Por Romina Manguel
El Mundial tuvo su frase de moda: “cooling break”. La regla de la FIFA que estableció dos pausas obligatorias por partido, además del entretiempo, fue una de las novedades de la Copa disputada en Canadá, Estados Unidos y México.
El torneo terminó, pero en los pasillos de Comodoro Py esa refrescante interrupción técnica parece no tener límite de tiempo. La Justicia Federal argentina convirtió las pericias contables en una pausa de hidratación interminable. La democracia y el Poder Judicial diseñaron una estrategia institucional para enfriar los expedientes que incomodan al poder político o al poder permanente.
Desde hace tiempo, las pericias funcionan como una pausa obligatoria en las causas que tienen como protagonistas a hombres y mujeres que se mueven en el centro del poder.
En ese marco, la imagen viralizada al infinito de cajones llenos de dólares expuso una vez más la relación promiscua entre la política y el Poder Judicial. Los datos son de público conocimiento y ocuparon buena parte del prime time televisivo. Se trata de la causa que investiga el patrimonio de Martín Insaurralde y Jesica Cirio. El trámite de ese expediente muestra, quizá, la faceta más cínica de este mecanismo.
El informe técnico sobre el crecimiento de sus bienes sufrió una nueva postergación y su entrega fue fijada para el 17 de julio. Más allá del resultado de esa pericia, el proceso acumula casi tres años de demoras sistemáticas. Mientras el fiscal Sergio Mola aguarda los números finales, el sistema judicial permite que los protagonistas recuperen el aliento en el vestuario de la impunidad.
Perseguir muebles mientras el dinero desaparece
Tarde, mal y por la mitad. Tres palabras que pueden describir el accionar de la Justicia argentina en un sinnúmero de casos resonantes.
El absurdo alcanza niveles cinematográficos en la inspección realizada en el country Las Fincas, en San Vicente. Ahora se intenta determinar si alguien cambió durante los últimos meses el placard del vestidor de Insaurralde, aquel en el que supuestamente se acumulaban fajos de dólares.
La intención es calcular el volumen físico del dinero que apareció en los videos a partir de las dimensiones de unos cajones que hoy están vacíos. La Justicia argentina persigue muebles mientras el dinero fluye por cuentas que nadie logra detectar a tiempo.
Lo que surge del expediente es elocuente; la demora, incomprensible. Por caso, la Unidad de Información Financiera sostiene que Insaurralde aparece casi como un desposeído. Sus hijos figuran como dueños de la casa de fin de semana; su excuñado y su sobrino manejan las empresas familiares; y una flota de autos de lujo aparece a nombre de Cirio, quien, al parecer, sí puede justificar su patrimonio.
El ex Jefe de Gabinete bonaerense ostenta un patrimonio que no resiste el menor análisis: la UIF le detectó 1,5 millones de dólares que no logra justificar y sospecha de 76 viajes al exterior pagados por agencias de turismo.
Pese a todos esos elementos, el juez Luis Armella concedió más plazos a los expertos de la Corte bajo el pretexto de un informe contable que, por momentos, parece una quimera.
Una receta judicial que atravesó gobiernos
El “cooling break” judicial no es una novedad ni fue concebido hace apenas tres años. Es un manual de estilo. Una puerta que se abre hacia una demora difícil de calcular.
Las confesiones de Víctor Manzanares, el histórico contador de los Kirchner, sirven como ilustración. El hombre de confianza del expresidente relató cómo el ex juez Norberto Oyarbide manipuló una pericia clave para cerrar la causa por enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial. En aquella ocasión, el incremento patrimonial había alcanzado el 158 por ciento en apenas un año.
Manzanares reveló que el propio Oyarbide impartió instrucciones precisas sobre la confección del informe de la defensa para garantizar el sobreseimiento exprés. También entonces, el peritaje fue la llave del expediente.
Pero las dilaciones tampoco nacieron durante la primera década de los 2000. El hilo conductor lleva hasta los años noventa, con el menemismo en su apogeo.
En ese contexto, el expediente IBM–Banco Nación ocupa un lugar singular en la historia judicial argentina. No sólo inauguró una nueva etapa en la investigación de la corrupción, sino que también se convirtió en el primer gran laboratorio de una patología que, con los años, se volvería recurrente en Comodoro Py: la administración del tiempo.
La denuncia ingresó en 1994 a partir de las sospechas sobre el pago de sobornos millonarios para adjudicarle a IBM el denominado “Proyecto Centenario”, destinado a informatizar las 525 sucursales del Banco Nación mediante un contrato cercano a los 250 millones de dólares.
La investigación avanzó sobre una trama compleja de sobreprecios, intermediarios, cuentas bancarias en el exterior y sociedades utilizadas para canalizar el pago de coimas.
La complejidad del caso y los recursos disponibles en aquella época sirvieron para justificarlo todo. Entre una gran cantidad de medidas de prueba se solicitaron pericias informáticas para reconstruir el proceso licitatorio, estudios contables para determinar el perjuicio económico y análisis financieros destinados a seguir el recorrido del dinero.
Lo que comenzó como una necesidad técnica terminó convirtiéndose en el centro del proceso.
Durante los años siguientes, la causa cambió de magistrados, atravesó distintas instancias y acumuló miles de fojas. La producción de prueba técnica avanzaba, pero cada nuevo informe abría la puerta a otras medidas, ampliaciones, pedidos de explicaciones y cuestionamientos de las defensas.
La lógica procesal se repetía una y otra vez: cuando una pericia concluía, otra comenzaba. En términos jurídicos no sucedía nada. En términos concretos, lo que pasaba era el tiempo.
Mientras tanto, el expediente continuaba abierto sin una definición de fondo. En diciembre de 2004, una década después de iniciada la investigación, el entonces juez Guillermo Montenegro finalmente elevó la causa a juicio oral. Sin embargo, ni siquiera ese paso logró acelerar los tiempos.
La discusión ya no giraba alrededor de los hechos, sino de los plazos. El centro del debate pasó a ser la extinción de la acción penal por prescripción.
Un año más tarde comenzaron los planteos de prescripción impulsados por varios de los imputados. En 2007, la Corte Suprema rechazó esos recursos y sostuvo que la investigación debía continuar porque el plazo legal todavía no se encontraba agotado, pese a que ya habían transcurrido 13 años desde el inicio del proceso.
Sin embargo, el reloj siguió corriendo.
Está claro que la justicia tardía no es justicia y que el paso del tiempo puede convertirse en un mecanismo funcional a la impunidad. La consideración excede al caso IBM y sirve para analizar muchas de las causas políticamente complejas que atravesaron los tribunales durante los últimos 30 años.
Finalmente, después de 16 años de trámite, la causa IBM–Banco Nación llegó a su fin. Hubo acuerdo y hubo culpables. Nadie cumplió prisión efectiva. El Estado recuperó parte de su dinero.
La tecnología avanza; los expedientes esperan
Con el tiempo, los métodos se perfeccionan. Hoy, el esquema de la pausa técnica se diversifica.
Durante el gobierno de Javier Milei, la lupa judicial quedó puesta, entre otros, sobre el ex jefe de Gabinete y ex vocero Manuel Adorni. En ese marco, el fiscal Gerardo Pollicita requirió una reconstrucción patrimonial que abarca trece años de operaciones con bitcoin.
Los peritos de la DATIP -la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal- estimaron que necesitarían noventa días adicionales para llegar a un número final. Las novedades quedaron postergadas hasta después de la feria judicial.
Otra vez, el informe técnico apareció como la barrera que detiene el avance de una investigación. Y eso sin contar que cada nuevo hallazgo deriva en una nueva demora para calcular el patrimonio. El tiempo judicial corre a una velocidad muy distinta de la capacidad de los sistemas para procesar información.
A eso se suma la posibilidad de que el fiscal requiera nuevos datos, lo que volvería a extender los plazos.
Vacantes y subrogancias que alimentan la demora
La propia estructura de los tribunales parece diseñada para fomentar esta parálisis.
El Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora permanece vacante y la subrogancia de jueces como Ernesto Kreplak o Luis Armella genera baches que, desde luego, benefician a los acusados.
Insaurralde intentó incluso imponer peritos de la Universidad de Buenos Aires, una decisión que podía dilatar la causa durante un año entero.
Cada recusación, cada cambio de experto tasador y cada pedido de informes a los Estados Unidos sobre hoteles de lujo en Miami suma un eslabón a lo que termina convirtiéndose en una cadena interminable de obstáculos para llegar a una sentencia o, incluso, a algo menos pretencioso: un procesamiento.
El “cooling break” judicial no parece una excepción configurada en una causa puntual como resultado de estrategias defensivas brillantes. Más bien todo lo contrario: parece la norma.
Las pericias se transforman en laberintos donde la verdad se pierde entre folios y sellos. Mientras el país siguió los partidos, los récords y las figuras del Mundial, los tribunales federales disputaron un encuentro paralelo en el que el empate por cansancio continúa siendo el resultado predilecto del poder.
Cuando la política también pide la hora
Tres meses pasaron desde que estalló el escándalo Adorni hasta que el Gobierno decidió dejar ir a su jefe de Gabinete. Otros tres meses transcurrieron desde la denuncia hasta el comienzo del Mundial.
Las casualidades no existen, pero que las hay, las hay.
Todos tienen una explicación. En el mundo de las consultoras hablan del piso de imagen del Gobierno, lo describen como el momento indicado para relanzar la gestión y poner en marcha el plan para la reelección de Javier Milei.
Los dirigentes que transitan los puentes invisibles que unen los tribunales con la Casa Rosada hablan de “darle tiempo a la política para que resuelva”. Como queda claro, nadie habla de delitos, responsabilidades o consecuencias legales.
En ese contexto, el Congreso, el otro poder del Estado con facultades para controlar al Ejecutivo, también jugó su partido. Apostó a la pausa, pidió la hora y se abrazó al receso de invierno.
Lo dicho: el “cooling break” es la regla. También en el Congreso.
Y así, la sociedad asistió una vez más al espectáculo ofrecido por el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Pasó el Mundial. Pasaron la feria judicial y el receso invernal del Palacio Legislativo.
La pelota volvió a rodar en la política y en los tribunales. Ahora habrá que saber si los expedientes también vuelven a ponerse en movimiento.
