Con un acto encabezado por Hilda Kogan y Sergio Torres, la Suprema Corte reivindicó el proceso judicial contra los crímenes de la dictadura.
A 50 años del golpe de Estado, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires realizó un acto conmemorativo en el que volvió a resaltar el papel del Poder Judicial en el juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado.
La actividad se llevó a cabo en el Salón Auditorio del máximo tribunal bonaerense y estuvo encabezada por su presidenta, Hilda Kogan, junto al vicepresidente Sergio Gabriel Torres y el ministro decano Daniel Soria.
En ese marco, Torres -quien tuvo a su cargo la investigación de la megacausa ESMA– brindó una exposición en la que destacó la decisión del país de canalizar esos crímenes a través de la Justicia. Sostuvo que Argentina eligió el sistema judicial como herramienta para enfrentar los delitos del terrorismo de Estado y remarcó que ese proceso es hoy objeto de estudio en universidades de todo el mundo.
Durante su intervención, también puso el acento en el rol de las víctimas, no sólo como testigos sino como actores centrales en el avance de las causas. Subrayó que su participación, a través de las querellas, fue determinante para sostener los procesos judiciales.
Además habló de la responsabilidad del Estado en los delitos de lesa humanidad. “Cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, ¿de qué estamos hablando? Porque no hay una categoría como tal. Para que se entienda, el que comete el delito es el Estado, son funcionarios públicos que utilizan, si usamos el ejemplo de los vuelos de la muerte, utilizan aviones estatales, nafta del Estado, instalaciones del Estado y funcionarios empleados que cobran un sueldo a fin de mes del Estado. Es el Estado el que mata, es el Estado el que secuestra y es el Estado el que hace desaparecer. Y para entenderlo desde otro lugar, fíjense que si nosotros en este momento alguien nos persigue, nos quisiera hacer daño, nosotros recurriríamos al Estado, recurriríamos al Poder Judicial, recurriríamos al Ministerio Público, recurriríamos a la Policía. Ahora, ¿qué ocurre cuando es el Estado el que me persigue? ¿A quién recurro? ¿Quién me da una mano? ¿Quién me puede ayudar? Ahí aparece el exilio, como única respuesta frente a ese ataque”, aseguró.
En el cierre, el magistrado amplió el enfoque y vinculó la memoria con políticas de largo plazo. Consideró que la prevención de hechos similares no depende únicamente de la sanción penal, sino también de la educación y la formación, como herramientas para que las nuevas generaciones conozcan lo ocurrido.
Por su parte, Kogan agradeció la presencia de organismos y referentes de derechos humanos, entre ellos Dora Barrancos, Víctor Mendivil y la Comisión Provincial por la Memoria, y destacó su trabajo sostenido en la defensa de estos principios.
Uno de los momentos centrales del acto fue la entrega de legajos reparados a familiares de trabajadores judiciales víctimas del terrorismo de Estado. La iniciativa se enmarca en la Resolución RP 264/24, que establece una política de “reparación histórica” para quienes fueron ilegalmente detenidos, desaparecidos, asesinados o desvinculados de sus cargos bajo condiciones irregulares durante la última dictadura.
El acto reunió además a funcionarios de los tres poderes del Estado, integrantes del Tribunal de Casación Penal, cámaras de apelación, juzgados, colegios profesionales y organismos vinculados a la memoria, la verdad y la justicia.
Como parte de la conmemoración, la Suprema Corte también inauguró una muestra histórica que recorre, de manera cronológica y temática, el impacto de la dictadura en el ámbito provincial. La exposición aborda tanto el rol del Poder Judicial como la acción de los organismos de derechos humanos desde 1976 hasta la actualidad, y será itinerante en los distintos departamentos judiciales.
