El máximo tribunal nacional le dio 48 horas para remitir la documentación vinculada a la ampliación de la Corte provincial, en una causa que cuestiona la constitucionalidad de la reforma impulsada por el gobernador Claudio Vidal.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a intervenir en la disputa por la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz y le exigió al máximo tribunal provincial que remita “de inmediato” toda la documentación vinculada a la reforma cuestionada judicialmente.
La decisión quedó plasmada en una resolución firmada en el expediente “Asociación Gremial de Empleados Judiciales de la Provincia de Santa Cruz c/ Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz s/ acción de inconstitucionalidad”, donde el máximo tribunal nacional intimó al TSJ santacruceño a cumplir con un requerimiento que ya había sido ordenado el pasado 23 de abril.
“Requiérese al Tribunal Superior de la Provincia de Santa Cruz que cumpla de inmediato con la remisión, en formato digital, de las actuaciones principales y de los incidentes de la causa 917/2025”, sostuvo la Corte en el escrito al que accedió Quorum. Además, fijó un plazo de 48 horas para que el tribunal provincial complete el resto de la información solicitada.
La resolución representa un nuevo avance de la Corte nacional sobre un expediente que puso bajo revisión la reforma impulsada por la administración del gobernador Claudio Vidal para ampliar la composición del máximo tribunal santacruceño.
El conflicto se originó a partir de distintos cuestionamientos sobre la constitucionalidad del proceso legislativo que permitió incrementar la cantidad de integrantes del TSJ provincial. Las impugnaciones apuntan tanto al procedimiento utilizado para aprobar la reforma como al posible impacto institucional que podría generar el nuevo esquema judicial.
El conflicto
La ampliación del cuerpo de cinco a nueve miembros, aprobada por la Legislatura en 2024, derivó en un conflicto interno que llevó a tener dos presidencias al mismo tiempo.
La insólita situación se originó en enero pasado tras la jura de cuatro nuevos vocales designados luego de la reforma legal impulsada por el gobernador Claudio Vidal. El acto fue encabezado por Daniel Mariani, entonces presidente del TSJ, quien tomó juramento a Sergio Acevedo, José González Nora, Gabriel Contreras Agüero y Juan Lucio De la Vega.
Poco después, una medida cautelar presentada por el gremio judicial derivó en una resolución adoptada por los jueces Fernando Basanta, Alicia de los Ángeles Mercau, Renée Fernández y Paula Ludueña Campos, los otros cuatro integrantes históricos del TSJ, que suspendieron a los nuevos miembros, les impidieron percibir haberes, les negaron despachos y restringieron su ingreso al edificio. En ese mismo acto, desplazaron a Mariani de la presidencia y designaron en su lugar a Fernández.
Días más tarde, los cuatro nuevos vocales restituyeron a Mariani en la presidencia del tribunal hasta finales de 2026, lo que dejó formalmente a la Corte provincial con dos autoridades que se atribuyen la conducción del organismo.
Frente a ese escenario, la Fiscalía de Estado de Santa Cruz presentó un recurso que fue rechazado en el ámbito provincial, motivo por el cual acudió en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ahora buscará acceder al expediente completo y a todos los antecedentes administrativos y judiciales relacionados con la ampliación para analizar cómo se desarrolló el trámite y si se respetaron las garantías constitucionales.
