En una nueva jornada del juicio, los defensores insistieron con que la incorporación por lectura de las declaraciones de los imputados colaboradores vulnera el derecho a controlar la prueba. El TOCF 7 rechazó el planteo “in limine”, ratificó su criterio previo y, a pedido de la fiscalía, impuso costas al abogado que volvió a cuestionar una discusión ya saldada.
Al inicio de una nueva jornada en la causa “Cuadernos”, en la que se llevó a cabo la declaración de ex funcionarios y empresarios acusados de integrar la asociación ilícita presuntamente desarrollada entre 2003 y 2015, el abogado Diego Peisajovich, defensor de Juan Bautista Pacella, titular de la constructora “Dos arroyos”, volvió a la carga con la nulidad de la incorporación por lectura de las declaraciones de los “arrepentidos”.
Esta objeción ya se había planteado en la audiencia anterior, cuando el chofer Oscar Centeno y el financista Ernesto Clarens se negaron a declarar y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 la rechazó por unanimidad. No obstante, Peisajovich insistió y su postura fue acompañada por los defensores que asisten a la audiencia por zoom, entre ellos el defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, quien advirtió que irá a la Corte si el los jueces no revisan su decisión.
“Mi defendido sólo está imputado por dichos ante Stonelli, si no podemos evaluar la prueba, no podemos defendernos. Las partes tenemos el derecho de controlar la prueba y esto no puede diferirse hasta el final del debate”, enfatizó el abogado.
“Clarence es el que le genera un perjuicio a mi defendido y no pude preguntarle nada sobre su declaraciòn, que fue hecha ante el fiscal Stornelli… qué sabía de las obras, si recibió dinero, si su oficina manejaba plata de coimas. Todo esto nos ha sido vedado, afecta la defensa en juicio y viola todos los acuerdos de defensa de derechos humanos”, enumeró el defensor.
“En concreto: planteamos la nulidad de incorporar por lectura las declaraciones, no indagatorias sino ante un fiscal, y exigimos que sean retiradas como prueba, asì como sus anexos”, resumió el abogado.
Viendo que su cliente era aludido una y otra vez como fuente de las imputaciones de varios de los citados para esta jornada, el defensor de Clarence pidió la palabra y señaló que “el régimen del arrepentido no quedó armonizado con el régimen procesal porque comienza y cierra con una resolución jurisdiccional en la que el juez da por cerrada la colaboración. Esta resolución acepta que las declaraciones de los colaboradores fueron confirmadas por otras pruebas”.
Juvenal Pinto manifestó que “el planteo de nulidad es prematuro” y se manifestó a favor de esperar que en otros momentos del debate se zanje la discusiòn acerca del valor de las declaraciones de los arrepentidos como prueba.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero rechazaron “in limine” las nulidades reclamadas y recordaron que ya habían sido planteadas y descartadas en la audiencia anterior, lo que fundamentó el pedido de la fiscal Fabiana León, quien pidió -y obtuvo- la imposiciòn de costas a Peisajovich por la introducciòn de un tema ya tratado sin aportar elementos nuevos.
Fabián García Ramón, ex asesor del Ministerio de Planificación, fue llamado al estrado pero se negó a declarar y a responder pregunta; la misma postura adoptó el arequitecto Germán Nivello, ex subsecretario de Obras Públicas, quien se limitó a negar haber integrado una asociación ilícita, aunque adelantó que “en otro momento, cuando vea qué prueba se ha producido, contestaré a todo lo que me pregunten”.
El arquitecto Oscar Alfredo Thomas, ex director del entre binacional Yacyretá, comenzó su exposición con un rotundo: “Nunca manejé dinero ni integré una asoción ilícita, ni delinquí; no fui funcionario público, siempre mi tarea fue dentro de Yacyretá, un organismo internacional”. También declaró Walter Rodolfo Fagyas, ex asesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, quien también cargó contra Oscar Centeno.
