Octavio Luis Aráoz de Lamadrid recibió cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública. También fue condenado Luis Ameghino Escobar, ex integrante de la Oficina de Sorteos de la Cámara de Casación, por adulterar el procedimiento de asignación de causas.
El Tribunal Oral Federal 8 condenó al abogado y ex juez federal Octavio Luis Aráoz de Lamadrid y al ex funcionario judicial Luis Ameghino Escobar por su participación en una trama destinada a entorpecer la investigación del crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, asesinado en octubre de 2010 durante una movilización de trabajadores ferroviarios tercerizados.
Los jueces Nicolás Toselli, Sabrina Namer y Gabriela López Iñiguez encontraron a Aráoz de Lamadrid culpable del delito de “tráfico de influencias agravado” y le impusieron cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Ameghino Escobar, ex integrante de la Oficina de Sorteos de la Cámara de Casación Penal, fue condenado a tres años de ejecución condicional por el mismo delito e igual inhabilitación.
Según sostuvo el fiscal Marcelo Colombo en su alegato, la maniobra tomó forma apenas días después del homicidio: en noviembre de 2010, varios implicados en la causa principal fueron procesados y, a fines de diciembre, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó esos procesamientos y rechazó las excarcelaciones.
En paralelo, comenzaron los contactos entre Aráoz de Lamadrid, el entonces agente de la Secretaría de Inteligencia Juan José Riquelme y el líder de la Unión Ferroviaria José Pedraza -condenado a 15 años de prisión en el juicio por el homicidio- con el objetivo de influir sobre los integrantes de la Sala III de la Cámara de Casación, en particular sobre el juez Eduardo Riggi. Para Colombo, se trató de “un caso que tiene prueba irrefutable y que fue orquestado por tres personas para ejercer influencia en el tribunal penal del país”.
El esquema se habría articulado en tres niveles: Aráoz de Lamadrid como operador central cobró dinero de la Unión Ferroviaria a través de facturas adulteradas por servicios inexistentes; Ameghino Escobar intervino en la manipulación de los sorteos de cámara; y el ex vicepresidente de Belgrano Cargas, Ángel Luis Stafforini, fue señalado como el encargado de los pagos.
Según el fiscal, la manipulación del sorteo aparece “desde las primeras conversaciones que Aráoz de Lamadrid mantuvo con Riquelme” y las distintas acciones –“las manipulaciones, las ofertas de interferencias y las visitas”- formaron parte de “un mismo plan” orientado a “llegar a la Sala III”. Se trata de “un caso que tiene prueba irrefutable y que fue orquestado por tres personas para ejercer influencia en el tribunal penal del país”, destacó.
Aráoz de Lamadrid renunció como juez en 2009, denunciando presiones gubernamentales que no le permitían trabajar con independencia, cuando el Consejo de la Magistratura estaba a punto de echarlo por mal desempeño de sus funciones. En ese momento se desempeñaba como subrogante del Juzgado Federal 9, que había quedado vacante tras la destitución de Juan José Galeano y se presentó a concurso para ocupar como titular ese despacho: sus bajísimas calificaciones no se lo permitieron.
El fiscal Colombo también indicó que “hubo un pacto previo entre las personas implicadas, quienes desarrollaron una serie de acciones escalonadas tendientes a lograr la revocación de los procesamientos y la liberación de los siete imputados por el crimen de Mariano Ferreyra”.
En relación a Stafforini, el tribunal declaró extinguida la acción penal por prescripción y lo absolvió, al igual que a la ex directora suplente de Belgrano Cargas SA, Susana Rita Planas.
Los jueces Namer, Toselli y López Iñíguez también dispusieron el decomiso de los 50.000 dólares secuestrados en la causa.
