El proyecto de Carolina Losada para castigar las falsas denuncias avanzó en el Senado y desató una fuerte polémica: mientras organismos internacionales lo rechazan, ex jueces y peritos advierten sobre causas armadas, condenas sin pruebas y el miedo de los magistrados a absolver.
El debate por las falsas denuncias volvió al centro de la escena judicial y política. El proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada para endurecer las penas contra quienes acusen falsamente a otra persona obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, pero su avance desató una fuerte reacción de organismos de derechos humanos, especialistas y referentes vinculados a la violencia de género.
La discusión, sin embargo, expone una tensión mucho más profunda: cómo proteger a las víctimas reales sin negar que existen denuncias falsas que pueden destruir vidas y poner en crisis la credibilidad del sistema judicial.
La iniciativa propone modificar el Código Penal para establecer penas de uno a tres años de prisión para quienes formulen denuncias falsas y agravarlas de tres a seis años cuando se trate de acusaciones especialmente sensibles, como violencia de género o abuso sexual. El texto exige, además, que exista dolo comprobado: es decir, que la persona haya denunciado sabiendo que los hechos eran falsos y con intención deliberada de perjudicar al acusado.
La denuncia contra Losada
El avance parlamentario provocó un inmediato rechazo de sectores feministas y organismos internacionales. El ex juez federal Carlos Rozanski, la psicóloga Liliana Hendel y la investigadora Dora Barrancos presentaron una denuncia penal contra Losada ante la Justicia Federal.
La acusan de coacción, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y apología del crimen, al considerar que el proyecto constituye un mecanismo de intimidación destinado a desalentar denuncias de abuso sexual y violencia de género.
Quienes rechazan la iniciativa sostienen que el fenómeno de las falsas denuncias es estadísticamente marginal. Se apoyan en cifras del Observatorio de Violencia de Género, elaboradas sobre más de ocho millones de expedientes, según las cuales las denuncias falsas representan apenas el 0,09% del total de causas.
En la misma línea, la directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Natalia Gherardi, advirtió que una eventual criminalización de las denuncias podría alejar a víctimas reales del sistema judicial por temor a represalias penales si no logran probar los hechos denunciados.
A ese rechazo se sumó además el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, que pidió al Estado argentino retirar el proyecto al considerar que podría desalentar la búsqueda de protección y afectar la credibilidad de las mujeres denunciantes.
“No todas son falsas, pero las falsas existen”
Del otro lado, ex magistrados, psiquiatras forenses y especialistas celebraron el avance del proyecto y cuestionaron lo que describen como una creciente pérdida de imparcialidad judicial en causas sensibles.
El psiquiatra y perito forense Oscar Abudara Bini, con más de 35 años de experiencia, envió un escrito de respaldo a Losada en el que advirtió sobre los efectos devastadores de las denuncias falsas.
Según sostuvo, aunque no constituyan la mayoría de los casos, existen situaciones donde personas inocentes enfrentan daños irreparables. Incluso mencionó episodios de imputados que terminaron suicidándose tras verse atrapados en lo que definió como “falsas denuncias perfectas”.
La misma preocupación expresó en diálogo con Quorum Santiago Banegas, ex juez penal santafesino que renunció a su cargo tras denunciar presiones políticas.
“En todas las causas que involucran cuestiones de género o abuso sexual, los jueces tienen miedo de absolver”, afirmó Banegas. Según explicó, muchos magistrados temen enfrentar juicios políticos, campañas públicas o escraches sociales si dictan absoluciones en expedientes de alto impacto.
Para este sector, el problema no es negar la violencia de género ni desacreditar a las víctimas reales, sino advertir que también existen denuncias instrumentales capaces de destruir reputaciones, vínculos familiares y proyectos de vida.
El caso que encendió las alarmas en Santa Fe
Uno de los antecedentes más sensibles citados por quienes respaldan la iniciativa ocurrió recientemente en Santa Fe. Allí, siete padres de Rosario fueron acusados falsamente de abuso sexual contra sus hijos.
Con el avance de la investigación, todos terminaron sobreseídos o absueltos. Luego, la fiscalía comenzó a investigar a tres psicólogas por asociación ilícita, falso testimonio agravado y corrupción de menores, tras detectar informes periciales con párrafos idénticos y supuestas maniobras para separar a los menores de sus padres.
El caso se convirtió en uno de los principales ejemplos utilizados para sostener que las falsas denuncias, aunque no sean masivas, existen y pueden tener consecuencias devastadoras.
Un debate incómodo para la Justicia
La discusión dejó al descubierto una grieta que atraviesa a la Justicia, la política y el sistema de derechos humanos.
Por un lado, organizaciones feministas y organismos internacionales advierten que avanzar sobre este tipo de figuras penales puede generar un efecto silenciador sobre víctimas reales. Por otro, magistrados y especialistas sostienen que el temor a cuestionar ciertas denuncias terminó generando condenas apoyadas más en presiones sociales que en pruebas contundentes.
En ese contexto, tanto Abudara Bini como Banegas alertaron sobre otro fenómeno silencioso: imputados que, pese a declararse inocentes, aceptan juicios abreviados y reconocen culpas que niegan para evitar el riesgo de enfrentar condenas de hasta 20 años de prisión en debates orales donde sienten que ya llegan condenados.
Con dictamen favorable en el Senado, el proyecto de Losada se encamina ahora hacia el recinto. Allí se abrirá una discusión incómoda y sensible, donde el desafío será encontrar un equilibrio complejo: proteger a las verdaderas víctimas sin ignorar que las falsas denuncias también existen y pueden convertirse en una herramienta devastadora de daño personal y judicial.
