Por Felicitas de Lasa*
En el ámbito de la asistencia a las víctimas generalmente se advierte una vacancia significativa en el abordaje del post delito. Si bien el acompañamiento durante el proceso judicial penal resulta central, persiste un interrogante estructural respecto de lo que sucede una vez concluida esa etapa. Con frecuencia, al finalizar el proceso, las víctimas quedan sin dispositivos de contención ni herramientas que les permitan sostener un proyecto de vida alternativo. En ese contexto, muchas regresan a los mismos entornos de violencia, no por una decisión libre, sino por la ausencia de alternativas reales.
A partir de este diagnóstico, al asumir la Dirección General de Asistencia a la Víctima en el Ministerio de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, consideramos necesario repensar y fortalecer las políticas públicas orientadas al acompañamiento integral en la etapa posterior al proceso penal.
Desde la Dirección General trabajamos con la convicción de que una política pública en materia de víctimas no puede agotarse en la respuesta penal ni en la asistencia inmediata. Por eso organizamos nuestra labor en torno a un triple eje: la prevención y disuasión del delito; la asistencia jurídica especializada y la restitución de derechos. Este último eje -frecuentemente relegado- resulta central para evitar la reiteración de situaciones de violencia y ofrecer una salida real.
La experiencia demuestra que, si no se trabaja sobre el después, el sistema fracasa. Sin restitución de derechos, el acompañamiento queda incompleto. La víctima atraviesa el proceso judicial, pero al finalizarlo se enfrenta nuevamente a la misma vulnerabilidad económica, social y emocional que precedió al delito. En ese contexto, la posibilidad de volver a caer no es una excepción, sino una consecuencia previsible.
una política pública en materia de víctimas no puede agotarse en la respuesta penal ni en la asistencia inmediata
Con esta mirada, en 2025 pusimos en marcha el Programa de Reinserción Laboral para Víctimas de Delitos, comenzando por sobrevivientes del delito de trata de personas. El programa se diseñó a partir de una articulación con la Secretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad, adaptando una política ya existente y orientándola a una población con necesidades específicas. Así, Justicia y Trabajo confluyen en un objetivo común: que las víctimas puedan reinsertarse no solo socialmente, sino también en el mercado laboral registrado.
El programa contempla una primera etapa de capacitación, denominada “Prácticas Formativas”, con una duración de hasta seis meses. Durante ese período, la persona se capacita para un puesto concreto en una empresa, recibe una asignación estímulo y transita un proceso de preparación integral. Finalizada esta etapa, el programa tiene por objetivo favorecer la inserción laboral de los participantes, promoviendo la incorporación al mercado de trabajo de acuerdo con las oportunidades y necesidades existentes.
Uno de los aspectos centrales de esta iniciativa es el acompañamiento permanente con un gabinete de psicólogos especializados que realiza el seguimiento y monitoreo constante de cada caso. La inserción laboral, en estos contextos, no puede pensarse como un acto aislado: requiere sostén, escucha y continuidad. En paralelo, se desarrollan talleres de arteterapia, espacios de reflexión y encuentros grupales orientados a fortalecer la autonomía y la construcción de un nuevo proyecto de vida, que la persona tiene a su disposición si lo requiere.
En este recorrido, surgió un dato que interpela: muchas de las participantes señalan que nunca nadie les había preguntado de qué querían trabajar. Escuchar ese deseo, habilitar la elección y acompañar ese proceso es parte de la restitución de derechos. No se trata solo de ofrecer una oportunidad laboral, sino de devolver, al menos en parte, aquello que les fue quitado.
En definitiva, el programa se concibe como una política pública integral orientada a la restitución de derechos, el fortalecimiento de la autonomía y la promoción del trabajo digno, entendiendo que estos ejes resultan centrales para acompañar a las personas víctimas en la reconstrucción de sus proyectos de vida y en su inclusión social y laboral.
* Directora General de Asistencia a la Víctima del Ministerio de Justicia de la ciudad de Buenos Aires
