La Corte Suprema de Justicia confirmó la extradición de Guillermo Rafael Boscán Bracho, líder de la denominada “Banda del Yiyi”, requerido por Venezuela y procesado en la justicia federal de Corrientes por lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Boscán Bracho, alias “Yiyi”, sindicado como uno de los criminales venezolanos más buscados, era uno de los diez prófugos más buscados de ese país: lo acusan allí de “extorsión agravada, homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles, terrorismo, asociación para delinquir agravada, tráfico de armas y municiones y obstrucción de la libertad de comercio”.
Llegó a la Argentina con una identidad falsa y se fue a vivir a un country de la localidad correntina de Santa Ana, con su nueva esposa, su hija y sus suegros. Cuando intentó obtener el documento argentino, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento de la Policía Federal Argentina (PFA) detectó sus huellas digitales, monitoreó sus movimientos y lo detuvo en octubre del 2023 sobre la ruta provincial 43, a metros del acceso al barrio donde estaba viviendo.
En la Argentina se abrió una causa para determinar si desde 2019 integró una banda criminal tendiente a realizar maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, incluso después de haber sido encarcelado. Se sospecha que mientras permaneció en nuestro país siguió dando órdenes a su organización , relacionada con una serie de atentados y muertes en las ciudades de Maracaibo y Barranquitas, en el estado venezolano de Zulia.
En diciembre de 2025 la Cámara Federal de Corrientes confirmó los procesamientos con prisión preventiva por lavado de activos y financiamiento del terrorismo dictados contra Boscán Bracho y un grupo de 12 personas más -10 de nacionalidad venezolana, una colombiana y un argentino- acusadas de tener vínculos estrechos con la organización criminal transnacional conocida como el “Tren de Aragua”.
En las extradiciones, la justicia argentina no evalúa los delitos cometidos en el país que reclama sino si se cumplen los requisitos legales para habilitar el envío. Si las instancias judiciales aceptan el pedido, la última palabra en estos casos la tiene el Poder Ejecutivo.
El Juzgado Federal de Corrientes había concedido la extradición, la defensa apeló y el Procurador General de la Nación solicitó confirmar la sentencia. Boscan Bracho afirmó que un anterior abogado no lo había representado adecuadamente y que temía porsu vida y su seguridad si lo enviaban a Venezuela.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el planteo por entender que la defensa omitió ponderar la orden de garantizar al señor Boscan Bracho que “en caso de ser privado de su libertad, lo hagan respetándose los términos de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles y Degradantes, que prohíben cualquier tipo de trato cruel y degradante y respetándose la garantía del debido proceso y en salvaguarda de la vida del extraditado”.
“Sólo cabe que el juez de la causa ponga en conocimiento del país requirente (Venezuela) el tiempo de privación de la libertad al que estuvo sujeto Boscan Bracho en el trámite de extradición”, concluyó la Corte.
