Con la puesta en marcha del fuero laboral en el horizonte, el Poder Judicial porteño impulsa una encuesta para conocer cómo se relacionan los ciudadanos con el sistema judicial. “Tenemos desafíos enormes y queremos entender qué espera hoy la ciudadanía”, sostuvo la secretaria de Administración y Presupuesto del Poder Judicial porteño Genoveva Ferrero.
El Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires lanzó la II Encuesta sobre Acceso a la Justicia, un estudio destinado a relevar cómo perciben los ciudadanos el funcionamiento del sistema judicial, qué conflictos legales enfrentan en su vida cotidiana y cuáles son las principales barreras que encuentran al intentar ejercer sus derechos.
La investigación, impulsada desde el Consejo de la Magistratura porteño, busca construir una radiografía actualizada del vínculo entre la ciudadanía y la justicia local, en un contexto institucional marcado por nuevos desafíos para el sistema judicial de la Ciudad.
“La idea es tener una foto clara de cómo está hoy la Ciudad en materia de acceso a la justicia para poder ajustar lo que haya que ajustar de cara a los desafíos que vienen”, explicó en diálogo con Quorum Genoveva Ferrero, secretaria de Administración y Presupuesto del Poder Judicial porteño.
Una radiografía del vínculo entre ciudadanía y justicia
El estudio se propone indagar cómo las personas identifican los conflictos legales que enfrentan en su vida cotidiana, qué estrategias utilizan para resolverlos y cuál es su experiencia cuando deben interactuar con instituciones judiciales.
Para Ferrero, la encuesta permitirá además medir la percepción social sobre la justicia local, que en muchos casos se diferencia de la que existe respecto de la justicia nacional.
“Es muy nítida la diferencia de percepción que existe entre el servicio de justicia en general y la justicia local de la Ciudad. Queremos entender qué piensa la ciudadanía y qué espera de esta justicia que se fue construyendo en los últimos 28 años”, señaló.
El objetivo, agregó, es generar información que permita fortalecer las políticas públicas vinculadas al acceso a derechos.
“Si sabemos qué barreras encuentran los ciudadanos y qué cosas valoran del sistema, podemos mejorar el acceso a la justicia en las materias en las que hoy tenemos competencia, como contravencional, penal, consumo o lo contencioso administrativo”, explicó.
Qué problemas llegan a la justicia porteña
La encuesta también permitirá identificar qué tipo de conflictos son los que más llegan al sistema judicial de la Ciudad.
Según Ferrero, en el fuero penal y contravencional una parte importante de la intervención judicial está vinculada a conflictos cotidianos que afectan directamente la convivencia urbana.
“En materia penal contravencional intervenimos mucho en temas vinculados a la convivencia, al espacio público y también en casos de violencia, especialmente violencia de género, donde la justicia de la Ciudad tiene una presencia muy fuerte”, detalló.
En el fuero contencioso administrativo, en cambio, los conflictos suelen relacionarse con la actividad del Estado.
“El contencioso es cuando te pasa algo frente a una decisión o actividad del gobierno de la Ciudad: una habilitación, una sanción o una cuestión vinculada con la administración pública”, explicó.
Una justicia que se prepara para nuevos desafíos
El relevamiento se realiza en un momento clave para el Poder Judicial porteño, que se prepara para asumir nuevas competencias.
Entre ellas, la puesta en funcionamiento del fuero laboral de la Ciudad, que ampliará significativamente el alcance del sistema judicial local.
“La Justicia de la Ciudad fue creciendo de a poco durante estos 28 años, pero ahora tenemos desafíos enormes por delante. La implementación de la justicia laboral nos va a dar un protagonismo distinto, porque es un conflicto cotidiano tanto para las personas como para las empresas”, sostuvo Ferrero.
En ese contexto, la encuesta permitirá conocer qué esperan los ciudadanos de esta nueva etapa del sistema judicial.
“Queremos que esta nueva justicia esté a la altura de las circunstancias, que sea ágil, eficiente y transparente, y para eso necesitamos entender qué problemas tiene hoy la ciudadanía y qué espera de nosotros”, agregó.
El desafío del tiempo judicial
Uno de los principales problemas que la investigación busca analizar es el de los tiempos de la justicia, una de las críticas más recurrentes en la percepción social del sistema judicial.
“El gran problema que aparece siempre es el tiempo. Todavía persiste en el imaginario esa idea de la justicia de antes, con miles de expedientes acumulados en un juzgado. Claramente nosotros no somos eso y no queremos ser eso”, afirmó Ferrero.
En esa línea, el Poder Judicial porteño apuesta a un modelo de gestión basado en la oralidad, la digitalización y la tecnología aplicada a los procesos judiciales.
“Creemos que la tecnología aplicada a la justicia, la oralidad y la virtualidad pueden hacer los procesos mucho más rápidos y eficientes. Esa es la Justicia que estamos construyendo”, explicó.
Justicia más cercana a la ciudadanía
Otro de los ejes de la encuesta es medir qué tan accesible resulta el sistema judicial para la población, especialmente en los sectores más vulnerables.
Para Ferrero, uno de los principales obstáculos es la distancia simbólica que muchas personas sienten frente a las instituciones judiciales.
“Muchas veces la justicia se percibe como algo lejano, difícil de acceder. La Ciudad logró construir una justicia más cercana a la gente y queremos seguir profundizando ese camino”, sostuvo.
Ese trabajo incluye políticas activas de presencia territorial en distintos barrios de la Ciudad.
“Nosotros hacemos mucha bajada en los barrios, especialmente en zonas vulnerables. A veces vamos a una escuela parroquial y descubrimos que hay chicos que podrían acceder al Certificado Único de Discapacidad (CUD) y no lo tienen porque nadie les explicó qué es ni cómo tramitarlo”, contó.
En esos casos, explicó, la intervención del sistema judicial puede tener un impacto directo en la vida cotidiana de las personas.
“Cuando las familias conocen sus derechos pueden acceder a beneficios que mejoran su calidad de vida. Muchas veces el problema es simplemente la falta de información”, afirmó.
Qué busca medir la encuesta
La investigación se realiza a partir de encuestas presenciales domiciliarias, aplicadas a personas mayores de 18 años residentes en la Ciudad de Buenos Aires.
El estudio contempla 2.200 casos, de los cuales 1.800 corresponden a población general y 400 a población en situación de vulnerabilidad, garantizando además la inclusión proporcional de personas con discapacidad dentro de la muestra.
Según detalló Jéssica Malegarie, directora de Participación Ciudadana, Acceso a Justicia y Derechos Universales del Consejo de la Magistratura porteño, el objetivo es comprender de manera integral cómo interactúan los ciudadanos con el sistema judicial.
“Queremos entender cuál fue la experiencia concreta de las personas cuando tuvieron que recurrir a la justicia: qué barreras encontraron, cuánto tiempo demoraron los trámites y cuánto conocían sobre sus derechos en ese proceso”, señaló al ser consultada por Quorum.
La encuesta no sólo indagará percepciones generales sobre la justicia, sino también experiencias concretas vinculadas al acceso a derechos y al funcionamiento institucional.
“No se trata solamente de conocer opiniones, sino de recuperar información que muchas veces el propio Poder Judicial no tiene sobre cómo viven las personas su contacto con la justicia”, sostuvo.
Barreras de acceso y conocimiento de derechos
Uno de los aspectos centrales del relevamiento será identificar cuáles son los obstáculos que enfrentan los ciudadanos al intentar resolver un conflicto legal.
Malegarie señaló que muchas veces esas barreras están vinculadas a la falta de información sobre qué instituciones intervienen en cada tipo de problema.
“La encuesta también busca entender si las personas saben a dónde recurrir cuando tienen un problema, qué instituciones conocen y qué tipo de respuestas esperan del sistema judicial”, afirmó.
El estudio permitirá además distinguir entre las percepciones sobre la justicia nacional y las competencias propias de la justicia de la Ciudad.
“En muchos casos, para los ciudadanos no está claro qué cuestiones corresponden a la justicia local y cuáles a la justicia nacional. Comprender esa percepción también es parte del trabajo que buscamos hacer”, explicó.
Un trabajo articulado
Malegarie destacó que el proyecto se desarrolla en articulación con distintos organismos vinculados al acceso a derechos.
“Trabajamos de manera coordinada con distintos actores institucionales vinculados al acceso a la justicia. La idea es construir información que permita mejorar las políticas públicas y acercar el sistema judicial a la ciudadanía”, señaló.
Una vez finalizado el relevamiento, comenzará la etapa de análisis de los resultados.
“Ahí empieza el verdadero trabajo: analizar la información, cruzarla con los datos sociodemográficos y pensar qué mecanismos tenemos para seguir mejorando el acceso a la justicia en la Ciudad”, concluyó.
En definitiva, la II Encuesta sobre Acceso a la Justicia busca aportar una base empírica para comprender cómo se relacionan los ciudadanos con el sistema judicial porteño y qué cambios pueden contribuir a construir una justicia más accesible, eficiente y cercana a la sociedad.
