La fiscalía imputa delitos que prevén hasta 25 años de prisión vinculados a la adulteración o envenenamiento de sustancias medicinales a raíz de lo cual resulte la muerte de alguna persona.
En el juzgado federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak aún no hay definida una calificación jurídica ni tipificación para los delitos en la investigación por el fentanilo contaminado, algo que se resolverá al momento de definir situaciones procesales. Sin embargo, la acusación fiscal anticipa el reclamo de penas de cumplimiento efectivo en caso de recaer condena.
A los acusados se los indaga ahora con enumeración de los hechos bajo investigación, explicaron a Quórum fuentes del caso.
Pero el amplio abanico de delitos por los que podrían ser procesados los responsables del laboratorio que comercializó el fentanilo contaminado prevé altas penas de cumplimiento efectivo, agravadas aún más si como sostiene la fiscalía, se da por probada la relación directa con la muerte de pacientes. Se investiga casi un centenar de casos.
Al complicado panorama que enfrentan los detenidos -entre ellos su principal responsable Ariel Fernando García, dueño de HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo– se suman nuevas denuncias penales.
La última de ellas se radicó contra HLB PHARMA GROUP S.A. y la presentó ARCA en los tribunales federales de Retiro por supuesto lavado de dinero. Quedó a cargo de la jueza María Servini y el delito prevé una condena de tres a diez años de prisión y multa de dos a diez veces el monto de la operación.
Además, el dueño de HLB Pharma y ahora detenido Ariel García Furfaro está ya procesado por contrabando en una investigación a cargo del juez en lo penal económico Pablo Yaradola.
Fentanilo y muertes
En la causa que tramita en La Plata, el juez detuvo e indaga este jueves a Ariel Fernando García Furfaro, dueño de HLB y Laboratorios Ramallo; a sus hermanos Diego y Damián García Furfaro, quienes junto al primero llevan el control de las actividades de los laboratorios.
También a la madre de los tres, Nilda Furfaro, accionista y vicepresidenta de HLB, y al director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran.
Se detuvo también a los directores técnicos de Laboratorios Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, y al de HLB, José Antonio Maiorano.
Por último, las órdenes de captura emitidas por el juez alcanzaron a los accionistas y autoridades de Laboratorio Ramallo, su presidente Horacio Tallarico y su director Suplente, Rodolfo Labrusciano. Hubo diez allanamientos a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional.
La fiscalía del caso había reclamado poco antes las detenciones en un dictamen donde advirtió que se trata de “un caso de criminalidad compleja que involucra a un número elevado de víctimas y un conglomerado empresarial organizado”.
La fiscal federal de La Plata María Laura Roteta advirtió que la real dimensión del brote aún no está plenamente determinada, en el caso donde trabajan también la PROCUNAR, la PIA, la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y la Secretaría de Investigación Financiera y Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI).
El eje de la investigación está puesto en el desvío de calidad de los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo producidos por Laboratorios Ramallo S.A. y comercializados por HLB Pharma, que salieron al mercado contaminados con bacterias de Klebsiella y Ralstonia y también en posibles desvíos de cantidad del producto al mercado ilegal.
Además y en parelelo, en un dictamen anexo suscripto por el fiscal nacional Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), se impulsó una investigación sobre la tarea de los organismos públicos encargados del contralor de los laboratorios.
La PIA analizó 273 expedientes administrativos abiertos con relación a estos laboratorios con anterioridad a lo ocurrido con el fentanilo contaminado.
Acusación y delitos
Según el dictamen fiscal, “las graves falencias estructurales que se verificaron, en estos tres meses de investigación, en los procesos de producción del medicamento a partir de las distintas medidas probatorias practicadas -entre ellas, el reciente informe del Instituto Malbrán- resultaron determinantes para que los lotes de fentanilo (N° 31.202 y 31.244) salieran al mercado contaminados y se distribuyeran en todo el país, exponiendo a miles de pacientes a un riesgo sanitario concreto”.
También se consideró acreditada la relación entre los contagios y el fallecimiento de una serie de víctimas a cuyo respecto se practicaron los necesarios exámenes periciales.
Esta complejidad podría derivar en diferentes delitos: uno de ellos es el desvío de cantidad -infracciones a la ley de drogas- un aspecto del caso en el que interviene la PROCUNAR a cargo del fiscal Diego Iglesias y que también es objeto de imputación.
Entre los delitos que podrían imputarse a los acusados están los vinculados al daño a la salud por medicamentos contaminados.
La comercialización de sustancias peligrosas para la salud está reprimida por el artículo 201 del Código Penal con penas de 3 a 10 años de prisión para quien “envenenare, adulterare o falsificare de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al consumo”.
El suministro de medicamentos nocivos o adulterados prevé de tres a 15 años de prisión.
Las penas se agravan si se suma el homicidio o lesiones derivadas del consumo de estos medicamentos adulterados y escalan hasta 25 años de cárcel si lo ocurrido se encuadrase como “homicidio simple”.
La fiscalía alude en su dictamen a un “conglomerado empresarial organizado”, una acusación que podría abrir también la puerta a la figura de asociación ilícita, que contempla hasta 15 años de cárcel para quien reviste la calidad de jefe.
La investigación judicial comenzó el 12 de mayo pasado, tras la denuncia presentada por un funcionario de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), luego de que el Hospital Italiano de La Plata reportara un brote de infecciones intrahospitalarias que no respondían a causas habituales.
Estudios posteriores del Instituto Malbrán confirmaron que las bacterias aisladas en las muestras tomadas a los pacientes infectados coincidían genómicamente con las que fueron detectadas en las ampollas de fentanilo incautadas en la sede de las empresas involucradas.
