el tratamiento de causas penales según las propias estadísticas del tribunal.
La ex Presidenta insiste en que no se trata de una percepción subjetiva, sino de datos objetivos que debilitan la apariencia de imparcialidad que debe proyectar cualquier tribunal, especialmente en causas de alta sensibilidad pública.
Ahora será la Cámara la que deberá definir si el expediente pasará a estar en manos de la Corte. De ser así, antes de decidir si acepta o no revisar las medidas impuestas para la prisión domiciliaria, los jueces deberán resolver si continúan interviniendo o si aceptan apartarse. Cristina Kirchner, en definitiva, va a la Corte… pero no confía en ella.
