La senadora Carolina Losada encabezó una actividad atravesada por testimonios estremecedores de víctimas que denunciaron persecución judicial, impunidad y la falta de sanciones efectivas: una abuela separada de su nieto durante más de una década, una mujer sometida a 17 años de hostigamiento y una denunciante presionada por el propio sistema expusieron las fallas estructurales de la Justicia argentina.
Tigre se convirtió en escenario de un debate tan incómodo como urgente: el impacto de las falsas denuncias en el sistema judicial argentino y las secuelas personales, familiares e institucionales que dejan detrás de cada expediente. La senadora nacional Carolina Losada encabezó un encuentro junto a las concejales Sofía Bravo y Ximena Pereyra para impulsar un proyecto de ley que busca endurecer las penas frente a este delito y abrir una discusión que, según sostuvieron, “la política y la Justicia evitaron durante demasiado tiempo”.
El eje del planteo es claro: cuando una denuncia falsa se utiliza como herramienta de manipulación, persecución o venganza personal, no sólo se destruye la vida de personas inocentes, sino que además se debilita la credibilidad del sistema y se perjudica a quienes verdaderamente necesitan protección estatal.
“La mentira no tiene género, las falsas denuncias afectan a todos y principalmente a las verdaderas víctimas. Necesitamos sancionar con más firmeza las falsas denuncias para evitar que sean utilizadas como mecanismos de persecución, manipulación o destrucción personal”, sostuvo Losada durante la actividad.
La senadora viene impulsando desde hace tiempo una reforma legislativa orientada a agravar las sanciones para quienes recurren deliberadamente a acusaciones falsas. El argumento central es que las penas actuales resultan prácticamente simbólicas frente al daño ocasionado y generan, en los hechos, un incentivo a litigar sin consecuencias reales.
El encuentro reunió testimonios de personas absueltas por la Justicia tras atravesar procesos devastadores. Los relatos dejaron al descubierto un patrón que se repite: causas penales iniciadas sin sustento, vínculos familiares destruidos, años de desgaste judicial y un Estado incapaz de reparar el daño causado incluso cuando se demuestra la falsedad de las acusaciones.
El niño al que le recortaron su historia familiar
Uno de los testimonios más conmovedores fue el de María del Rosario Abduch. Desde hace 12 años lucha por recuperar el vínculo con su nieto luego de haber sido denunciada falsamente por abuso junto a su hijo y su marido.
En apenas siete meses, la Justicia penal determinó la inexistencia del delito y sobreseyó a toda la familia paterna. Sin embargo, lejos de terminar allí, el conflicto escaló. Según relató Rosario, la madre del menor presentó inmediatamente una nueva denuncia para impedir cualquier proceso de revinculación.
Los peritajes psicológicos incorporados al expediente concluyeron que la familia paterna era apta para mantener relación con el niño y señalaron que la denunciante presentaba “indicios fehacientes de fabulación” y una personalidad perturbada que condicionaba sus acusaciones.
Pero aun así, explicó Rosario, la justicia civil terminó cerrando la causa sin permitir la recomposición del vínculo.
“Me quitaron el título de abuela. A mi nieto, una falsa denuncia le recortó su historia familiar”, expresó durante el encuentro, en una intervención cargada de dolor y frustración.
El caso expone una de las críticas más repetidas durante la jornada: la falta de articulación entre fueros y la imposibilidad práctica de revertir las consecuencias sociales y familiares de una acusación aun cuando la Justicia penal demuestra su falsedad.
Diecisiete años de asedio judicial
Otro de los relatos que impactó fue el de Diana Fernández Blanco, quien describió casi dos décadas de hostigamiento judicial por parte de su ex pareja. Todo comenzó cuando inició un reclamo por cuota alimentaria para sus tres hijas. Según contó, la respuesta fue una batería de denuncias destinadas a desgastarla personal y económicamente.
Su ex marido la acusó de golpear a las menores, de impedir el régimen de visitas y hasta promovió intervenciones ante la Defensoría del Niño.
La situación escaló aún más cuando, según relató, el hombre vació su empresa para evitar obligaciones económicas, falsificó firmas y promovió una causa penal por fraude en su contra que derivó en allanamientos tanto en su vivienda como en la de un socio comercial.
Para Diana, el problema excede lo individual y revela una falla estructural del sistema judicial argentino: la posibilidad de utilizar recursos estatales de manera permanente para perseguir a otra persona sin consecuencias concretas.
“El delito por falsa denuncia se supone que vas preso. No, es de dos a tres meses”, cuestionó durante su exposición, marcando la desproporción entre las sanciones previstas y los daños ocasionados.
Cuando el propio sistema alimenta la mentira
Uno de los testimonios más delicados de la jornada fue el de Natalia Fernández, quien denunció haber sido empujada por el propio sistema judicial a sostener una acusación falsa.
Natalia aclaró desde el inicio que sí fue víctima de violencia física por parte de su ex pareja. Sin embargo, relató que cuando acudió a denunciar el hecho en la Comisaría de la Mujer de Necochea, en estado de shock, le hicieron firmar una declaración que no pudo leer completamente.
Tiempo después descubrió que en el acta habían agregado hechos que jamás ocurrieron: un ataque con cuchilla y un abuso sexual.
Según explicó, cuando intentó corregir esa situación en la fiscalía local recibió presiones para mantener la acusación. Psicólogas y abogadas le decían que su agresor “se lo merecía” por haberla golpeado.
“Me decían que si no, iba a ir presa. Y les dije: prefiero ir presa antes de quedar con una mentira encima”, recordó.
El testimonio encendió uno de los debates más sensibles del encuentro: la utilización distorsionada de la perspectiva de género y el riesgo de que determinadas prácticas institucionales terminen debilitando causas legítimas.
Natalia fue contundente: “Estoy de acuerdo con que se lo condene como tiene que ser, pero que no lo condenen por otras cosas y menos por mentiras”.
“No es una cuestión de género”
Durante la jornada, las organizadoras insistieron en separar el debate sobre falsas denuncias de cualquier intento de deslegitimar las denuncias reales de violencia.
La concejal Ximena Pereyra destacó que el encuentro buscó poner sobre la mesa una problemática creciente que muchas veces permanece silenciada.
“La actividad permitió visibilizar una problemática cada vez más presente y reafirmar el compromiso de seguir impulsando iniciativas que promuevan una justicia equilibrada, transparente y con verdadera responsabilidad para todos”, afirmó.
En la misma línea, Sofía Bravo sostuvo que el desafío consiste en abordar el tema sin prejuicios ideológicos ni simplificaciones políticas.
“No estamos frente a una cuestión de género, sino ante la necesidad de fortalecer la verdad, la justicia y defender a las verdaderas víctimas. Las falsas denuncias generan consecuencias irreparables y devastadoras en la vida de las personas, y este es un debate que debe darse con responsabilidad y sin prejuicios en toda la Argentina”, expresó.
El planteo busca instalar una discusión compleja dentro del sistema judicial y político argentino: cómo garantizar protección efectiva para víctimas reales sin habilitar abusos procesales ni mecanismos de persecución amparados en la falta de sanciones.
El costo invisible para la Justicia
Más allá de los dramas personales relatados, el encuentro dejó otro diagnóstico compartido: las falsas denuncias también impactan directamente sobre el funcionamiento de la Justicia.
Cada expediente iniciado sin sustento implica recursos públicos, tiempo judicial, equipos interdisciplinarios y estructuras estatales destinadas a intervenir en causas que terminan siendo inexistentes. Para quienes impulsan la reforma, esto genera además un efecto colateral grave: el colapso de un sistema que luego no logra responder con rapidez ante situaciones reales de violencia o vulnerabilidad.
En ese contexto, el proyecto promovido por Losada busca endurecer las penas previstas para quienes denuncian hechos falsos de manera deliberada y abrir una discusión legislativa sobre las responsabilidades procesales frente al uso malicioso del aparato judicial.
Los testimonios escuchados en Tigre dejaron una frase resonando en el auditorio y funcionando casi como síntesis política del encuentro: hoy, destruirle la vida a un inocente mediante una denuncia falsa sigue siendo, en muchos casos, prácticamente gratuito.
