En el Día Mundial contra la Trata de Personas, un repaso por los avances de la Justicia argentina revela un sistema más robusto para perseguir este delito. Sin embargo, la irrupción de las redes sociales, las plataformas de mensajería y el cibercrimen obliga a repensar las herramientas de investigación y protección de las víctimas.
Cada 30 de julio, el Día Mundial contra la Trata de Personas funciona como una oportunidad para poner bajo la lupa uno de los delitos más complejos y lucrativos del crimen organizado. En la Argentina, la fecha también invita a evaluar la respuesta del sistema judicial frente a un fenómeno que mutó con el paso del tiempo y que hoy combina explotación sexual y laboral con modalidades cada vez más sofisticadas vinculadas al entorno digital.
La trata de personas es considerada por la Justicia argentina una grave violación a los derechos humanos. No sólo afecta la libertad y la dignidad de las víctimas, sino que constituye un delito de criminalidad organizada que requiere una respuesta coordinada entre la Justicia federal, las provincias, el Ministerio Público Fiscal y organismos especializados.
Un sistema que se fortaleció con el tiempo
La arquitectura jurídica argentina dio un salto decisivo con la sanción de la Ley 26.364 en 2008 y, especialmente, con su reforma de 2012 mediante la Ley 26.842. Esa modificación eliminó el consentimiento de la víctima como elemento relevante para descartar el delito, amplió las conductas punibles y fortaleció las garantías para quienes sufren explotación.
En el plano operativo, uno de los pilares es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), creada por la Procuración General de la Nación en 2013 y actualmente conducida por los fiscales generales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano. Su función es asistir a fiscalías de todo el país, coordinar investigaciones complejas, sistematizar jurisprudencia y administrar, junto al Ministerio de Justicia, la Línea 145 para denuncias anónimas.
Desde su creación, la Línea 145 recibió más de 19.200 denuncias, muchas de las cuales derivaron en investigaciones judiciales iniciadas en menos de 24 horas.
Las cifras que muestran la respuesta judicial
Los números acumulados permiten dimensionar el trabajo desarrollado por la Justicia federal en los últimos años:
- 542 sentencias condenatorias por trata de personas.
- 1.043 personas condenadas.
- 2.560 víctimas asistidas.
- Más de 3.700 investigaciones preliminares iniciadas por PROTEX.
- Más de 19.208 denuncias canalizadas a través de la Línea 145.
El análisis de esas condenas también permite identificar cómo opera el delito.
El 66% de las sentencias corresponde a casos de explotación sexual, mientras que el 33,6% está vinculado con explotación laboral. El porcentaje restante responde a otras modalidades, como la extracción ilegal de órganos.
Respecto de las víctimas, el 79% son mujeres, el 20,5% varones y el 0,5% personas trans, aunque distintos informes especializados advierten que este último grupo continúa ampliamente subregistrado por las barreras de acceso a la Justicia.
Una jurisprudencia que cambió el paradigma
Uno de los principales avances jurisprudenciales fue consolidar el principio según el cual el consentimiento de la víctima carece de valor jurídico cuando existe una situación de explotación.
Los tribunales federales sostienen que la extrema vulnerabilidad, el engaño o la coerción vician cualquier manifestación de voluntad. En consecuencia, quien explota a otra persona no puede invocar un supuesto consentimiento para eximirse de responsabilidad penal.
En paralelo, la Justicia comenzó a profundizar otro aspecto históricamente relegado: la reparación económica.
A partir de la Ley 27.508 y de la jurisprudencia reciente, jueces y fiscales impulsan investigaciones patrimoniales para decomisar bienes de las organizaciones criminales y destinarlos al Fondo Fiduciario de Asistencia a las Víctimas de Trata. Actualmente, cerca del 40% de las condenas incluyen decomisos con fines indemnizatorios y más de 170 víctimas ya recibieron reparaciones económicas.
Otro eje de las investigaciones apunta a la eventual participación o protección brindada por funcionarios públicos.
La estrategia judicial busca desarticular los denominados “anillos de protección” integrados por agentes estatales que facilitan o encubren la actividad de las redes de explotación.
El rol de las provincias
Aunque la competencia sobre el delito de trata es predominantemente federal, la respuesta del sistema judicial requiere de la participación del fuero provincial ordinario. Los fueros locales suelen receptar las denuncias primarias por averiguación de paradero o la comisión de delitos conexos como la facilitación de la prostitución, el grooming, la infracción a reglamentaciones laborales y la violencia de género.
La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y CABA (JUFEJUS) y la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) impulsan actividades de capacitación y estandarización procesal entre las distintas jurisdicciones.
A través del Instituto de Formación Judicial (REFLEJAR) de la JUFEJUS, se dictan programas continuos como el ciclo “Rompiendo cadenas”, destinado a capacitar a magistrados y funcionarios locales en ciberdelincuencia organizada, detección temprana del trabajo ilegal y técnicas de intervención en zonas fronterizas. Asimismo, los acuerdos con el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata han permitido instruir a operadores del derecho provincial en los protocolos de búsqueda de personas elaborados por PROTEX, el análisis del lavado de activos y las modalidades de intervención en casos de grooming vinculado a la captación delictiva.
A nivel regional y provincial, en el marco de las actividades del Día Mundial contra la Trata, se desarrollan acciones institucionales concretas:
- Entre Ríos: El Ministerio de Seguridad y Justicia provincial y el Consejo Provincial contra la Trata celebran en la ciudad de Gualeguay el III Congreso Provincial “La Trata Existe”. La actividad reúne a representantes del Poder Judicial ordinario y federal, fuerzas de seguridad y organismos de asistencia con el propósito de unificar criterios de actuación. Los paneles temáticos abordan la investigación judicial, el tráfico y la trata en pasos fronterizos, la logística de rastrillaje con canes, el uso de indicadores de trabajo ilegal y los mecanismos de acompañamiento e integración de las víctimas, incorporando además el análisis de la captación virtual a través de redes sociales, juegos en línea, Telegram y Snapchat.
- Santa Fe: Mediante la conformación de la Mesa Interinstitucional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y en aplicación de la Ley N° 13.339, las autoridades provinciales y los fiscales federales con asiento en el territorio coordinan acciones enmarcadas en el Plan Nacional. La mesa articula el flujo de información de denuncias entre los centros locales de asistencia y la Línea 145.
- Registro Nacional de la CSJN: Desde la cúspide del Poder Judicial de la Nación, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OM-CSJN) coordina el Registro de Trata de Personas de Argentina, recolectando información de las distintas jurisdicciones provinciales y federales para elaborar diagnósticos e integrar de manera transversal la perspectiva de género en la actuación judicial.
El nuevo escenario: redes sociales, Telegram y estafas digitales
Si algo preocupa hoy a fiscales e investigadores es la velocidad con la que evolucionó el delito.
Las tradicionales formas de captación fueron reemplazadas por estrategias que utilizan redes sociales, plataformas de mensajería como Telegram, videojuegos online, Snapchat y falsas ofertas laborales difundidas por internet.
Además, comenzó a crecer un fenómeno relativamente nuevo: la denominada criminalidad forzada.
Las organizaciones captan personas para obligarlas a participar en grandes esquemas de fraude informático, estafas telefónicas o lavado de activos digitales, conectando directamente la trata de personas con la ciberdelincuencia transnacional.
Frente a este escenario, el Ministerio Público Fiscal argentino participa activamente en la Red de Trata y Tráfico de Personas (REDTRAM), que facilita investigaciones internacionales y el intercambio de evidencia digital entre fiscalías iberoamericanas.
Los desafíos que vienen
El balance institucional muestra un sistema judicial más sólido que hace una década, con mejores herramientas normativas, mayor especialización y una política sostenida de persecución de las organizaciones criminales.
Sin embargo, el propio diagnóstico elaborado por los organismos especializados identifica tres desafíos inmediatos:
- fortalecer las capacidades tecnológicas de fiscalías y juzgados para investigar delitos digitales;
- agilizar la ejecución de los bienes decomisados para que las indemnizaciones lleguen más rápido a las víctimas;
- profundizar la capacitación de los operadores judiciales provinciales para detectar tempranamente indicadores de trata y evitar que las investigaciones se fragmenten.
La transformación del delito demuestra que la lucha contra la trata ya no se libra únicamente en prostíbulos clandestinos, talleres textiles o campos de explotación laboral. Hoy también se desarrolla detrás de una pantalla, en aplicaciones de mensajería, redes sociales y plataformas digitales. El desafío para la Justicia es lograr que sus herramientas evolucionen al mismo ritmo que las organizaciones criminales.
