El texto, que deberá ser aprobado por el Plenario, fija principios sobre independencia, imparcialidad, redes sociales y conflictos de interés. Además, prohíbe recibir beneficios de litigantes. En el Consejo destacan que busca fortalecer la confianza pública y actualizar estándares de conducta para los jueces federales y nacionales.
La Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó por unanimidad el nuevo Código de Ética para los magistrados del Poder Judicial de la Nación, un instrumento que apunta a unificar criterios de conducta, actualizar principios dispersos en distintas normas y fijar estándares sobre independencia, imparcialidad y responsabilidad institucional dentro de la Justicia federal y nacional.
El texto, que todavía podría recibir modificaciones de redacción antes de su versión definitiva, fue trabajado con consenso entre los distintos estamentos del Consejo y toma como referencia estándares regionales e internacionales en materia de ética judicial. La iniciativa busca fortalecer la confianza social en la Justicia, la transparencia institucional y la calidad del servicio judicial, en medio de un contexto de creciente discusión pública sobre el comportamiento de jueces y funcionarios. Ahora deberá ser sometido a votación del Plenario para su aprobación final.
Entre los principales puntos se establece que el ejercicio de la magistratura exige estándares más altos de conducta por tratarse de una función pública de relevancia institucional. El régimen será aplicable a todos los magistrados del Poder Judicial de la Nación, con excepción de la Corte Suprema de la Nación, que posee un régimen propio.
El proyecto define principios como independencia, imparcialidad y objetividad, responsabilidad institucional, cordialidad y buena fe, motivación de las decisiones y lenguaje claro, perspectiva de género, atención a sectores vulnerables, capacitación permanente, lealtad y secreto profesional. Además, incorpora pautas concretas sobre comportamientos que exceden el ámbito estrictamente jurisdiccional.
Entre otras cuestiones, el código prohíbe recibir regalos o beneficios de litigantes o terceros, fija limitaciones para mantener conversaciones privadas con partes interesadas en expedientes, regula la participación transparente en eventos y establece criterios de prudencia respecto de vínculos personales, apariciones públicas y uso de redes sociales. También incorpora obligaciones vinculadas con la protección de datos personales, el uso responsable de tecnologías y el deber de conservar bienes públicos.
La consejera Jimena De la Torre celebró el avance del proyecto y sostuvo: “¡Estamos a un paso de cumplir un objetivo central: que el Poder Judicial Federal tenga un Código de Ética! Lo propusimos en campaña, lo trabajamos con la abogacía unida, lo instalamos en la agenda pública y lo defendimos con una convicción muy clara: sin ética exigible, no hay Justicia confiable”.
Y agregó: “No se trata de una consigna. Se trata de fijar reglas claras para quienes tienen en sus manos decisiones que afectan derechos, libertades y patrimonio de las personas. La independencia judicial no es licencia para actuar sin límites. Es una garantía de los ciudadanos. Y por eso debe ir acompañada de integridad, transparencia y rendición de cuentas”.
Un código preventivo, pedagógico y orientativo
Uno de los puntos destacados es que el código tendrá una función preventiva, pedagógica y orientativa, sin carácter sancionatorio por sí mismo. La idea es consolidar parámetros de conducta y generar herramientas para la autorregulación ética dentro del Poder Judicial, en un esquema que algunos especialistas consideran todavía incompleto si no se acompaña de estructuras específicas de seguimiento y difusión.
En una entrevista concedida a la revista Quorum, el presidente del Tribunal de Ética Judicial de Córdoba, Armando Andruet (h), había valorado positivamente que se estuviera debatiendo en el Consejo sobre ética pero advirtió que “los códigos de conducta judicial no hacen mejores a los poderes judiciales; sino que ayudan a los jueces a desempeñarse mejor” y remarcó que “la ética judicial no se decreta: sino que se construye”.
Andruet, que participó en debates previos sobre proyectos de ética judicial en el Consejo de la Magistratura, sostuvo además que uno de los desafíos centrales es evitar que estos instrumentos se conviertan únicamente en “un extraordinario instrumento desde el punto de vista teórico” sin mecanismos de aplicación concreta.
El nuevo texto aprobado por la Comisión prevé revisiones periódicas para incorporar desafíos emergentes vinculados al avance tecnológico, la exposición en redes sociales y los cambios en las demandas sociales respecto de la conducta de quienes integran el Poder Judicial.
