Los acusan de haber permitido que el submarino navegara con fallas técnicas y sin el mantenimiento necesario. La fiscalía sostiene que esas omisiones pudieron haber contribuido al desastre que en 2017 terminó con la muerte de sus 44 tripulantes.
Más de siete años después del hundimiento del submarino ARA San Juan, la Justicia federal comenzó a analizar si parte de la tragedia pudo haberse evitado. Siguiendo esta hipótesis, cuatro ex oficiales superiores de la Armada Argentina comenzaron a ser juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos. ¿De qué se los acusa? De haber incumplido sus deberes en relación con el mantenimiento y el alistamiento de la nave que implosionó en noviembre de 2017 en el Atlántico Sur.
Los imputados son el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, de 66 años; el capitán de navío destituido Claudio Javier Villamide, de 62; el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso, de 61; y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa, de 57. La acusación que pesa sobre ellos es por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.
El proceso comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio presentado por el Ministerio Público Fiscal, en el que se reconstruyó la secuencia de decisiones y omisiones que, según la acusación, habrían permitido que el submarino navegara en condiciones técnicas deficientes.
El tribunal está integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Alberto Giménez y Guillermo Adolfo Quadrini. En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen el titular de la Unidad Fiscal Río Gallegos, Julio Zárate; el fiscal Gastón Franco Pruzan; el fiscal Lucas Colla, de la sede descentralizada de Caleta Olivia; y la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, María Andrea Garmendia Orueta.
Durante la audiencia inicial se repasó la estructura de mando dentro de la Armada al momento de los hechos y las responsabilidades que cada uno de los acusados tenía en el control operativo y en el mantenimiento del submarino.
La fiscalía sostiene que el ARA San Juan había zarpado en octubre de 2017 desde la Base Naval Mar del Plata rumbo a Ushuaia en “condiciones técnico operativas deficientes para realizar las tareas encomendadas”. Según la acusación, desde que finalizó su reparación de media vida en 2015 la unidad había presentado numerosos desperfectos técnicos que fueron documentados por los comandantes que se sucedieron en el cargo.
Aunque algunos de esos inconvenientes se habrían corregido, los problemas más relevantes persistían cuando el submarino inició su última misión.
Al parecer, el buque había superado ampliamente el plazo reglamentario para realizar tareas de mantenimiento estructural. De acuerdo con el requerimiento fiscal, al momento de su última navegación el submarino había excedido en 26 meses el intervalo establecido entre puestas en dique seco, un procedimiento considerado esencial para el control y reparación de la estructura de este tipo de unidades.
La fiscalía también remarcó que el comandante del submarino, el capitán de fragata Pedro Martín Fernández, había advertido durante 2017 sobre distintas fallas técnicas. Entre ellas, un pedido urgente para que la nave ingresara a dique seco y un informe sobre anomalías detectadas durante una navegación realizada entre el 1 y el 19 de julio de ese año.
A pesar de esas advertencias, el submarino fue incluido en una operación ordenada por la Armada para realizar tareas de vigilancia en la plataforma continental argentina. El 11 de noviembre de 2017 la nave zarpó desde Ushuaia hacia el área de patrulla asignada. Tres días después ocurrió el incidente que desencadenó la tragedia.
