ACIJ, CELS, Poder Ciudadano, Amnistía Internacional, INECIP y otras entidades advirtieron que la reforma impulsada por el Gobierno elimina controles ciudadanos, debilita los criterios de diversidad y representa un retroceso institucional en los procesos de selección de jueces, fiscales y defensores.
Un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil expresó su rechazo al Decreto 467/2026, mediante el cual el Poder Ejecutivo modificó los mecanismos de designación de jueces, fiscales y defensores, al considerar que la reforma implica un retroceso en materia de participación ciudadana, transparencia e igualdad de género.
A través de un documento conjunto, las entidades sostuvieron que los cambios introducidos a los Decretos 222/03 y 588/03 reducen los controles públicos sobre una de las decisiones institucionales más relevantes del sistema democrático: la selección de quienes ocuparán cargos en el Poder Judicial y en los órganos de persecución y defensa penal.
La principal modificación cuestionada es la eliminación de la instancia que permitía a ciudadanos, organizaciones y entidades presentar observaciones, apoyos o impugnaciones respecto de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo antes del envío de los pliegos al Senado.
Según las organizaciones, ese mecanismo, vigente desde hace más de dos décadas, había fortalecido los estándares de transparencia y rendición de cuentas en los nombramientos de jueces de la Corte Suprema, magistrados de tribunales inferiores, fiscales, defensores públicos, así como del Procurador General y del Defensor General de la Nación.
El debate sobre la participación ciudadana
El Gobierno justificó la reforma en la necesidad de agilizar los procedimientos de designación y evitar demoras. Sin embargo, las entidades firmantes sostuvieron que la participación ciudadana prevista en los decretos originales demandaba menos de dos meses y que ese plazo resulta razonable frente a la trascendencia institucional de los cargos involucrados.
Además, cuestionaron el argumento oficial según el cual el control ciudadano permanece garantizado en la etapa de tratamiento de los pliegos en el Senado.
A su entender, ambas instancias cumplen funciones diferentes. Mientras la participación previa permite aportar información relevante para que el Poder Ejecutivo evalúe la idoneidad de los postulantes e incluso reconsidere una candidatura, la intervención parlamentaria opera en una etapa posterior, cuando la propuesta presidencial ya fue formalizada.
«Los beneficios de la participación son aquí mayores que sus costos de tiempo», señalaron.
Menos diversidad en la Corte
Otro de los aspectos cuestionados del decreto es la eliminación de la obligación de considerar criterios de igualdad de género, diversidad de trayectorias y especialidades al momento de proponer candidatos para integrar la Corte Suprema.
Las organizaciones advirtieron que la medida dificulta la construcción de un tribunal más representativo de la sociedad y desconoce compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de igualdad.
En ese sentido, recordaron que instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), imponen obligaciones concretas para garantizar el acceso igualitario a los cargos públicos y promover la participación de las mujeres en los espacios de decisión.
El antecedente de las candidaturas rechazadas
El pronunciamiento también contextualiza la reforma en los recientes debates sobre la integración de la Corte Suprema.
Las entidades recordaron que, dos años atrás, diversas organizaciones presentaron observaciones críticas respecto de las candidaturas impulsadas por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en el máximo tribunal, cuestionamientos que incluyeron objeciones vinculadas a los perfiles de los postulantes y a la falta de paridad de género en la composición de la Corte.
Posteriormente, el Gobierno avanzó con designaciones por decreto y el Senado terminó rechazando los pliegos, en una decisión sin precedentes para candidatos al máximo tribunal.
Para las organizaciones, la eliminación de los mecanismos de participación ciudadana luego de ese episodio constituye una señal preocupante.
“La respuesta institucional frente a esa experiencia no debería ser reducir los espacios de participación ni abandonar los criterios de diversidad”, advirtieron.
Un reclamo conjunto
El documento concluye que la designación de jueces, fiscales y defensores exige mayores controles públicos y no menos, dado que se trata de funcionarios que tendrán a su cargo decisiones que impactan directamente sobre los derechos de la ciudadanía.
“La participación ciudadana robustece la calidad de las decisiones y la rendición de cuentas, mientras que la diversidad dota de mayor legitimidad al sistema de justicia”, señalaron.
El pronunciamiento fue suscripto por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Amnistía Internacional, Campaña GQUAL, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Democracia en Red, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y Poder Ciudadano.
