El diputado nacional y consejero de la Magistratura Álvaro González analiza el funcionamiento del órgano encargado de seleccionar y sancionar jueces, cuestiona la falta de designaciones por parte del Ejecutivo, advierte que “un tercio del Poder Judicial está vacante” y sostiene que, en un contexto de ajuste, la Justicia necesita más inversión para sostener su funcionamiento. También se pronuncia sobre la Corte Suprema, la situación crítica de la Justicia federal en Santa Fe y la transferencia de competencias a la Ciudad.
Con el tono directo de quien conoce los pasillos legislativos desde hace dos décadas y hoy integra el órgano que selecciona y controla a los jueces federales, Álvaro González habla sin rodeos. Defiende el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, cuestiona la decisión del Poder Ejecutivo de no enviar pliegos al Senado y advierte que “cuando el último tramo del proceso se frena, todo el trabajo previo pierde eficacia”.
En esta entrevista, el diputado nacional repasa el estado de las vacantes judiciales, el presupuesto del Poder Judicial en tiempos de ajuste, la Corte Suprema funcionando con tres miembros, la crisis de la Justicia federal en Santa Fe atravesada por el narcotráfico y la discusión pendiente sobre la transferencia de la Justicia Nacional a la Ciudad. También reflexiona sobre el desgaste de las instituciones, el peso de la emoción en la política actual y la necesidad de sostener equilibrios en un sistema cada vez más tensionado.
Diputado, ¿cómo evalúa la gestión del Consejo de la Magistratura?
En principio, desde que yo estoy en el Consejo de la Magistratura, creo que ha funcionado, y ha funcionado bien. Lo primero que hay que tener claro son las funciones del Consejo, y cómo se articulan luego con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo. El Consejo cumple una tarea muy específica: lleva adelante todo el proceso de selección de magistrados. En 2025 y 2026 aprobamos más de 90 ternas cada año; el año anterior, más de 100. En términos cuantitativos, si uno lo compara con otras etapas del Consejo, el desempeño es muy bueno. Ahora bien, una vez que el Consejo aprueba las ternas, estas pasan al Poder Ejecutivo, como establece la ley. El Consejo selecciona y eleva una terna; de esa terna, el Poder Ejecutivo elige un candidato y lo envía al Senado para que le preste acuerdo. Ese es el procedimiento constitucional. Desde el origen del proceso -la selección- el Consejo cumplió. Lo que ocurrió después fue que el Poder Ejecutivo decidió no enviar esas ternas al Senado. Las acumuló y no las remitió al Poder Legislativo. Por eso tampoco puede responsabilizarse al Congreso por no haber intervenido: no tuvo la oportunidad de hacerlo porque los pliegos no llegaron. El Senado sólo trató algunos casos puntuales: los pliegos de jueces mayores de 75 años que requerían renovación de acuerdo, y los dos candidatos propuestos para la Corte Suprema, que finalmente no prosperaron. Pero respecto de las ternas ordinarias, no hubo tratamiento porque no fueron enviadas. Entonces, lo que sí puede afirmarse es que hubo una decisión política del Poder Ejecutivo de no elegir dentro de las ternas y no remitir los pliegos. Y esa es una explicación que debería dar el propio Ejecutivo. Cada terna implica un proceso largo y exigente: exámenes, entrevistas, evaluaciones, deliberaciones. Hay concursos que llevan años. Y no hay otra forma de acceder a la magistratura que no sea a través de ese procedimiento. Cuando el proceso queda inconcluso en la última etapa, todo ese trabajo pierde eficacia. Durante dos años se especuló con distintas estrategias -por ejemplo, que se priorizaría primero la ampliación de la Corte-, pero lo cierto es que esa estrategia no dio resultado: los jueces de la Corte no fueron aprobados y los concursos siguen pendientes. Hoy tenemos aproximadamente un tercio del Poder Judicial con vacantes. Y eso es mucho, sobre todo cuando la etapa de preselección ya está hecha. Falta solamente que, de cada terna, el Ejecutivo elija uno y lo envíe al Senado para que se pronuncie. Si me preguntás por el funcionamiento del Consejo, mi respuesta es que se trabaja, y mucho.
Más allá de las vacantes, ¿cómo evalúa el funcionamiento interno del Consejo en términos de administración y recursos?
Sí, los dos primeros años presidí la CAF, con un presupuesto absolutamente acotado. El 96% del gasto del Poder Judicial es salario; el margen restante es mínimo. Durante esos años aprobamos presupuestos que luego fueron convalidados por el Poder Ejecutivo, aunque no por el Legislativo, porque directamente no hubo ley de presupuesto. Este año se repitió el proceso: el Ejecutivo fija los techos, el Consejo calcula recursos y gastos -con la particularidad de que el Poder Judicial tiene más gastos que ingresos propios, porque los ingresos dependen del Ejecutivo-, y se arma el proyecto. El primer presupuesto que enviamos volvió con un recorte del 75 % en infraestructura y tecnología. Lo reconsideramos, volvimos a plantear los números según lo que entendíamos necesario para que el servicio de justicia funcione. No estamos hablando de gastos suntuarios. Cuando yo asumí, se hablaba de “ciudades judiciales”; hoy estamos hablando de arreglar un baño, comprar una notebook o mejorar la conectividad. Infraestructura básica. Tecnología que creció después de la pandemia y que hay que sostener y actualizar. También cuestiones de seguridad informática: si avanza la tecnología, avanzan también los riesgos, y hay que protegerse. Cuando finalmente el presupuesto llegó al Congreso, volvió a incluir el recorte del 75 % que habíamos restituido. Intentamos, incluso, incorporar partidas específicas -como los fondos correspondientes a la ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento de una manda de la Corte Suprema- y recuperar lo aprobado por el Consejo. No prosperó en esa instancia. Sin embargo, a comienzos de 2026, la Jefatura de Gabinete tomó como base para el presupuesto del Poder Judicial el proyecto que habíamos elaborado en el Consejo. Eso, al menos, nos dio herramientas para sostener el funcionamiento. En términos de gestión, el Consejo puede mostrar que redujo su planta de personal en aproximadamente 150 o 200 cargos, por jubilaciones que no fueron reemplazadas. Puede exhibir que los concursos se realizaron y las ternas se elevaron. Y puede demostrar que, cuando hubo jueces que no estuvieron a la altura, se activaron los mecanismos disciplinarios y de acusación. A mí me tocó intervenir en el caso del juez Marcelo Bailaque: elaboré el dictamen acusatorio y pedí el juicio político. Frente a la contundencia de los elementos reunidos, el magistrado presentó su renuncia, que fue aceptada por el Poder Ejecutivo. Actualmente estoy trabajando en una acusación contra el juez federal de La Pampa Pablo Díaz Lacava por hechos vinculados a violencia de género y maltrato laboral. También tengo en trámite una denuncia contra el juez Villena, que se encuentra en etapa de recopilación de prueba. Es decir, tanto en materia de concursos como en disciplina y acusación, las funciones propias del Consejo están en marcha y, a mi juicio, funcionan bien. El Consejo tiene una composición plural: representantes del estamento judicial, del político -diputados y senadores por las distintas minorías-, abogados, académicos, el representante del Poder Ejecutivo y su presidente. Esa diversidad, que a veces parece una madeja compleja, es precisamente la que garantiza equilibrios. La democracia funciona así: con contrapesos, con miradas distintas sobre un mismo problema. Algunos tendrán posiciones ideológicas marcadas; otros, no. Pero todos deliberan y votan. Y cuando se arriba a una decisión, es con una mayoría lo suficientemente sólida como para darle legitimidad. Esa, en definitiva, es la fortaleza institucional del Consejo.
¿Considera que habría que avanzar en una ley específica para el Consejo de la Magistratura teniendo en cuenta que fue un pedido de la Corte y que la composición actual aún es cuestionada?
Bueno, siempre es posible reformarla. Este Consejo tiene esta composición porque la Corte, en su momento, le dio al Parlamento 180 días para dictar una nueva ley y advirtió que, si no lo hacía, volvía a regir la anterior. Pasaron los 180 días y no se modificó la ley. Ahora, modificar la ley del Consejo -que insisto, siempre es posible- requiere algo muy delicado: equilibrio. Y una mirada institucional sobre un órgano tan importante donde no debería prevalecer nadie sobre nadie. Esa es la discusión de fondo: ¿conduce la política o conduce el sistema judicial? Esa tensión siempre está. Hoy funcionamos con cuatro representantes del estamento judicial, cuatro diputados, cuatro senadores, los abogados, los académicos, el representante del Ejecutivo y el presidente. Y funciona.
¿Podría funcionar mejor?
Y sí, siempre se puede mejorar. El proceso de selección se puede perfeccionar, la dinámica interna también. Pero decir que no funciona es falso. Funciona y mucho. Yo te diría que trabajo más horas para el Consejo de la Magistratura que para el Congreso. Mucho más. Y eso tiene que ver también con mi perfil. Me conocés hace años: yo dialogo más allá de mis ideas. No creo que mis posiciones sean dogmas intocables. El intercambio siempre enriquece, incluso cuando uno termina en desacuerdo. Después de 20 años en la labor legislativa, esta tarea en el Consejo la asumo con la misma responsabilidad institucional.
Usted presidió la Comisión de Administración Financiera (CAF). ¿Cómo fue esa experiencia?
La CAF tiene 12 miembros; otras comisiones tienen ocho. La mayoría de las resoluciones que tomamos las sacamos por unanimidad. A veces había abstenciones, posiciones políticas distintas, pero no se entorpecía el funcionamiento. Si había que volver a discutir un expediente, se volvía atrás, se reformulaba y se trataba otra vez. Funcionó muy bien. Y lo que hay que resaltar es que el producto del Consejo es tangible. No es lo que dice Álvaro González: son las ternas elevadas, los concursos realizados, los procesos disciplinarios en marcha. Eso está a la vista.
Hoy la CAF la preside el representante del Ejecutivo. ¿Es sano que el Ejecutivo conduzca esa comisión?
Lo hablé mucho con Sebastián Amerio. El Gobierno tiene una lógica: quiere controlar todas las “cajas”. Yo siempre decía: acá estamos discutiendo el 3 o 4% del presupuesto; el 96% es salario y ya está comprometido. Pero si al Poder Ejecutivo le daba más tranquilidad presidir la comisión, no tenía problema. Yo sigo como vicepresidente. Discutimos todo, armamos los temarios, debatimos cada expediente. ¿Me hubiera gustado que el Ejecutivo no concentrara también esa Presidencia? Bueno, sí, si me preguntás en abstracto. Pero en la práctica no se paralizó nada. La comisión siguió funcionando igual. Además, si lo que necesitamos es que los recursos fluyan -porque durante dos años no hubo presupuesto y dependíamos de decisiones administrativas-, entonces también hay que ser pragmáticos.
Más allá de la discusión presupuestaria, ¿cree que el Poder Judicial está subinvertido?
A mi juicio, el Poder Judicial requiere mayor inversión. Permanentemente le exigimos cada vez más cosas, pero no siempre lo dotamos del equipamiento que necesita para cumplir con esas demandas. Es una opinión personal, claro. Pero también es cierto que el Presidente asumió diciendo que “no hay plata”, y cuando uno mira el contexto general, se advierte que las restricciones son reales. Ahora bien, la sociedad hoy observa tanto al Poder Legislativo como al Poder Judicial con una mirada muy crítica. Yo estoy acá desde hace 12 años. Y cuando escucho ciertos discursos -eso de “los diputados tienen esto”, “los senadores aquello”- me pregunto si realmente se conoce cómo funciona esto por dentro. Preguntale a los empleados que trabajan acá cuánto ganan: alrededor de un millón de pesos. ¿Está bien, está mal? No lo sé. Es lo que hay. Se hizo un ajuste fuerte en el Congreso, como también se hizo en el Poder Ejecutivo, y fue un ajuste que impactó sobre los trabajadores. Es un estilo, una forma de gobernar. Algunos dirán que es la contracara de lo que había antes. Puede ser. Pero es el escenario actual. Entonces, cuando se dice livianamente “los diputados…”, yo invito a cualquiera a pasar un mes al lado mío. Me levanto a las 7:15 de la mañana y termino, según el día, cerca de las 10 de la noche. Es mi trabajo. No me quejo ni me presento como mejor diputado por la cantidad de horas que dedico. Es simplemente mi responsabilidad. Si fuera abogado o médico, trabajaría las mismas horas. Es una cuestión de compromiso personal. Decir que “son todos vagos” no es justo. Ahora, ¿tiene buena prensa el Congreso? No. ¿La tiene la Justicia? Tampoco. Sin embargo, cuando se necesita del Congreso o de la Justicia, entonces aparecen como lo que realmente son: dos poderes del Estado fundamentales. El problema es que ese reconocimiento suele llegar sólo cuando hacen falta.
¿Es un problema de comunicación? ¿Es prejuicio?
Es una buena pregunta. Creo que hay un poco de todo. Está, por un lado, la cuestión del prejuicio. Y, por otro, una comunicación que durante muchos años se construyó pegándole a un “ser inanimado”. Cuando se cuestiona al Poder Ejecutivo, se señala al ministro de Trabajo, al ministro de Economía, al Presidente: tienen nombre y apellido. En cambio, con el Congreso es “los diputados”. Como si fuéramos todos iguales. Y no, no somos todos iguales. Hay diputados que hacen una cosa, otros que hacen otra; diputados que piensan de una manera, y otros que piensan distinto. Esa imagen del Congreso como una especie de “jaula de las locas” facilita que los medios demonizen una institución inanimada, mucho más que a una figura personalizada. Y esto no es de ahora: viene de hace años. Porque cuando los poderes tienen 80% de imagen negativa, es evidente que algo está pasando. ¿Hay un problema de comunicación? Puede ser. Pero también hay un problema de prejuicio. Algo de prejuicio hay. ¿Se podría achicar si se comunicara mejor? Tal vez. Ahora bien, también cabe preguntarse si existe verdadera voluntad de comunicar mejor lo que hace el Congreso. Muchas veces parece que el Congreso es noticia solo cuando ocurre algo negativo, no cuando hay avances o acuerdos relevantes. Pero así funciona el sistema democrático: hay que apretar los dientes y seguir adelante. Cuando me preguntan, digo que soy político y que soy diputado. Lo digo con orgullo, porque defiendo mi actividad con mi accionar. Vengo de una familia política, mi padre estuvo preso durante la dictadura, hace 20 años que soy diputado y aprendí muchísimo. Creo profundamente en el sistema democrático y en la importancia del Congreso. Estamos atravesando una etapa en la que, para buena parte de la sociedad, pesa más la emoción que la razón. Y no es un fenómeno exclusivamente argentino: ocurre también en Estados Unidos, en El Salvador y en muchos otros países. Se discute si determinados liderazgos son más o menos democráticos, pero cuando alguien obtiene el 80% de los votos y una mayoría aplastante en el Congreso, esa representación la otorgó la ciudadanía. Los legisladores no aparecen por generación espontánea: los vota la gente. Y el Congreso es, en definitiva, la expresión de ese voto. En nuestro caso, también se vio cómo fuerzas con representación limitada pudieron crecer electoralmente y luego construir mayorías parlamentarias. En el Congreso, al final del día, manda la matemática. Pero las leyes no son solo números: se construyen en el diálogo. Y ahí es donde muchas veces aparecen las tensiones. El PRO, espacio al que pertenecí, le aportó mucho a La Libertad Avanza durante esos dos años desde el punto de vista legislativo. Y no hablo solo del número de votos o de las manos levantadas -que también cuentan-, sino del trabajo en la construcción de las leyes. Porque las leyes no se limitan a una votación: se elaboran, se negocian, se corrigen. Y es justamente en esa construcción donde, a mi juicio, estuvo el problema. Si me preguntan a mí, creo que la actitud de La Libertad Avanza frente a ese proceso no fue la mejor. Pero esa es mi mirada. También se habla de una supuesta “fusión” entre espacios políticos. Yo no lo veo como una fusión; lo veo más como un sometimiento. Porque cuando existe un acuerdo político real, no puede consistir en que siempre se le pida a uno lo que se necesita sin que haya, del otro lado, la generosidad de incorporar también lo que el socio requiere. ¿Eso significa reclamar ministerios o cargos? No. Significa sentirse parte. Porque si a uno lo convocan sólo cuando falta un voto, entonces no es parte de un proyecto: es un recurso circunstancial. Y así es muy difícil construir algo sólido. Sería más razonable sostener una relación permanente, donde a veces se acompaña y a veces no; donde hay temas en los que se coincide y otros en los que se discrepa. Eso es lo que hace saludable a una coalición. En mi caso, tuve la posibilidad de conversar este tema con el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, y me entendió. Le dije con claridad que no iba a votar en contra de las universidades. ¿Por qué? Porque soy egresado de la Universidad del Litoral. Las universidades pueden mejorar, sin duda. Pero responsabilizar a los profesores universitarios de todos los problemas no es justo. La universidad pública -como la educación pública en general- es un activo fundamental de la Argentina. Es parte de nuestra identidad y de nuestro desarrollo como país. Y eso debería estar fuera de cualquier lógica de confrontación coyuntural. Cuando se afirma que “los chicos no van al colegio”, conviene mirar el contexto completo. Las escuelas existen, y hoy ofrecen mucho más que hace décadas: alimentación, contención, apoyo. En contextos vulnerables, el Estado debe estar presente. Simplificar el debate en términos de abuso o desvío erosiona la confianza en el sistema. Al mismo tiempo, estamos atravesando una transformación vertiginosa con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Es un fenómeno global, no atribuible a un gobierno en particular. La velocidad es enorme, y quien no se involucra corre el riesgo de quedar afuera de herramientas que pueden ser formidables. La política también se ve atravesada por esa aceleración. En las nuevas formas de la política, las formas institucionales parecen perder relevancia frente al resultado inmediato. Antes, las formas funcionaban como un colchón para garantizar un mejor fondo. Hoy prima el impacto, la inmediatez, la emoción. Las discusiones complejas -como la integración de organismos de control o la aprobación de presupuestos- se reducen muchas veces a consignas rápidas. La vida cotidiana refleja esa misma aceleración. Todo ocurre en milisegundos: una foto se sube y recorre el mundo al instante; un mensaje se responde en automático; un audio debe durar 30 segundos. Si no, no circula. Esa lógica también condiciona la política y la comunicación pública. Adaptarse a esa realidad es inevitable. Todos hemos debido hacerlo. La forma de ejercer el periodismo, de comunicar, de hacer política, cambió. La velocidad impone reglas nuevas. Antes, las instituciones ofrecían un margen para la reflexión; hoy la presión es constante. En ese contexto, el Consejo de la Magistratura funciona. Funciona con seriedad, con austeridad y con conocimiento de las necesidades del Poder Judicial. Tiene una impronta técnica y atenta a los recursos disponibles. No es una percepción aislada: es algo que puede verificarse en la gestión cotidiana. En medio de una época marcada por la inmediatez y la emoción, sostener el funcionamiento institucional no es menor.
Como miembros del Consejo, ¿viven la interna de la Corte? ¿O eso es más una percepción hacia afuera que hacia adentro?
No, no. Y si recordás, cuando fue el juicio político a la Corte, yo la defendí. Defendí a la Corte como institución, más allá de los nombres propios: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda o Carlos Rosenkrantz. Lo que estaba en juego era la institución. Rosatti no tiene una agrupación política detrás. Es el Presidente de la Corte y puede tener diferencias de criterio con Lorenzetti, que tal vez tenga un perfil más político. Pero tampoco es que a Rosatti la política le haya pasado por al lado: fue Intendente, Convencional Constituyente, Ministro de Justicia. Simplemente ha adoptado el temple y la impronta que, a mi entender, requiere quien preside la Corte. Después, a uno pueden gustarle más o menos los fallos, pero eso es otra discusión. Hoy la Corte está integrada por tres miembros y, sin embargo, el año pasado dictó miles de sentencias. Cuando es necesario, convocan conjueces. Mientras tanto, el gobierno lleva dos años sin lograr completar su integración, ya sea con cinco o con siete miembros, según el modelo que prefiera. Eso no es un problema de la Corte, es un problema de la política. De quienes quieren ampliar o completar el tribunal y no han logrado los acuerdos necesarios. Algunos adjudican a miembros de la Corte supuestas maniobras para impulsar una ampliación. Yo no lo veo así. Si hay vacantes desde hace dos años, la responsabilidad de cubrirlas es del sistema político. Se intentó con determinados candidatos y no prosperó. Entonces, lo que digo es: la Corte funciona. No se le puede reprochar que, por estar integrada por tres miembros, no trabaje o no saque fallos. Funciona. Ahora bien, ¿podría funcionar mejor con cinco miembros? Tal vez. ¿Con siete? No lo sé. Incluso hubo proyectos para llevarla a quince. Pero eso vuelve a ser una discusión política. El Presidente de la Corte también preside el Consejo de la Magistratura. Y a mi entender le imprimió al Consejo los mismos valores que a la Corte: trabajo, responsabilidad, austeridad. Durante estos años hubo críticas al Consejo: que no salen los concursos, que no se reúne. No es cierto. El Consejo se reúne una vez por mes en plenario, hay reuniones de labor parlamentaria previas, funcionan las comisiones. El esquema institucional está activo. Como concepto, siempre se puede mejorar. Lo que yo defiendo es lo que se hace. No porque lo haga yo, sino porque es el resultado de un cuerpo colegiado de veinte miembros, donde uno es uno más. No es que una persona impone su impronta sobre todos los demás. Hay discusión, claro que hay discusión. Hay estamentos distintos: judicial, político, académico, abogados. Intereses que muchas veces se cruzan. Y justamente por eso el trabajo lleva tiempo: sentarse, hablar, consensuar y respetar el método. El método es claro: hay un examen, ese examen tiene una evaluación, y esa evaluación determina un orden de mérito. Después, si el examen podría ser mejor, siempre es posible perfeccionarlo. No me cierro a que las cosas se mejoren. Al contrario, creo que todo es perfectible. Pero lo que sí hago es defender lo que creo que funciona. Siempre se puede mejorar -como persona, como padre, como abogado, como diputado-, pero eso no invalida lo que se hace bien. Hoy el Consejo de la Magistratura funciona.
Una cuestión vinculada con Santa Fe. ¿Alcanza con la remoción de un juez para ordenar la situación?
En Santa Fe hay mucho ruido. Y hay muchos problemas, sobre todo en la Justicia federal. Se fueron acumulando vacantes que no se cubren, concursos que no terminan de completarse. El Juzgado Federal Nº 1, con competencia electoral, quedó vacante cuando el juez Reinaldo Rodríguez cumplió 75 años. El Juzgado Federal de Santa Fe también está vacante por la renuncia del juez Francisco María Miño. En Rosario hay dos o tres vacantes más, sumada la que se produjo con la renuncia de Bailaque. Ahora se conoció que el juez federal de Reconquista, Alurralde, estaría propuesto para integrar la Corte de Santa Fe. Es decir, es una jurisdicción que, en términos de Justicia federal, requiere atención urgente. También está cuestionado el juez José Armai en Rosario, y hay expedientes en trámite en el Consejo. Renunció un miembro de Cámara, hay una vacante en la Cámara Federal de Rosario y otra en el Tribunal Oral Federal Nº 3 de Santa Fe. Más allá de las imputaciones que involucraron a algunos jueces federales, hay un problema estructural: por renuncias, jubilaciones o demoras en las designaciones, se generó un hueco importante. La palabra es fuerte, pero la jurisdicción está bastante diezmada. Y eso requiere una intervención rápida.
¿Esto se vincula con el problema del narcotráfico y la seguridad, o es algo coyuntural?
El narcotráfico en Santa Fe es un fenómeno muy profundo y penetrante. La provincia quedó bajo la lupa por el tema de los puertos, por el volumen de exportaciones, por la actividad de organizaciones como Los Monos y por la situación en las cárceles. Ahora bien, también hay que decir que el gobernador Maximiliano Pullaro tomó el tema con decisión política. Hubo una coordinación fuerte con el Ministerio de Seguridad de la Nación, y eso tuvo impacto. Los índices de violencia bajaron de manera significativa. Las cifras son claras: se pasó de más de cien homicidios en determinados períodos a números sensiblemente menores. Eso no es opinable; los datos son los datos. Pullaro es una persona preocupada y ocupada por el tema. Conoce el problema y lo enfrenta. Eso no quita que haya debates, incluso judiciales, sobre las nuevas cárceles o el régimen de aislamiento de los detenidos. La propia Justicia ha cuestionado algunos aspectos de esas políticas. Pero más allá de las discusiones, lo concreto es que hubo una baja notable en los niveles de violencia y una decisión política de ir a fondo contra el narcotráfico. Y ese proceso todavía está en marcha.
Por último, la transferencia de la Justicia Nacional a la Ciudad…
Eso, en algún momento, debiera ocurrir. Y lo digo como porteño: es una reivindicación que corresponde en términos institucionales. Hay, básicamente, dos miradas sobre el tema. Por un lado, la de muchos jueces nacionales que no quieren la transferencia, porque sienten que pasar a ser jueces de la Ciudad implica, simbólicamente, una suerte de descenso respecto de su condición actual. Por otro lado, está la cuestión presupuestaria. Y ahí ya tenemos antecedentes: nos pasó con la Policía. La transferencia, en principio, debería ser paulatina. No es una cuestión de gusto, es una cuestión de lo que corresponde en función de la autonomía de la Ciudad. Si la Ciudad es autónoma, debe tener su propia justicia. Ahora bien, si se transfiere la Justicia Nacional, también deben transferirse los recursos. No puede repetirse la experiencia de asumir competencias sin el financiamiento adecuado, como ocurrió con la Policía o con otras áreas. Ahí vuelven a aparecer las formas. ¿Alcanza con decir “transfieran y listo”? No. Si el objetivo es que la Ciudad asuma plenamente la administración de justicia, hay que hacerlo con responsabilidad. Eso implica recursos suficientes y reglas claras. También implica garantizar a los jueces nacionales que pasarían a la órbita local el respeto por sus condiciones, su estabilidad y su carrera. De lo contrario, se corre el riesgo de generar un esquema híbrido, desordenado, que termine judicializando todo y afectando el funcionamiento del sistema. Es un tema complejo, con múltiples aristas y sensibilidades. Pero en algún momento habrá que resolverlo de manera seria y ordenada.
