Marianela Teich, quien alegó en nombre de la Unidad de Información Financiera (UIF) ante el Tribunal Oral Criminal Oral 5, aseguró que “bajo el noble ropaje de la vivienda social” se escondió una defraudación permanente y continuada al Estado nacional de “al menos 206 millones de pesos” que derivó en “obras colapsadas y proyectos reducidos a ruinas”.
Ante los jueces Adrián Grünberg, Adriana Palliotti y Ricardo Basílico, la representante de la UIF Marianela Teich acusó al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, al ex Secretario de Obras Públicas, José López y al ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, de haber utilizado “millones de pesos del dinero público para desviarlos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, una entidad que carecía de antecedentes y aptitudes técnicas para la construcción de viviendas sociales”.
Teich, quien anticipó que adheriría al alegato del fiscal Sergio Velasco por coincidir con sus argumentos y por su rigor técnico, describió los mecanismos de la connivencia de la estructura del Estado con la fundación “Madres de Plaza de Mayo” que derivaron en un desvío de 206 millones de pesos de un total inyectado con miras a la construcción de vivienda social, una defraudación del 23%.
La UIF descartó de plano la existencia de “errores o negligencias”: se trató de un esquema por el que deliberadamente se contrató directamente con la fundación, a la que se le enviaron millones de pesos, evitando el mecanismo de la licitación pública y dejando de lado todos los mecanismos de control previstos en las normas para controlar a los contratistas del Estado.
“Todos fueron fondos del erario nacional”, puntualizó Teich en una clara respuesta a Pablo Schoklender, quien había declarado que había invertido su propio dinero, a lo que se agregaron “rifas, aportes de voluntarios, donaciones de compañeros desde el exterior” para mantener a flote la fundación. “No es verdad y sólo revela la indiferenciación entre los gastos de la fundación y los fondos públicos que debieron emplearse sólo en la construcción”, destacó Teich.
El alegato recordó la masiva emisión de cheques cobrados en efectivo por ventanilla por parte de la fundación “Madres de Plaza de Mayo” por cifras apenas menores a 50 mil pesos, lo mismo que se vio esta semana en la causa “Cuadernos”. ¿Por qué ese monto? Porque en ese momento era el límite más allá del cual se podía ser objeto de una investigación por lavado de dinero. Una sola persona, según Teich, cobró cuatro millones de pesos a través de 85 cheques por un poco menos de 50 mil pesos cada uno.
El dinero iba, según Sergio Schoklender, al pago de los trabajadores, sin embargo se verificaron deudas con ellas mientras se verificó que ese dinero terminaba en cuentas privadas, empresas agrícolas, compañías fantasma, compra de inmuebles, u otros destinos sin relación con la construcción de vivienda pública.
La UIF insistió en que nada de esto hubiera sido posible si hubiera habido licitaciones públicas, que garantizan “diversidad de ofertas, la concurrencia de interesados en participar, la idoneidad del contratista y la transparencia en el control”. Aquí durante años “hubo un pasamanos de fondos públicos a ciegas, sin el menor control”. El ex gobernador misionero Maurice Clos declaró en esta causa que no había ninguna posibilidad de contratar a otra constructora, qu el convenio llegaba desde la Nación supeditado a que actauara la fundación “Madres de Plaza de Mayo”.
Teich repasó las obras que se debieron haber construido en todo el país y el balance es siempre el mismo: pagos totales por obras que, a veces, llegaban al 50% de lo prometido. El caso de Bariloche es paradigmático: de tres barrios que se iban a construir, se terminó sólo uno y fue porque lo levantó la Municipalidad; los otros dos se cobraron por completo pero “la pericia reveló que al término del contrato había cero viviendas habitables en cada uno de ellos y cero inversión en infraestructura, aún cuando los tendidos de gas y electricidad tenían que ser los primeros pasos en las obras”.
“¿Cómo es que se pagaron millones de pesos si las obras no estaban ni terminadas ni, en algunos casos empezadas?”, la respuesta que dio la UIF sonó simple: porque se aceptaron por válidos certificados de obra falsos, mellizos, sin fecha, sin número, sin firma, a futuro (cuando se trata de la verificación de trabajos ya realizados), emitidos en 29 de febrero en un año no bisiesto. Este desorden no fue casual, aseguró la funcionaria: fue acompañado de la ausencia total de multas, advertencias y amonestaciones de cualquier tipo por los incumplimientos.
Más aún: cuando en 2011 se terminaron los acuerdos, no había seguros que cubrieran los faltantes y así el Estado se encontró desnudo frente a las obligaciones que dejó pendiente la fundación, de las que se hizo cargo en un 100%.
La UIF consideró que los hermanos Pablo y Sergio Schoklender utilizaron a la fundación “Madres de Plaza de Mayo” como un escudo reputacional que les permitió, con la connivencia imprescindible de De Vido, López y Fatala, aprovecharse del flujo ininterrumpido de fondos públicos con destino a obras que no se terminaban y que no reunían los estándares mínimos para su concreción.
Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública
La UIF estimó que Julio De Vido, José López y Abel Fatala deben responder en su condición de autores del delito de defraudación por administración fraudulenta agravado por haber sido en perjuicio de la administración pública. Teich consideró que, cada uno dentro de su nivel de responsabilidad, incumplió con sus deberes de asistencia al Poder Ejecutivo en materia de ejecución de obra pública. Todos contribuyeron al desvío de fondos, manipularon la normativa vigente, obviaron controles, no aplicaron sanciones y fueron determinantes a la hora de construir el andamiaje del perjuicio. Pidió para ellos seis años de cárcel e inhabilitación especial.
En cuanto a los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, calificó su papel como el de partícipes necesarios de ese mismo delito y también para ellos solicitó seis años de prisión. Ambos dirigieron los fondos a destinos ajenos al propósito inicial en un claro caso de abuso de la confianza que se había depositado en ellos para la administración y custodia de recursos ajenos.
Para Daniel Nasif, Karina Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin, pidió cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, al considerarlos partícipes secundarios penalmente responsables del mismo delito.
A partir del próximo miércoles comenzarán los alegatos de las defensas, que se extenderán hasta el 26 de este mes. A partir de allí, el Tribunal Oral Criminal Federal 5 ya estará en condiciones de dar a conocer su veredicto.
