El Ministerio de Justicia de la Nación reprogramó el calendario de aplicación del nuevo sistema acusatorio: en la ciudad de Buenos Aires regirá desde noviembre de 2025 y en Posadas y La Plata, a lo largo de 2026.
El Ministerio de Justicia de la Nación resolvió posponer la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en varias jurisdicciones, estableciendo un nuevo calendario que se desarrollará de manera escalonada hasta mediados de 2026.
La medida, oficializada este lunes 11 de agosto a través de una resolución firmada por el ministro Mariano Cúneo Libarona, alcanza a las Cámaras Federales de Apelaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en sus fueros Penal y Penal Económico, así como a las sedes de Posadas y La Plata.
Según el nuevo cronograma, el Código comenzará a regir en la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad de Buenos Aires y en la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico el 10 de noviembre de 2025 a las 00:00 horas. Este será el primer paso del plan de implementación que, en la capital del país, marcará un cambio estructural en la forma de investigar y juzgar delitos federales.
La segunda etapa se concretará el 16 de marzo de 2026, cuando el nuevo sistema acusatorio entre en vigencia en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas.
Finalmente, el calendario se completará el 18 de mayo de 2026 con su aplicación en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
El Código Procesal Penal Federal, aprobado en 2014 y reordenado en 2019, establece un modelo acusatorio en el que las investigaciones quedan a cargo de los fiscales, reduciendo el rol de los jueces a funciones de control y decisión. Su implementación ha sido gradual en el territorio nacional, priorizando la capacitación de operadores judiciales, la adaptación de infraestructura y la incorporación de tecnología para garantizar audiencias orales y públicas.
En la resolución, el Ministerio ordena comunicar el nuevo cronograma a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara Federal de Casación Penal, a la Procuración General y a la Defensoría General de la Nación, así como a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso y al Ministerio de Seguridad de la Nación. También dispone su publicación en el Boletín Oficial y su archivo en la Dirección Nacional del Registro Oficial.
Con esta decisión, el Gobierno busca asegurar una transición ordenada hacia el sistema acusatorio, evitando problemas operativos y garantizando que todas las jurisdicciones involucradas cuenten con el tiempo y los recursos necesarios para su puesta en marcha. El esquema escalonado, señalan en la cartera de Justicia, permitirá que cada etapa sirva como experiencia para optimizar las siguientes, fortaleciendo así la reforma procesal penal más importante de las últimas décadas.
