La Cámara Federal de Casación Penal analiza los procesamientos dictados en el caso Seguros, donde el ex Presidente fue acusado por negociaciones incompatibles. En paralelo, la causa por violencia impulsada por Fabiola Yañez quedó en condiciones de ir a juicio, con pruebas surgidas del peritaje de un celular secuestrado en el expediente principal.
La situación judicial de Alberto Fernández atraviesa un momento crítico. Dos causas de alto impacto político e institucional avanzan en paralelo y se retroalimentan: la denominada “Causa Seguros”, que investiga presuntas irregularidades en la contratación de pólizas durante su gestión, y el expediente por violencia de género iniciado tras la denuncia de su ex pareja.
Ambas investigaciones, aunque de naturaleza distinta, quedaron conectadas por un elemento probatorio central: el contenido extraído del teléfono celular de una ex secretaria presidencial.
La causa Seguros, bajo la lupa de Casación
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky- interviene para revisar los procesamientos dictados en el expediente conocido como causa Seguros.
El tribunal deberá resolver los recursos presentados por las defensas y analizar si corresponde confirmar, modificar o revocar las imputaciones formuladas en instancias anteriores.
En ese marco, Alberto Fernández fue procesado como autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, con un embargo que supera los 14.634 millones de pesos, cifra que refleja la magnitud económica atribuida a la maniobra investigada.
La trama empresarial y los otros imputados
La investigación también alcanza a ex funcionarios y empresarios vinculados al negocio de intermediación en pólizas estatales.
Entre los señalados como parte de la denominada “trama de los brokers” figuran:
- Hernán Bressi
- Diego Rosendi
- Lucas Rosendi
- Héctor Villaverde
A ellos se les atribuyen los delitos de negociaciones incompatibles y defraudación contra la administración pública.
Un tercer grupo enfrenta cargos por encubrimiento:
- Alfredo Del Corro
- Damián Gosso
- Mariana Trupia
- Alejandro Celes
- Déborah Toloza
Además, fue confirmado el procesamiento de Luciano Torre Arregui por cohecho activo, es decir, el presunto pago de sobornos.
La instrucción del expediente quedó actualmente a cargo del juez federal Ariel Lijo, tras el sorteo del Juzgado Federal N.º 11.
El efecto colateral: el celular que abrió otra causa
El avance de la causa Seguros produjo un giro inesperado. Durante el peritaje del teléfono de María Cantero, histórica secretaria de Alberto Fernández y procesada en el expediente, surgieron conversaciones privadas que dieron origen a la denuncia por violencia de género presentada por Fabiola Yañez.
Esa derivación convirtió al expediente económico en el punto de partida de una investigación de naturaleza penal mucho más sensible desde el plano institucional y simbólico.
La causa por violencia quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas. En las últimas horas, la querella solicitó formalmente la elevación a juicio oral y público.
La disputa por la prueba
La defensa del ex Presidente intentó anular la investigación cuestionando el origen de los chats, al sostener que el contenido del teléfono de Cantero no podía ser utilizado fuera del expediente original. Incluso solicitó que la causa volviera a “foja cero”.
La querella rechazó ese planteo y lo calificó como un intento de “revictimización”, argumentando que cualquier eventual irregularidad en la obtención de la prueba debía discutirse en la causa Seguros y no en el expediente por violencia.
El fiscal Ramiro González respaldó la postura de Yañez y sostuvo que el imputado intenta presentarse como víctima en un proceso en el que está acusado de haber “atormentado, golpeado y amenazado” a su pareja.
Un escenario judicial de alto impacto
Para Alberto Fernández, el escenario es complejo. Por un lado, la Sala IV de Casación debe definir si confirma su procesamiento por hechos presuntamente cometidos durante su gestión presidencial. Por otro, la causa por violencia de género podría ingresar en etapa de juicio oral en los próximos meses.
La coincidencia temporal de ambos procesos instala una situación inédita para un ex jefe de Estado argentino: enfrentar simultáneamente la revisión de una causa por presunta corrupción administrativa y el avance de un expediente por violencia de género con derivaciones penales directas.
La definición de Casación y la eventual elevación a juicio en el segundo expediente marcarán los próximos capítulos de un frente judicial que, lejos de cerrarse, se expande.
