La asunción de la senadora peronista consolidó un casillero clave, pero la representación que dejó Roxana Reyes desató una puja entre La Libertad Avanza y la UCR que ya anticipa un posible round judicial.
El Consejo de la Magistratura comenzó a reconfigurar su mapa político. Este viernes, en el Salón Bermejo del Palacio de Tribunales, el presidente del cuerpo y titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, tomó juramento a la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien se incorporó como consejera en representación del Senado, conforme a la Acordada 37/2025.
La ceremonia contó con la presencia de los consejeros Sebastián Amerio, Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Álvaro González, Alberto Marqués, Vanesa Siley y Mariano Recalde, además del administrador general del Poder Judicial, Alexis Varady, el secretario general del Consejo, Mariano Pérez Roller, y el secretario de Desarrollo Institucional de la Corte, Juan Pablo Lahitou.
La incorporación de Sagasti se inscribe en un proceso más amplio: el armado del nuevo Consejo tras los movimientos políticos en el Congreso. Su lugar responde a la representación del bloque mayoritario del peronismo en la Cámara alta, un eslabón clave dentro del equilibrio que exige la ley.
Pero mientras una silla se ocupa, otra permanece en disputa. El presidente de Diputados, Martín Menem, dispuso que el diputado de La Libertad Avanza, Gonzalo Roca, ocupe la vacante que dejó la radical Roxana Reyes, cuyo mandato concluyó. El pedido fue presentado ayer por el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, quien sostiene que a LLA le corresponde la vocalía por haberse convertido en la primera minoría de la Cámara.
De concretarse su desembarco, los libertarios sumarían un nuevo representante en el Consejo, donde el único integrante alineado con el Gobierno nacional es actualmente el secretario de Justicia, Sebastián Amerio.
En la UCR, en cambio, advierten que podrían judicializar la designación. Argumentan que la integración del Consejo debe regirse por la composición de la Cámara baja de 2022, año en que se inició el mandato de los actuales consejeros. Bajo ese criterio, sostienen, la vocalía les pertenece. Recuerdan, además, que antes de las elecciones su bloque había propuesto como reemplazo de Reyes a la diputada Karina Banfi y que, según afirman, Menem se había comprometido a formalizar la designación antes del fin de semana electoral, lo que finalmente no ocurrió.
En el Senado, el proceso avanzó sin sobresaltos. El 1° de octubre, y también previo a los comicios, Victoria Villarruel avaló la designación de Fernández Sagasti como reemplazo de Claudia Ledesma Abdala, suplente de María Inés Pilatti Vergara. Igual que Reyes y Monti, ambas finalizaron su mandato parlamentario el 10 de diciembre.
Desde La Libertad Avanza, la interpretación es distinta. El oficialismo se aferra a la nueva correlación de fuerzas surgida de las elecciones y sostiene que la vacante debe cubrirse conforme a la composición actual de Diputados. Recuerdan que la UCR obtuvo un lugar en el Consejo en 2022, cuando tenía 33 bancas y era la tercera minoría: el Frente de Todos contaba con 115 diputados y Pro, con 50. Tras el recambio, el bloque radical quedó reducido a seis integrantes, mientras que LLA pasó de dos a 95, motivo por el cual reclaman la vocalía.
Para reforzar su postura, invocan el precedente del caso Luis Juez. En esa ocasión, la Corte Suprema invalidó la maniobra del kirchnerismo que había fraccionado su bancada para intentar quedarse con tres de los cuatro lugares en juego. El fallo asignó al PRO la vocalía correspondiente a la segunda minoría, reservó dos asientos al bloque más numeroso y otorgó el restante a un senador radical.
Según la lectura libertaria, la Corte evaluó entonces si había existido un cambio en la composición legislativa que justificara revisar las mayorías. Dado que ese escenario se replica ahora, consideran que el antecedente respalda sustituir a Reyes por Roca tras la renovación parlamentaria. Añaden que otorgar la vacante a Banfi -quien formó un monobloque tras abandonar la UCR- sería contrario a los principios de proporcionalidad y razonabilidad que rigen la integración del Consejo.
Todo indica que el conflicto terminará otra vez en manos del Máximo Tribunal, como ocurrió en 2022, cuando la jura de los consejeros senadores se postergó casi dos meses por la disputa entre Juez -hoy vocal titular- y Claudio Doñate.
La definición de ese casillero no es menor: puede alterar la correlación de fuerzas y, en consecuencia, la dinámica de decisiones del Consejo en un momento clave, con concursos sensibles y expedientes disciplinarios en curso.
Con la jura de Fernández Sagasti, el Consejo suma una pieza central, pero el tablero permanece abierto. El armado no está cerrado y la disputa por el lugar de Reyes promete marcar el clima institucional de las próximas semanas.
