Por Mariano Recalde*
El proyecto que el oficialismo presenta como “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada” parte de una trampa. En la Argentina esa garantía ya está expresamente contemplada en la Constitución. Nadie discute que la propiedad privada es inviolable, así como tampoco que no se discute que no existen derechos absolutos.
No se trata de una ley para proteger la casa de una familia o el terreno de un pequeño productor, sino de una iniciativa que desregula y otorga más libertad a intereses extraños y poderosos para hacerse de recursos estratégicos para nuestro país. Bajo un título amable se esconde una idea injusta: que la tierra, el agua, los bosques, las fronteras y el suelo urbano sean disponibles sin ninguna restricción ni regulación, así como que aquellas empresas estratégicas, consideradas ya por el congreso como de utilidad pública, puedan ser privatizadas y sea más costoso recuperarlas por el Estado para ponerlas al servicio del bien común.
La propiedad privada no es un derecho absoluto, ya que convive con otros derechos, tales como: vivienda, ambiente sano, producción, arraigo, planificación pública y soberanía. El peronismo nunca estuvo contra la propiedad. Estuvo, está y estará contra la concentración, la extranjerización y el privilegio de pocos sobre el destino de todos.
Esta es una ley que en realidad modificaba cinco leyes. La ley de expropiaciones, la ley de barrios populares (esta ley finalmente no se modifica), el código civil y comercial de la nación en materia de desalojos, la ley de tierras y la ley del fuego.
Respecto de las expropiaciones, el proyecto vuelve más costosa una herramienta esencial de la constitución como es la expropiación por causa de utilidad pública (para realizar obras, viviendas, escuelas, autopistas, servicios públicos o recuperar recursos estratégicos). En concreto, el Estado tendrá más obstáculos para expropiar bienes destinados a políticas públicas y disponer de infraestructura para vivienda, salud y educación.
En esa dirección, este proyecto agrega a la indemnización por el valor del bien, el pago del lucro cesante. La ley vigente indemniza el valor objetivo del bien y los daños directos e inmediatos, pero excluye las ganancias hipotéticas. Esa regla evita discusiones interminables sobre rentabilidades futuras: el valor objetivo es verificable, en cambio las ganancias esperadas son conjeturales y dependen de variables económicas, comerciales y personales. Admitir ese rubro multiplicaría pericias, reclamos contradictorios y litigios, demorando obras de utilidad pública. La expropiación debe compensar la pérdida patrimonial sufrida, no garantizar negocios futuros ni convertir al Estado en asegurador de rentabilidad privada. Además, prevé un mecanismo de actualización de la indemnización debida hasta el efectivo pago que sextuplica la que le corresponde a un trabajador despedido y que fue motivo de tantas críticas. Se establece IPC más tasa activa del banco nación (hoy 18%), cuando en la LML se estableció IPC más 3% para los trabajadores.
En cuanto a los desalojos, el proyecto avanza con procedimientos exprés en un país atravesado por una crisis habitacional profunda: reducir garantías, acelerar lanzamientos y dejar familias vulnerables sin alternativas lo agrava.
El Estado no puede considerar a la vivienda sólo desde el expediente judicial o la rentabilidad inmobiliaria. Debe mirar también a niños, adultos mayores, personas con discapacidad, inquilinos endeudados y familias de barrios populares que esperan urbanización.
Otro punto grave es la reforma de la Ley de Tierras. No se trata simplemente de comprar o vender campos. Se trata de quién controla el territorio argentino. Las tierras rurales concentran agua dulce, biodiversidad, minerales, alimentos, fronteras, humedales, bosques y corredores estratégicos. Si se eliminan límites y controles, habilitamos la extranjerización de recursos vitales. La Argentina no necesita muchos Lagos Escondidos. Necesita soberanía, acceso público, arraigo y producción nacional.
Lo mismo ocurre con la Ley de Manejo del Fuego. Sus restricciones posteriores a incendios evitan un incentivo perverso: quemar para lotear, sembrar o construir. Flexibilizarlas es premiar la especulación sobre territorios arrasados.
Por eso rechazamos este proyecto: bajo la promesa de proteger la propiedad privada, debilita al Estado, desregula el territorio y deja bienes estratégicos librados a la lógica del mercado, favoreciendo la concentración, la especulación y la entrega.
*Senador Bloque Justicialista
