Carlos Washington Palacios, ex fiscal de la UFI N°1 de Pilar, no podrá ejercer cargos públicos durante 12 años. También fueron sentenciados dos abogados y un testigo.
La Justicia condenó a un ex fiscal penal de Pilar, dos abogados y un testigo por haber plantado pruebas falsas en la causa por el ataque a la vivienda del ex candidato presidencial Sergio Massa y su esposa Malena Galmarini, en un hecho ocurrido en el año 2013 en Tigre.
El fallo fue dictado por el Juzgado en lo Correccional N° 6 de San Isidro, a cargo del juez Hernán Sergio Archelli, dio por acreditado que el ex fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1 de Pilar, Carlos Washington Palacios, los abogados Tomás Ángel Pérez Bodria y Esteban Mauricio Español, y el testigo César Emiliano Jaunarena actuaron de manera coordinada con el objetivo de beneficiar al ex prefecto Alcides Gorgonio Díaz, quien ya había sido condenado por el hecho, e intentar debilitar las pruebas que sustentaron esa sentencia.
De acuerdo a las fuentes, la maniobra se desplegó entre fines de 2014 y comienzos de 2015, cuando se impulsó una línea paralela de intervención en la causa. En ese contexto, Palacios utilizó una denuncia por amenazas presentada por Jaunarena para redirigir el foco de la investigación hacia presuntas irregularidades en los procedimientos policiales, en lugar de profundizar en el origen de las intimidaciones.
Según estableció el tribunal, los abogados involucrados orientaron al testigo para que incorporara datos falsos en sus declaraciones. Entre otros puntos, Jaunarena sostuvo que en los allanamientos se había secuestrado una suma de dinero superior a la registrada oficialmente y que una persona ajena había ingresado con un bolso al lugar, extremos que luego fueron descartados por la prueba producida en el expediente.
La sentencia tuvo en cuenta además el análisis de comunicaciones y testimonios que permitieron acreditar la existencia de coordinación entre los acusados, así como intentos de influir en otros testigos para modificar sus versiones.
El fallo también incorporó antecedentes disciplinarios del ex fiscal Palacios, quien había sido removido de su cargo en 2019 tras un jury que concluyó que incumplió sus deberes de funcionario público y actuado fuera de los límites de su competencia.
Al momento de fijar las penas, el juez consideró la gravedad institucional de los hechos al entender que se utilizó el sistema judicial con fines indebidos. En ese marco, condenó a Palacios a seis años de prisión y 12 de inhabilitación; a los abogados Pérez Bodria y Español a cinco años de prisión e igual período de inhabilitación profesional; y al testigo Jaunarena a cuatro años de cárcel.
El hecho original, ocurrido el 21 de julio de 2013, había sido inicialmente presentado como un robo, aunque en sede judicial fue considerado un episodio de intimidación política. A partir de los allanamientos posteriores se obtuvieron pruebas clave que derivaron en la condena de Díaz a 13 años de prisión.
