El caso ocurrió en la ciudad de La Plata, en febrero de 2023. La presentación fue realizada ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, y apunta a decisiones que, según la denunciante, limitaron la investigación y dejaron fuera a posibles responsables.
Killian Faruolo Casas tenía apenas 3 años cuando murió ahogado en una pileta de la ciudad de La Plata, en medio de una reunión familiar. Su mamá no solo no le encuentra una explicación a la tragedia, sino que además siente que la Justicia le soltó la mano. Por eso decidió avanzar contra el fiscal general de La Plata y a dos juezas de Cámara, a quienes acusa por mal desempeño y responsabiliza por haber condicionado el avance de la investigación.
El planteo de Sara Elizabeth Casas fue ingresado en la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires. La mujer, con el patrocinio del abogado Ignacio Fernández Camillo, cuestionó duramente el accionar del fiscal general Héctor Vogliolo y de las camaristas María Silvia Oyhamburu y María Sofía Rezzónico Bernard.
Según la presentación, las decisiones adoptadas a lo largo del expediente derivaron en que la causa avance hacia juicio oral con una única imputada -la abuela paterna del niño-, mientras que otros adultos que estaban presentes el día del hecho quedaron fuera del proceso.
El eje del reclamo apunta a la reconstrucción de lo ocurrido. El 26 de febrero de 2023, durante una reunión familiar en una casa de Los Hornos, el nene cayó a una pileta y murió ahogado. Para la madre, no se trató de un hecho aislado ni de una omisión individual, sino de una situación en la que varias personas pudieron haber intervenido para evitar el desenlace.
En ese sentido, la denuncia destaca la existencia de una grabación que habría permitido reconstruir la secuencia completa. A partir de ese material, la mujer sostiene que distintos adultos estaban en condiciones de advertir lo que sucedía y actuar en consecuencia.
También plantea que hubo demoras y decisiones procesales que afectaron el desarrollo del expediente como, por ejemplo, la apertura de una investigación paralela que derivó en conflictos de competencia y terminó dilatando el trámite durante meses, sin resultados concretos.
Uno de los puntos más duros del escrito está dirigido al fiscal general, a quien acusa de haber convalidado resoluciones sin analizar en profundidad la prueba central del caso y de no haber garantizado la participación activa de la víctima en el proceso.
En paralelo, cuestiona la intervención de la Cámara de Apelación y Garantías, al sostener que las juezas rechazaron los planteos por cuestiones formales sin ingresar al fondo del asunto, lo que -según su visión- terminó por cerrar la posibilidad de revisar el rumbo de la investigación.
El pedido de juicio político se apoya en las previsiones de la Ley 13.661, que contempla sanciones para magistrados y funcionarios por mal desempeño, negligencia grave o incumplimiento de deberes. Ahora, será el órgano de enjuiciamiento el que deberá analizar si la denuncia reúne los requisitos para avanzar.
