La Cámara Federal de Casación rechazó recursos de la condenada Cristina Kirchner y dejó en pie así el cálculo de actualización del decomiso realizado por el Tribunal que llevó adelante el juicio oral y que se fijó en casi 685 mil millones de pesos de manera solidaria con otros ocho condenados. Fallo completo.
A la ex Presidenta sólo le queda un recurso judicial: ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el intento por frenar el decomiso de bienes propios y otros cedidos a sus hijos Máximo y Florencia que ya reclama el fiscal ante el Tribunal Oral Federal 2, Diego Luciani.
Por unanimidad, la Sala IV de Casación integrada por los jueces Mariano Bornisky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña consideró que el monto del decomiso fijado en la sentencia era definitivo y que la “provisoriedad” sólo se refería a la actualización en el tiempo, algo que llevó adelante el Tribunal una vez que la condena quedó firme por decisión de la Corte Suprema.
El fallo convalidó el avance del proceso de ejecución llevado adelante por el Tribunal, de conformidad con lo planteado por los fiscales.
La ex Presidenta cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica y ahora se puso en marcha el rastreo de bienes para el decomiso hasta el monto fijado: tanto de Cristina Kirchner, como de Lázaro Báez y otros condenados.
Su defensa recurrió a Casación contra el monto fijado y postuló como más apropiado el criterio seguido por el perito contador de parte, quien arribó a un monto sustancialmente menor (42.494.357.845,17 pesos). También solicitó que se suspenda la ejecución del decomiso.
En ese marco, el máximo tribunal penal federal del país rechazó los planteos de nulidad y arbitrariedad, al entender que se había fundamentado la elección del IPC (Indice de Precios al Consumidor) y que el procedimiento seguido para el cálculo de actualización fue válido. También se desestimó el argumento del “trato desigual” con relación a otros casos porque no resultan “comparables”.
La decisión judicial
“La elección del IPC se encuentra debidamente motivada en la necesidad de asegurar la comparabilidad con los parámetros ya fijados en la sentencia firme, lo que descarta toda alegación de arbitrariedad”, afirmó en su voto el juez Borinsky.
También remarcó que “el Tribunal dio intervención a peritos oficiales y de parte, quienes presentaron informes técnicos; el tribunal valoró esos elementos conforme a las reglas de la sana crítica y adoptó la metodología más idónea”.
El juez Hornos, por su parte, advirtió que “no es cierto” que se “haya transformado en definitiva una estimación expresamente calificada como provisoria” porque a referencia a la provisoriedad “obedecía al hecho de que resultaría necesaria una actualización al momento en que la sentencia alcanzara firmeza, con el objeto de preservar el valor real de lo dispuesto frente al paso del tiempo y a las variaciones económicas”.
En su voto, el juez Barroetaveña sostuvo que “la defensa pretende reabrir un debate ya concluido con sentencia firme, lo cual resulta improcedente en esta etapa de ejecución”.
“La garantía del debido proceso ha sido respetada: las partes fueron notificadas, participaron del trámite pericial y presentaron sus objeciones, que fueron consideradas y desestimadas con fundamentos”, agregó.
Rumbo a la Corte
La defensa de Cristina Kirchner ya anticipó que llevará el caso a la Corte Suprema e incluso a instancias internacionales de derechos humanos. Sin embargo, estos próximos pasos no tendrán efecto suspensivo y nada impide que en el mientras tanto el Tribunal que llevó adelante el juicio por Vialidad tome medidas vinculadas a los bienes en juego.
Los abogados de la ex Presidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, habían pedido la nulidad de la resolución que fijó el monto actualizado, argumentando que se usó un criterio “arbitrario” –el IPC– que multiplicó la suma hasta cien veces respecto de otras metodologías.
“Se consagró una doble vara en perjuicio de la imputada”, sostuvo la defensa
Cristina Kirchner está condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta a raíz del direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública en Santa Cruz a favor del también condenado empresario Lázaro Báez.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ya entregaron al Tribunal Oral Federal 2 un listado de propiedades de Cristina Kirchner y Lázaro Báez que a su criterio pueden ser decomisadas.
El Tribunal resolvió que los bienes y dinero deben haber sido obtenidos entre 2003 y 2015, período en el que se dio por probado se cometieron los delitos por los cuales hay condena firme.
