El Tribunal Oral Federal 2 rechazó los planteos de nulidad de la defensa de Cristina Kirchner y resolvió que la ejecución del decomiso multimillonario seguirá adelante, aun cuando la Cámara Federal de Casación Penal deba pronunciarse sobre un aspecto central: la actualización del monto a valores actuales.
En la causa Vialidad, la ex Presidenta fue condenada el 6 de diciembre de 2022 a seis años de prisión y a inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El fallo quedó firme el 10 de junio pasado, tras la intervención de la Corte Suprema.
La ex Presidenta cumple arresto domiciliario y ahora está en el eje de la atención otro de los puntos sensibles de la condena: el decomiso ordenado por el tribunal, originalmente fijado en 84.835 millones de pesos y que ahora, tras la actualización monetaria dispuesta en julio pasado con la intervención del Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema, asciende a 684.990.350.139,86 pesos.
La defensa interpuso un recurso de casación contra esa decisión, alegando que la conversión de una estimación provisoria en un monto definitivo le impidió controvertir la actualización, vulnerando el derecho de defensa, el principio del juez natural y el derecho de propiedad. También cuestionó la falta de fundamentación sobre el método de actualización elegido y denunció un trato desigual y arbitrario respecto de otros casos.
No obstante, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso rechazaron todos los planteos de nulidad, concedieron la apelación ante Casación en lo vinculado a la actualización del decomiso, pero dejaron claro que el recurso no tiene efecto suspensivo:
“La concesión del recurso se hará sin suspender el trámite del decomiso que se encuentra en curso”.
El Tribunal avanza así en la ejecución de bienes y dinero luego de intimar sin éxito a los condenados al pago solidario y voluntario de la suma actualizada en un plazo de diez días hábiles. La cuenta bancaria abierta con ese fin quedó en cero.
Para los jueces resulta “imperativo recordar” que la causa Vialidad transita ya su etapa de ejecución porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme todo lo decidido en el juicio oral que tuvo sentencia el 6 de diciembre de 2022.
Ello incluye el monto fijado para el decomiso, que tuvo carácter “provisorio” porque quedó sujeto a una posterior actualización “en virtud del proceso inflacionario que hace años atraviesa el país”. La defensa de la ex Presidenta, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, había postulado que este carácter provisorio del monto fijado debía entenderse como “ilustrativo” y que esa suma inicial podía revisarse.
La ex Presidenta pretendía lograr “la suspensión de todas las actividades patrimoniales ejecutivas” vinculadas al decomiso por ausencia de sentencia firme judicial sobre el monto definitivo y actualizado.
Su defensa ya anticipó que, además de acudir a la Cámara de Casación, hará reserva de plantear el caso ante la Corte Suprema y organismos internacionales de derechos humanos.
En Casación, la controversia por el monto fijado para decomisar será analizada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, si es que declaran admisible el recurso.
En Tribunales repiten que la ejecución de este multimillonario decomiso se trata de un hecho inédito en una condena por delitos vinculados a la corrupción pública, por su magnitud y la cantidad de propiedades de todo tipo y dinero en juego que deberá ahora rastrearse en Comodoro Py 2002
Próximos pasos ante el no pago
¿Cómo y cuándo se hará la ejecución de bienes? Todo está bajo estudio de los jueces del TOF 2.
En Vialidad, el Tribunal resolvió avanzar con la ejecución de una de las penas económicas más significativas dictadas en la historia judicial reciente de la Argentina. Mediante una extensa resolución, los jueces ratificaron la validez de la metodología de actualización del monto a decomisar, calculada por peritos de la Corte Suprema de Justicia y lo fijaron en 684.990.350.139,86 pesos.
El decomiso se dispuso como consecuencia de la “determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción”, advirtieron los jueces y se intima “bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes que sirvan a esos fines”.
Se ordenaron ya una serie de medidas para garantizar el cobro efectivo, incluyendo la ampliación de embargos sobre bienes inmuebles y nuevas directivas al Ministerio Público Fiscal (MPF) para que salga a buscar y tasar patrimonio de todos los condenados.
En cuanto al rol del Ministerio Público Fiscal, el tribunal reiteró que goza de plena autonomía para llevar adelante medidas investigativas y diligencias necesarias para ubicar y resguardar bienes, sin necesidad de autorización judicial previa.
